El conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) que se desencadenó tras la instalación de Navis, un nuevo software informático por parte de la concesionaria, Katoen Natie, y la réplica del sindicato de pasar a trabajar seis horas en lugar de ocho continúa y se profundiza.
Este miércoles, la empresa dio un ultimátum y planteó que si a las 15.00 de esta jornada no se retoma el trabajo, hará la denuncia del convenio colectivo y el cese de los beneficios incluidos en el documento. No obstante, desde el Sindicato Único Portuario (Supra) respondieron que la empresa no negocia de buena fe, ya que no ha presentado la documentación sobre Navis, el cual no está incluido en el convenio anterior y se trata de una “innovación de alto impacto”.
En la misiva, la empresa belga asegura que en los últimos días mantuvo reuniones bipartitas y tripartitas dentro del marco de una cláusula del convenio orientada a la prevención y resolución de conflictos. “Ambas partes asumimos el compromiso de transitar un proceso previo a la toma de medidas, pero esto último no fue cumplido por el sindicato en tanto viene impidiendo el trabajo en la terminal desde hace seis días, con consecuencias negativas”, continuó.
En este sentido, la compañía consideró que el sindicato incumplió múltiples cláusulas que se negociaron en el convenio y adelantó “que ya está en camino de inicio el procedimiento de denuncia del convenio colectivo”. A su vez, lamentó que “el sindicato haya comprometido gravemente los beneficios alcanzados por los intereses políticos de unos pocos” y listó los beneficios que se perderían con la caída del acuerdo, como el régimen de jornales asegurados, algunas partidas, y domingo doble para quienes tuvieran descanso rotativo, entre otros.
La denuncia “iniciará si no se restablece la actividad normalmente en la terminal”, advirtió Katoen Natie. Según el escrito, implica enviar “un telegrama” que, “una vez recibido por el sindicato en el domicilio correspondiente”, automáticamente representa el final de los beneficios. “No podemos permitir que la terminal sea tomada como rehén, bloqueando el comercio de todo el país y provocando pérdidas de jornales para los empleados de TCP, buques para clientes, transportistas, comercio exterior, productores y muchos otros sectores que dependen del funcionamiento normal de la terminal”, finalizó el comunicado.
Ante esto, el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, dijo en una entrevista que mantuvo esta mañana con Radio Carve que “no es un simple cambio informático”, sino que implica “la capacidad de automatizar procesos” y, a la larga, “la empresa va a necesitar menos personal”. Sobre la advertencia de Katoen, dijo que “no es casualidad”, sino que es algo que estaba “premeditado”, ya que existe “un convenio firmado en 2021 y estamos en esta situación faltando 20 días para su vencimiento”, que sería el 27 de octubre, pero con la capacidad de extenderse por seis meses más si no hay un nuevo acuerdo, hasta el 27 de abril.
la diaria se comunicó con Reinaldo, quien dijo que aún no hay reuniones en agenda, más allá de la que mantuvieron esta mañana en la órbita del Ministerio de Trabajo de corte formal para discutir la propuesta que rechazaron. Los trabajadores asistieron a las 13.00 a Torre Ejecutiva para reunirse con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el presidente de la República, Yamandú Orsi, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucia Etcheverry.
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El TCP no negocia de buena fe, según el Supra
Este miércoles, en respuesta al ultimátum de Katoen Natie, firmado por el comité de base TCP-Nelsury y dirigido a Kenny Pauwels, gerente general de Cuenca del Plata, los trabajadores comenzaron planteando que la parte empleadora estaba “en conocimiento” y “sus propios representantes legales estimaron que la aplicación de Navis estaba fuera del ámbito del convenio colectivo”. Según los trabajadores, se trata de “una innovación de alto impacto, por lo que es de rechazo la activación de la cláusula del convenio colectivo invocada ya que no se trata de un tema resuelto en el anterior convenio”.
Al respecto, detallaron que el sindicato “negocia dos cláusulas, una de implantación de tecnologías y otra de control de los trabajadores por los algoritmos”, algo que fue “negociado desde noviembre del año pasado y presentado a ustedes el 17 de setiembre de este año”.
Asimismo, acusan que “a partir de allí se aceleró la puesta en práctica de un programa del que, suponemos, la empresa ha evaluado cuál será el impacto en el trabajo, que controlará qué categorías se perderán, como ya ha ocurrido en Montecon en ocasión de su implantación. No es un programa nuevo, se aplica en varias partes del mundo, en muchas con seis horas de trabajo”.
En ese sentido, aclararon que el comité de base del Supra ha manifestado su rechazo respecto a la apertura de la cláusula de prevención de conflictos presentada por la empresa y advierten que el diálogo se ha dado en “constante hostigamiento al sindicato y a los trabajadores en general”.
Como ejemplo, señalaron que la empresa resolvió, “nuevamente, dirigirse individualmente a los trabajadores, abusando de poseer el correo electrónico, con desconocimiento del sindicato”, y hacer “constantes llamados a los trabajadores a abandonar el colectivo y negociar individualmente y anunciando males mayores”.
“No es un simple cambio de programa lo que se pretende por la empresa, y los trabajadores le hemos solicitado a la empresa que usted representa que no haya despidos, que se capacite a los trabajadores y una compensación para el caso de que se introdujeran tecnologías que requieran el manejo de nuevas terminales con tecnología a aprender. Luego, flexibilizamos este último punto pensando en una compensación por menor exposición al trabajo y, por ende, de reducción de la jornada; luego flexibilizamos este punto planteando una aplicación gradual de la reducción que podría comenzar en un cierto plazo, con el compromiso y fecha de hacerlo gradual, por ejemplo, en un año para los carriers, etcétera. La respuesta de la empresa es no a todo”, continuó.
En esa línea, manifestaron: “No aceptamos la imposición de programas cuyos algoritmos desconocemos y que la empresa, a pesar de haber trabajado tres años, como dice, nunca puso a nuestra disposición”.
Para el sindicato, los planteos de la empresa “son insostenibles y contrarios a los convenios 98 y 87 de la OIT, con limitación total de la libertad sindical” y en detrimento del deber de “negociar en buena fe”, establecido en la ley de negociación colectiva del sector privado (18.566). Los trabajadores señalaron que no recibieron documentación del programa que se pretende aplicar, su impacto, así como tampoco sobre los efectos que traerá a los trabajadores y cómo se va a controlar su accionar, a pesar de que la empresa asegure que “no saldrán perjudicados”.
“La empresa no negocia de buena fe, no aporta números a la negociación. La experiencia a nivel de otros puertos y el nuestro dicta que se pierden puestos de trabajo, que se aumenta más de un 20% y hasta aproximadamente un 30%, y que hay controles que ajustarán los tiempos muertos, en resumen, ganancia, que no se ha de reflejar en lo solicitado por el sindicato”, plantearon.
Por último, llaman a que se presente la documentación sobre el nuevo programa, “con transparencia del algoritmo y que negocie la puesta en marcha del mismo, de buena fe y con números que avalen cómo ha de cambiar la productividad, cuántos puestos de trabajo se han de cancelar o suspender, si dentro del ámbito de la productividad la empresa ha de comunicar cuando modifique el programa o agregue módulos, indicando al sindicato las modificaciones, o si todo será una decisión unilateral de la misma, sin considerar al colectivo de los trabajadores”.
Repercusiones en el sistema político
La titular de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que la cartera está “preocupada y ocupada” puesto que se encuentran “dialogando con Katoen Natie y con el sindicato”, algo que “van a seguir haciendo hasta el último minuto porque el tiempo se está agotando”. El Ministerio de Trabajo ya realizó una propuesta ayer [martes] que no resultó atractiva para ninguna de las partes y trabaja en otra para el día de hoy.
“Involucra también a los exportadores, los importadores, los transportistas de carga, y realmente queremos que las partes puedan constituir un ámbito para discutir los puntos”, aseveró.
“Lo que está sobre la mesa es que las partes constituyan un ámbito para intercambiar”, respondió Etcheverry al ser consultada sobre la posibilidad de decretar la esencialidad para el sector y descartarla. “Eso es lo que queremos agotar, y si efectivamente no lo logramos, apelaremos a la seriedad de la empresa y de los trabajadores tras más de 20 años de relación y de haber transitado otros acuerdos”, complementó.
Respecto al impacto en la imagen exterior de Uruguay para atraer cargas y posicionarse, Etcheverry dijo que “es un diferendo con medidas que toman los trabajadores, pasa en todas partes del mundo y no es algo atípico; lo que tratamos de hacer es resolverlo, como siempre se ha hecho en este país”.
El legislador del Partido Nacional Javier García no lo dejó pasar y vertió en X que la negativa implica “seguir parando el puerto y dejando sin trabajo y comercio al país”, en una medida “irracional y grave”. “El puerto es esencial para nuestro país y hay que defender el interés nacional. ¿Gobiernan los sindicatos?”, se preguntó. Adelantó que recibirán este miércoles al director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, para “evaluar medidas”.
Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, también se manifestó al respecto. Dijo en redes que la situación es “gravísima y muy triste”, porque el puerto representa “el pulmón del país”. “Debe ser el sexto paro en siete meses con obstrucción de ingreso. Este gobierno no ejerce su autoridad y no aplica la normativa vigente. Muy distinto a nuestra gestión”, aseguró.