Trabajadores de 15 organizaciones que conforman la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) hicieron este martes un paro de 9.00 a 13.00, medida que fue acompañada por una concentración frente al edificio de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El paro tuvo como plataforma reivindicativa “la defensa de la industria y la mano de obra nacional, contra el cierre de fábricas, en reclamo del cumplimiento de la Ley del Fondo de Insolvencia Patronal y contra la intransigencia patronal en la negociación colectiva”, según expresó la CSI en la convocatoria.
A la movilización asistieron dirigentes de diversos sindicatos. En medio de banderas, pancartas y bombos, centenares de trabajadores escucharon la oratoria de Luis Echevarría (presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines) y de Danilo Dárdano (presidente de la CSI).
Dárdano expresó que “hay uruguayos pasando hambre, necesidad”, y que “eso no se ha cortado por más que cambió el gobierno”. “Sigue durmiendo gente en la calle, sigue el hacinamiento carcelario, hay problemas de empleo, salarios postergados y sumergidos, y problemas de vivienda, entre otros”, agregó.
En ese sentido, dijo que “hay que revertir la mirada de los poderosos del mundo”. “¿Qué papel han asignado al continente en la división internacional del trabajo? Bien simple: producir materias primas, exportar recursos naturales, es decir, estamos para producir alimentos, granos y muy poca cosa con alto valor agregado. A la inversa: importamos celulares, vehículos, tecnología y, por lo tanto, muchísimo valor agregado”, subrayó Dárdano.
Al respecto, sostuvo que si no se logra revertir esto, “estamos condenados a ser un país bananero”, pero “no lo somos, ni lo vamos a ser”, y afirmó que “la pelea histórica de nuestra clase obrera es revertir esto”.
“Hemos recibido críticas de que el movimiento sindical tranca la rueda, y que colocamos palos. No es así. Lo más importante, incluso para los trabajadores privados, es tener la fábrica abierta. Es mentira, es una falacia y una falta de respeto que algunos nos acusen de querer cerrar fábricas. Nada que ver con la realidad”, sostuvo.
El dirigente llamó a “acumular fuerzas populares, sociales, culturales y sindicales para que, de una vez por todas, formando parte de la gran patria de José Artigas, se pueda revertir esa mirada, ese destino que nos quieren colocar los países poderosos del mundo”.
En otro tramo del discurso, sobre el gobierno, dijo que hay un MTSS “más afín a los trabajadores”, que “escucha más”, pero “hay que decir también que existen algunas patronales intransigentes que no llevan las pautas del Poder Ejecutivo”.
Dárdano destacó que se lograron ámbitos de discusión acerca de la estrategia nacional de desarrollo, y resaltó que se consiguió tener un espacio que discuta una política industrial de nuevo tipo, “pensando en Uruguay 2030-2050”.
Interpretaciones de la ley de insolvencia patronal
Por su parte, Echevarría hizo énfasis en la Ley del Fondo de Insolvencia Patronal y dijo que, “por una resolución del directorio del BPS [Banco de Previsión Social], para nosotros nefasta, durante el gobierno anterior, se interpretó que los trabajadores que eran despedidos después de que se llamaba a concurso en una empresa no tenían acceso y derecho al mismo”.
El dirigente manifestó que “lo que sucede ahora es que la correlación de fuerzas ha cambiado en el directorio, y es justo decirlo y remarcar, desde el día uno, que el integrante del directorio del BPS por parte de los trabajadores, Carlos Clavijo, ha dicho que se estaba interpretando mal la ley y que iba en perjuicio de los y las trabajadoras”. Dijo, a modo de ejemplo, que por el texto de esa ley, trabajadores de la fábrica de pastas La Sin Rival no cobraron sus créditos laborales, cuando ya se cumplieron dos años del cierre. Expresó que “se quedaron sin trabajo y sin dinero. Pero ahora hay una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo [TCA] que da la razón a los trabajadores y exige al BPS que cumpla y que pague”.
“Exhortamos y reclamamos que se cumpla con la ley, porque la están violando. Y que paguen todo lo que les corresponde”, afirmó. “No queremos despidos. No queremos que se siga solventando seguros de paro. Lo que queremos es que no se cierre ni una fábrica más, que se detenga el sangrado de pérdida de puestos de trabajo. Pero ante el hecho consumado de un cierre inevitable, lo que sí queremos es que se garantice a los trabajadores sus derechos y se les pague todo”, concluyó.