“Les informo que mañana iré a una facultad de la Udelar a primera hora de la mañana a cometer una masacre”, afirmaba un correo electrónico enviado pasada la medianoche del miércoles al rectorado de la Universidad de la República, con copia a las casillas institucionales del Partido Nacional y el Frente Amplio. El mensaje fue visto a primeras horas de la mañana por las autoridades universitarias, quienes avisaron al Ministerio del Interior y se dispuso la evacuación de las facultades afectadas, mientras ingresaban los estudiantes a los primeros cursos del día.
En medio de la circulación de información no verificada, cerca de las 9.00 un canal de televisión abierta informó que un hombre habría ingresado armado a uno de los centros de estudios, una versión que se originó por un “teléfono descompuesto” entre estudiantes, periodistas y funcionarios policiales. Desde la Udelar solamente informaron a la Policía sobre el mail recibido, y en conversación con la diaria desde esa institución señalaron que nunca estuvieron al tanto de ese otro hecho. Asimismo, fuentes de Fiscalía confirmaron que ese organismo tampoco manejó esa hipótesis.
Esa misma mañana el rector de la Udelar, Álvaro Mombrú, emitió una resolución en la que suspendía hasta las 13.00 todas las actividades de la institución, a la que asisten diariamente más de 160.000 estudiantes. A esa hora, dijo, informarían nuevas disposiciones conforme se tuviera más información por parte de las autoridades policiales. Para entonces, ya varios se habían percatado de que el mensaje enviado, cuyo autor se identificaba con el “grupo en línea 764”, era idéntico al que había sido remitido a varias instituciones educativas de España a finales de febrero, por lo que se empezó a dudar de su veracidad.
En redes sociales como X, Instagram y Tik Tok, por otro lado, estallaron los posteos irónicos y memes mofándose de la situación. Algunos de los memes y posteos fueron hechos bajo los códigos del humor, pero generaron confusión en personas sin conocimiento de dichos códigos y al descontextualizar las imágenes. En al menos dos posteos se sostenía la versión del ingreso del hombre armado y que este habría sido detenido por la Policía y solicitaba la difusión de la imagen del supuesto atacante. En ambos casos las imágenes correspondían a famosos influencers extranjeros: uno era el mexicano Luisito Comunica y el otro el youtuber español Auron Play. Fue tal la confusión que se generó en redes que el Ministerio del Interior, a través de su servicio Línea Verde, un servicio a cargo del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional contra la desinformación en internet, se vio obligado a informar a la población sobre la falsedad de los posteos.
Pasado el mediodía, el director nacional de la Policía, José Azambuya, se refirió en conferencia de prensa al supuesto ingreso de un hombre armado a la facultad y señaló que “no fue así”. También advirtió sobre “comunicaciones que no son las oficiales del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional” y descartó ”plenamente que haya sucedido un hecho de esa naturaleza”.
Por otra parte, estas amenazas de atentados a las facultades siguieron a una serie de llamadas similares a centros comerciales y liceos de la capital que comenzaron el 23 de marzo y que derivaron en conexiones y conjeturas propias de varios usuarios de redes sociales. Una de ellas fue la viralización de un posteo en X que especuló con la posibilidad de que estos hechos estuvieran relacionados con el caso del adolescente de Lascano que difundió un video en diciembre en el que amenazó con realizar ataques en nombre del Estado Islámico y que fuera detenido en un operativo de Interpol que implicó el traslado del menor en helicóptero de Rocha a Montevideo. Posteriormente, este hecho volvió a generar alarma en febrero luego de que un medio digital español lo difundiera por error.
Esta teoría caló tanto en redes sociales que el posteo alcanzó más de 125 mil visualizaciones en menos de veinticuatro horas. Sin embargo, en la tarde de hoy se identificó a tres personas involucradas en las amenazas a los centros comerciales, producto de una investigación a cargo del fiscal Raúl Iglesias, que derivó en el allanamiento de una casa en Pocitos, donde se detuvo a un hombre de 26 años.