“Como presidente de la Fafeg [Federación de Asociaciones de Favelas del Estado de Guanabara] siempre abogó por medidas de activismo subversivo entre los residentes de las favelas”. Así calificó el Departamento de Orden Político y Social (DOPS) de Guanabara la actuación de Etevaldo Justino en su prontuario. Líder de la favela Esqueleto, en el norte de Río, Etevaldo era presidente de la Fafeg cuando, en diciembre de 1964, intentó organizar un plebiscito para demostrar que los vecinos no querían abandonar el lugar. Etevaldo fue detenido, el plebiscito no se llevó a cabo, los vecinos fueron desalojados por la fuerza y la favela dio paso a la Universidad Estatal de Maracaná de Río de Janeiro (UERJ).

Con base en este y varios otros documentos producidos por las fuerzas represivas de la dictadura militar, la Federación de Asociaciones de Favelas de Río de Janeiro (Faferj), que sucedió a la Fafeg después del fin del estado de Guanabara, en 1975, exige que el Estado brasileño reconozca y repare la persecución sufrida por la entidad durante ese período. Este lunes 6 de noviembre, en el marco de las actividades del Día Nacional de la Favela, celebrado el día 4, la entidad y la Defensoría Pública Federal (DPU) presentaron la solicitud ante la Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.

Creada en 2002, la Comisión de Amnistía ya ha reconocido y reparado más de 50.000 casos de personas cuyos derechos fueron violados por motivos exclusivamente políticos. Vaciada durante el gobierno de Bolsonaro, la entidad fue reconstituida a principios de 2023 y, entre los cambios propuestos, estableció una nueva regla: que asociaciones y colectivos también pueden exigir amnistía.

En la primera solicitud de reparación colectiva a la Comisión de Amnistía redactada por la DPU, la Faferj busca que se reconozca que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los militares no se limitaron a casos individuales y que también se ejerció violencia contra la federación, con base en raza, clase y territorio. En la petición de 28 páginas, firmada por el defensor público de la Unión, Bruno Arruda, la entidad y la DPU adjuntaron varios elementos que consideran que respaldan el pedido, y exigen un conjunto de reparaciones simbólicas, abriendo un nuevo capítulo en la justicia transicional brasileña.

La política de expulsiones forzosas

La DPU recupera un trabajo iniciado con la Comisión de la Verdad del Estado de Río de Janeiro (CEV-Río), que en su informe final, publicado en diciembre de 2015, dedicó un capítulo entero a las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura en las favelas. De acuerdo con CEV-Río, una de las principales formas de violencia fue la política de desalojos forzados, que afectó a más de 140.000 personas entre 1962 y 1973. Para la DPU, ese proceso fue “una situación sistemática de graves violaciones a los derechos humanos”.

El proyecto para erradicar definitivamente las favelas del horizonte de Río de Janeiro comenzó en 1962, cuando el entonces gobernador del estado de Guanabara era Carlos Lacerda. “Durante décadas, entidades vinculadas al capital inmobiliario y de la construcción prepararon estudios para subsidiar el traslado de favelas, destacando siempre que su foco debería estar en la zona sur y en Tijuca”, dice el historiador Marco Pestana.

“Para que este proyecto se convirtiera en política pública”, destaca, “fue necesaria una situación específica, que ocurrió cuando Carlos Lacerda, opositor de João Goulart, asumió el cargo de gobernador de Guanabara”. Según el investigador, el golpe y la dictadura profundizaron y radicalizaron los desalojos, con más agentes públicos y dinero involucrados en esta política.

Autor del libro Desalojos en las favelas en Río de Janeiro: empresarios, Estado y movimiento de favelados, publicado por el Archivo Nacional en 2022, Pestana señala que los impactos de los desalojos en la vida de los residentes fueron diversos. “Significó la desarticulación total de un modo de vida ya organizado, con la ruptura de vínculos sociales y familiares establecidos durante generaciones”. También destaca el aumento de la “carga económica”, ya que las familias tuvieron que pagar cuotas por las propiedades a las que fueron llevadas y gastar más en transporte.

Fue en este contexto que surgió la Fafeg en 1963. “La propuesta era construir una entidad en la que los protagonistas pertenecieran a los propios habitantes de la favela”, explica la historiadora Juliana Oakim, que también colaboró con CEV-Río. “A mediados de 1962, con cambios en la política de las favelas, la Fafeg apareció como un intento de los residentes de organizarse para afrontar lo que estaba por venir”.

Con el fin del gobierno de Lacerda en 1965, los traslados forzosos se interrumpieron momentáneamente. En 1968, el dictador Costa e Silva creó la Coordinación de Vivienda Social del Gran Área Metropolitana de Río (Chisam). Vinculado al Ministerio del Interior, el nuevo organismo reactivó el proyecto. “A partir de 1968, la política de desalojo dejó de ser algo exclusivo del gobierno estatal y pasó a ser una política del propio régimen militar”, explica Oakim, y la Fafeg respondió con su II Congreso y el lema “Urbanización, sí; desalojo, no”.

En enero de 1969 comenzaron los desalojos más emblemáticos de la época, como los de las favelas ubicadas en torno a la laguna Rodrigo de Freitas, zona actualmente con apartamentos valorados en millones de reales. Comunidades como Ilha das Dragas, Catacumba y Praia do Pinto fueron extinguidas, lo que provocó el desplazamiento forzado de miles de personas. Fue en este contexto que se produjo un segundo ataque contra la Fafeg y sus dirigentes.

En febrero de ese año, los líderes de la asociación de vecinos de Ilha das Dragas fueron secuestrados y denunciados como desaparecidos. La Fafeg se movilizó y vinculó los secuestros a la resistencia vecinal, y cuatro de sus líderes fueron detenidos: Vicente Ferreira Mariano, Abdias José dos Santos, José Maria Galdeano y Ary Marques de Oliveira. Además de las detenciones, la violencia estatal comenzó a incluir incendios, como el de la favela Praia do Pinto, el Día de la Madre de 1969, que allanó el camino para el desalojo total de la comunidad.

Control de la federación

Las detenciones de líderes de asociaciones de vecinos y de la Fafeg que se resistieron a los desalojos provocaron una escalada de la represión dictatorial. Los documentos adjuntos a la petición indican que incluso después de los desalojos más grandes, la persecución a la entidad continuó.

En ese momento, los líderes intentaban reactivar la federación aprovechando la apertura política y el surgimiento de movimientos sociales en todo el país. Uno de estos líderes fue Irineu Guimarães, elegido para presidirlo en 1979.

La represión ganó un nuevo objetivo. El Departamento de Policía calificó a Guimarães de “activista rebelado contra el régimen actual”. Al describir por qué era una amenaza, señaló datos como: “periódicamente realiza reuniones en la ‘Comisión de Luz’ y en la Asociación de Vecinos, incitando a la población”.

La Policía registró numerosos movimientos de Guimarães: “El prontuariado estuvo presente en la concentración popular en las escaleras de Alerj, contra el terrorismo de derecha y por el desmantelamiento de los órganos de represión, mencionando el nombre de DOI/CODI”, señala un informe policial. En julio de 1980, Guimarães fue arrestado y respondió a una investigación policial.

En 2012, Guimarães fue declarado amnistiado político por la Comisión de Amnistía. En el acta de votación que aprobó la reparación, el organismo dio fe de que había sido objeto de persecución política. Como él, otros líderes de la Faferj se unieron individualmente a la Comisión de Amnistía y fueron reconocidos como perseguidos políticos: Etevaldo Justino, arrestado en 1964, y Abdias José dos Santos, detenido en 1969, vieron reconocidas sus demandas.

Amnistía colectiva

Ahora, la Faferj, en el año que marca el 60º aniversario de la entidad, busca que se reconozca que la federación fue blanco del régimen. “Es muy importante para nosotros que la historia de la lucha y la resistencia de la Faferj sea cada vez más conocida y contada”, explica Derê Gomes, coordinador de relaciones institucionales de la organización.

“Las favelas no suelen aparecer en las páginas de los libros de texto, en la historiografía más consolidada ni en las memorias oficiales”, destaca Gomes, historiador y encargado de preparar la solicitud a la DPU. “Por lo tanto, es fundamental que una instancia del Estado brasileño pueda declarar oficialmente que la dictadura reprimió sistemáticamente a los habitantes de las favelas y sus iniciativas de autoorganización, como la Faferj”, concluye.

El instituto de amnistía colectiva es una nueva incorporación al reglamento de la Comisión de Amnistía y hasta la fecha no se ha llevado a juicio ninguna solicitud. Eneá de Stutz e Almeida, nombrada a principios de año nueva presidenta del organismo, explica que esta idea ya se discutía antes de 2016, en el caso de territorios indígenas, pero el cambio recién se produjo este año, con la reanudación, de hecho, del funcionamiento de la comisión. “La idea”, explica De Stutz e Almeida, “es demostrar que el Estado autoritario no sólo persiguió a individuos, sino que también eligió como enemigas a determinadas comunidades”. Para ella, estos procesos deberían demostrar “cuán sistematizada estuvo la persecución de la dictadura”.

Los especialistas en el tema de la justicia transicional coinciden con la ampliación de ese alcance de las políticas de reconocimiento y reparación del Estado brasileño. “Hasta ahora, las políticas de reparación en Brasil se limitaban al reconocimiento individual de los daños. Esta dimensión es fundamental, pero no logra abarcar la diversidad de grupos que fueron afectados por violaciones de derechos humanos en ese período”, dice el jurista Paulo Abrão, expresidente de la Comisión de Amnistía. “La violencia que el régimen perpetró en las favelas, en el campo y en las tierras indígenas, por ejemplo, acabó siendo muy poco discutida en el curso de la justicia transicional brasileña”, afirma.

Actualmente, Abrão preside el Consejo Directivo de la Coalición Brasileña por la Memoria, la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Democracia, entidad que participó en la coordinación entre la DPU y la Faferj para llevar adelante el pedido. “La institución de la amnistía colectiva allana el camino para que el Estado brasileño finalmente reconozca y repare estas violaciones”, explica. “El reconocimiento de que el Estado violó sistemáticamente los derechos de los habitantes de las favelas ayuda a consolidar una memoria sobre la dictadura que incluye las dimensiones de raza y clase”, concluye.

A diferencia de los procesos individuales que están tramitando ante la Comisión de Amnistía, las solicitudes de amnistía colectiva no implican ningún tipo de compensación, sino sólo formas simbólicas de reparación. En su solicitud, la Faferj exige “el reconocimiento público de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las comunidades periféricas, representadas en este acto por la persecución política que afectó a la Faferj” y una “disculpa oficial del Estado brasileño a la Faferj y a los residentes de las favelas en Río de Janeiro, por las persecuciones políticas cometidas durante el período dictatorial brasileño”.

El defensor público Bruno Arruda, autor del pedido de reparación colectiva para la Faferj, conoce la importancia de la medida. “Estamos movilizando al Estado para discutir, recordar y reparar la violencia causada a toda una comunidad a través de una política pública orientada a silenciar las demandas sociales”, afirma.

Para ampliar sus actividades, Arruda creó el Observatorio de Memoria, Verdad y Justicia en la DPU. El caso Faferj es el primer trabajo del equipo del observatorio. “Todavía hay mucho espacio para avanzar en la cuestión de la justicia transicional en el Poder Judicial”, destaca, “y el observatorio permite el establecimiento de asociaciones aún más sustanciales y permanentes entre la DPU y la sociedad civil para reforzar la tracción de los debates necesarios para el avance de la justicia transicional brasileña”.

La militarización de la vida cotidiana y la permanencia de la violencia

“Pasé mucho tiempo interrogando a los presos de las favelas [...]. Entonces empezamos a adquirir práctica. Yo tenía experiencia”. Con estas palabras, el mayor de la Policía Militar de Río de Janeiro, Riscala Corbage, contó al Ministerio Público Federal (MPF) cómo trabajó en el Departamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de Defensa del Estado. El extracto, citado en la solicitud de la DPU, está vinculado a un segundo eje constante del artículo: la militarización de la vida cotidiana de los residentes de favelas y periferias en ese período.

Además de la persecución política de los dirigentes de la asociación, la DPU y la Faferj señalan que “la militarización abierta es un legado de la dictadura en la arquitectura institucional de la seguridad pública”. No en vano, además del reconocimiento simbólico, la Faferj pide a la Comisión de Amnistía que recomiende al Estado brasileño, como forma de reparación, que se adopten varias medidas para reducir la letalidad policial en el presente.

Con base en la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) en la ADPF das Favelas, la Faferj señala como prioridades acciones como la implementación de cámaras en los uniformes policiales, la autonomía de los exámenes forenses, el refuerzo del control externo de la actividad policial por parte del Ministerio Público, la regulación del uso de helicópteros en operativos policiales y la priorización de las investigaciones de casos en los que niños, niñas y adolescentes sean víctimas, según lo previsto en la ley estatal Ágatha Félix.

“Mientras el resto de la sociedad celebraba el regreso de la democracia, las favelas seguían viviendo una realidad de violaciones de derechos humanos”, señala Gomes. “Llamar la atención sobre la persecución en las favelas durante la dictadura es una forma de mostrar que, para nosotros, la violencia estatal es la regla, no la excepción. Por tanto, es fundamental conectar el actual genocidio de jóvenes negros y de favelas con lo ocurrido en otros períodos históricos”, argumenta el historiador y actual líder de la Faferj.

El presidente de la Comisión de Amnistía espera que se presenten nuevas solicitudes de este tipo. “Esperamos que los diferentes grupos que fueron perseguidos durante el período presenten estos pedidos y amplíen sus demandas de reparación simbólica”, dice De Stutz e Almeida. “Esto es importante para que el conjunto de la sociedad entienda lo peligroso que es ese coqueteo con el fascismo, con un Estado autoritario y con las posibilidades de un intento de golpe de Estado”, concluye.

Lucas Pedretti y Marcelo Oliveira, de Agência Pública.