Se abre la canilla y el agua comienza a correr. Hay una dimensión política, social y económica detrás de los usos de este recurso. Algunos la usan para beber, otros para llenar piscinas o regar hectáreas y hectáreas de campos. Los abordajes hidrosociales consideran la dimensión material del agua –su cantidad, calidad–, pero también la perspectiva humana. Así lo explicó Natalia Dias, licenciada en Gestión Ambiental y doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de San Pablo, en el conversatorio popular Desde el agua, organizado por la Asamblea por el Agua del Santa Lucía y Laboratorio Popular.
Dias participa en una investigación en el marco del proyecto “Territorios hidrosociales y gobernanza policéntrica: aportes hacia una mejora en la calidad del agua en la cuenca Santa Lucía”, del Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad. “El territorio no es solamente el territorio físico. Se busca contribuir a una comprensión de la diversidad territorial: muchas veces es caracterizada por diferentes límites y escalas, que muchas veces están superpuestas. Se tiene, por ejemplo, el límite de la cuenca, que está superpuesto con los límites departamentales y de áreas protegidas”, apuntó. Además, señaló que en los territorios también hay variedad de actores, propuestas e intereses que muchas veces son opuestos.
La cuenca del río Santa Lucía forma parte de seis departamentos: Montevideo, Canelones, San José, Flores, Florida y Lavalleja. Dentro de esta hay un sistema de humedales que es vital para captar el agua de la lluvia, filtrar y recargar los acuíferos; también regula inundaciones y reduce la acción erosiva. De la cuenca proviene el agua para 60% de la población y actualmente presenta graves problemas de contaminación. Dias manifestó que también se detectaron problemas con la cantidad del agua. El principal uso del suelo dentro de la cuenca es el agropecuario, con la ganadería como principal actividad.
“Los territorios hidrosociales están profundamente relacionados con las escalas socialmente construidas. Diferentes escalas responden a diferentes intereses y están más o menos ajustadas a determinadas estructuras y relaciones de poder. Cambiar la escala implica redefinir las relaciones jerárquicas de poder sobre el agua. Por eso son constantemente revisadas, reconstruidas, principalmente como una estrategia de manutención del statu quo”, explicó. En su investigación se busca reflejar la interacción entre actores de diferentes niveles –local, departamental, nacional y regional– e identificar cómo las escalas interfieren en las relaciones sociales y políticas. “Se busca entender cómo el agua transforma la sociedad y como la sociedad transforma el agua”, indicó.
Agua contaminada: ¿dónde está el origen?
La comisión de cuenca del río Santa Lucía, integrada por actores del gobierno, usuarios del agua y la sociedad civil, no se reúne desde octubre de 2019. La Ley de Política Nacional de Aguas de 2009 le adjudicó a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) la función de promover la gestión sustentable y participativa del agua. Para lograrlo se crearon tres consejos regionales que trabajan en las tres cuencas transfronterizas del país: la del río Uruguay, la de la laguna Merín y la del Río de la Plata y su frente marítimo. La comisión del río Santa Lucía pertenece a este último consejo. La Dinagua debe convocar a reuniones al menos dos veces por año; después de casi dos años de espera, se pautó un encuentro para el 18 de agosto.
Dias compartió durante el conversatorio resultados preliminares de su investigación, basados en 20 entrevistas a integrantes de la sociedad civil, la academia y de instituciones gubernamentales de nivel departamental y nacional. La cifra equivale a alrededor de la mitad de las que tienen pensado realizar, pero aclaró que se pudo identificar posibles tendencias, aunque podrían variar mínimamente.
“Todos los actores identificaron que existía un problema de calidad de agua en la cuenca; sin embargo, no todos están de acuerdo sobre cómo se llegó al problema”, indicó. Los aspectos que más se mencionaron están relacionados a los usos del suelo, que según explicó “son influenciados por la economía, tanto de nivel nacional como internacional y principalmente por el modelo productivo instalado en la cuenca”. También se encontró que actores de instituciones gubernamentales de nivel nacional identificaron que el problema es causado por “fuentes difusas y puntuales”. “Se tiene una visión que busca ampliar la situación, reconocen que hay un impacto de las actividades productivas, pero no lo ven como el único problema”, manifestó la investigadora. El discurso suele ir acompañado de la visión de que “no hay que buscar un culpable”.
¿En manos de quién está?
Guillermo Chalar, integrante de la comisión de cuenca del río Santa Lucía desde 2013 y científico de la sección de Limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, afirmó que los ecosistemas acuáticos y la calidad del agua están “cada vez peor”. Expresó, durante el conversatorio, que la cuenca hidrográfica es un sistema de captación que al infiltrarse en el suelo transporta materiales disueltos y partículas en los cursos de agua. Agregó que “los cursos de agua funcionan como conectores de información de lo que está ocurriendo en el territorio. Podemos utilizarlos como sensores del estado de salud de todo el ecosistema y relacionarlos con el grado de exposición que tienen las personas que habitan en la cuenca a diferentes sustancias”.
Una acción en determinado lugar puede tener un efecto lejano; relató que hay una interrelación entre los procesos que ocurren “aguas arriba y aguas abajo” de la cuenca. “Muchas de las construcciones que realizamos aguas abajo, por ejemplo, la construcción de una represa, van a tener efectos aguas arriba”, manifestó. Uno de los peligros es la migración de peces impedida por este tipo de instalaciones, lo que afecta a los pescadores de la zona y a las aves que se alimentan de ellos.
Señaló que no todas las acciones humanas contaminan, porque los ecosistemas “tienen resiliencia y son capaces de soportar perturbaciones y amortiguarlas” sin que signifique una modificación “sustancial a su biodiversidad o funcionamiento natural”. Pero, en muchos casos, remarcó que “se pretende relativizar los grandes impactos que sí produce la agricultura extensiva, el agronegocio, con uso de fertilización, maquinaria”, o “las grandes industrias que consumen montones de recursos naturales y necesitan grandes cantidades de aguas para diluir efluentes”.
Enfatizó que es necesario un nuevo paradigma para la gobernanza del agua. “En teoría tendríamos que ver a los diferentes sectores sociales, a los empresarios, políticos, alrededor de una mesa hablando de cómo es la mejor forma de gestionar el ambiente, la calidad ambiental; en la práctica no es tan fácil”, comentó.
Resaltó que para entender el territorio hidrosocial es necesario tener en cuenta tres conceptos: el poder hídrico, “quién controla el agua, la distribución, en manos de quién está”; el ciclo hidrosocial, “donde se comprenden los usos sociales que son muchas veces dependientes de toda la trayectoria histórica de la sociedad”; y el territorio físico, que está mediado por relaciones entre el poder y el conflicto. “Hay que visualizar cuáles son los aspectos contradictorios en los usos del agua, para qué se utiliza y con qué fines, quién se va a aprovechar de eso”, dijo Chalar, quien finalizó con una pregunta: “¿Es posible transformar la comisión de cuenca en una cuenca hidrosocial donde se visibilicen los conflictos?”.