“Las grandes compañías tienen acceso al agua mucho más fácil. Esto no es justo, necesitamos el agua para sobrevivir”, decía Óscar Eyraud Adams, defensor ambiental y de su territorio kumiai en Tecate, México. Su madre, Norma Adams, contó su historia en el informe Última línea de defensa: Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra defensores de la tierra y el medio ambiente de Global Witness. Dijo que las lluvias han sido escasas en los últimos años y sus pozos de agua están casi vacíos. “Además, tenemos que pedir permiso a las autoridades para cavar nuevos y raramente nos dan este derecho”, afirmó.
Óscar quería que su pueblo pudiera cosechar, vivir y tener acceso al agua potable, pero fue asesinado a sus 34 años, el 24 de setiembre del año pasado. “Él no se defendió, porque no tenía cómo. Mi obligación era traerlo de vuelta, para que descansara en su casa y junto con su comunidad. Él estaba haciendo su trabajo, no tenían por qué arrebatarle la vida de esa manera. Yo quiero justicia para él, y quiero que sea pronto, antes de que asesinen a alguien más”, expresó Norma.
En 2020 se registraron 227 ataques letales a personas defensoras de la tierra y del medioambiente, lo que equivale a cuatro asesinatos por semana. Global Witness es una ONG internacional que recopila datos sobre este tipo de crímenes desde 2012. Sin embargo, en su informe destacan que la situación en muchos países es difícil de medir y se puede dar un subregistro. “Más allá de los asesinatos, muchas personas defensoras y comunidades también son silenciadas mediante la utilización de tácticas como las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización”, apuntan. Esta clase de violencia es menos denunciada.
Colombia es el país con la mayor cantidad de ataques. 65 defensoras y defensores fueron asesinados el año pasado; la mitad fueron agricultores que trabajan a pequeña escala y un tercio corresponde a líderes indígenas y afrodescendientes. México aumentó 67% los ataques letales respecto de 2019. En 2020 se documentaron 30 ataques letales.
En Nicaragua se registraron 12 asesinatos y en 2019 se habían contabilizado cinco. “Si se consideran los asesinatos per cápita, en 2020 Nicaragua pasó a ser el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y del medioambiente”, sentencia el informe.
Se resalta que de los 24 países que firmaron el Acuerdo de Escazú, que consagra el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental, sólo 12 lo ratificaron a principios de 2021. “Entre los países que se encuentran rezagados se incluyen aquellos con altos niveles de ataques contra las personas defensoras, como Colombia y Brasil”, se explica en el documento. El acuerdo es el primero que consagra la protección de defensores del ambiente.
“Al observar las tendencias a lo largo del tiempo, hemos documentado un aumento consecutivo en el número de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con más de 200 personas defensoras asesinadas en 2019 y 2020, es decir, más del doble de los números que registramos en 2013”, analiza el informe. Sin cambios significativos, señalan que es “probable” que la situación “tienda a empeorar”. Explican que “mientras se acaparen más tierras y se talen más bosques para priorizar las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra personas defensoras se agravarán”.
El sur global amenazado
En el informe se plantea que si bien el colapso climático es global y afecta a todas las regiones, los impactos se hacen sentir “de forma desproporcionada” en los países del sur global. “El norte global ha extraído mayores cantidades de recursos naturales, pero el sur global, con más densidad poblacional, es el que sufre las consecuencias más inmediatas del calentamiento global en todos los frentes”, agrega. En la misma línea, uno de los puntos donde se deja ver la desigualdad es en la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Según el informe, en 2020, de los 227 asesinatos de personas defensoras registrados, 226 ocurrieron en el sur global.
Sostiene que la explotación forestal fue el sector con la “mayor cantidad de asesinatos”. Se contabilizaron 23 casos, en los que se incluyen ataques en Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas. México también experimentó un aumento en los asesinatos relacionados con la tala y deforestación, con un registro de nueve casos el año pasado.
El informe subraya que la agroindustria y la minería estuvieron vinculadas a 17 ataques cada una en 2020. Desde 2015, los dos sectores han sido relacionados con más de 30% de todos los asesinatos contra defensores de la tierra y el ambiente documentados por la ONG. Otros sectores que se han visto implicados en el asesinato de defensores son: agua y represas (20 casos); la sustitución de cultivos ilegales (17 casos); la reforma agraria (12 casos); la caza ilegal (seis casos); carreteras (dos casos); y pesca (un caso). En 112 casos de ataques letales no se pudo confirmar un sector responsable.
Los resultados muestran que se mantuvo una vez más el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas. “A pesar de que apenas representan el 5% de la población rural, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos a integrantes de los pueblos indígenas”, plantea el informe. Detalla que fueron el objetivo de cinco de los siete asesinatos en masa contabilizados en 2020. “En el más impactante, nueve personas indígenas tumandok fueron asesinadas y otras 17 arrestadas durante redadas del ejército y la policía, el 30 de diciembre, en la isla de Panay en Filipinas. Numerosos informes indican que estas comunidades fueron el blanco de los ataques por oponerse al proyecto de una mega represa en el río Jalaur”, se relata.
Más de una de cada diez personas defensoras asesinadas en 2020 eran mujeres. Se apunta a que si bien la cantidad “parece ser menor”, quienes actúan y se manifiestan pueden enfrentar amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual. Expone que las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: “La lucha pública para proteger su tierra, agua y nuestro planeta”, y “la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias”. “En muchas partes del mundo, las mujeres todavía están excluidas de la propiedad de la tierra y [de las] discusiones acerca del uso de los recursos naturales”, indica.
El informe argumenta que las razones estructurales de la violencia contra las personas defensoras reflejan que “los impactos son desiguales”, “las empresas son responsables” y “los gobiernos fallan en la prevención y hasta son parte de la causa”. “En muchos países ricos en recursos naturales y biodiversidad crítica para el clima, las empresas operan con casi total impunidad. Pueblos enteros son arrasados, se arrojan desechos a los ríos y los accionistas obtienen ganancias sin pagar el precio por la búsqueda de un crecimiento económico insostenible”, subraya el informe.
Determinan que la “devastación” se produce para lograr un único objetivo, “la obtención de ganancias absorbidas, casi en su totalidad, por el 1% más rico que hoy duplica en riqueza a 6.900 millones de personas”. Se apunta a que “rara vez” se responsabiliza a estas empresas de las consecuencias de sus actividades comerciales. El informe añade que “cuando esto ocurre, quienes caen suelen ser quienes apretaron el gatillo, sostuvieron las armas o realizaron el pago y no las personas que podrían estar implicadas de otra forma, directa o indirectamente, en el crimen”.
A su vez, insisten en que los gobiernos “pueden cambiar el rumbo de la crisis climática” y proteger los derechos humanos por medio del resguardo de la sociedad civil y la aprobación de leyes para que “las corporaciones rindan cuentas de sus acciones y ganancias”.
Una justicia ambiental efectiva
En el último capítulo del informe se dan recomendaciones para los gobiernos. Una de las principales propuestas busca exigir a las empresas e instituciones financieras radicadas en cada país que realicen la debida diligencia ‒la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato, que generalmente es voluntaria‒ de forma obligatoria. “Deben responsabilizarse por la violencia y otros daños ejercidos contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, en todas sus operaciones globales, lo que incluye a las cadenas de suministro y relaciones comerciales”, enfatiza el informe.
Resaltan que, como mínimo, deberían proporcionar detalles referidos a quién desde los altos mandos es responsable de la supervisión general de la empresa, además de cómo esta se implementará y monitoreará. También deben establecer límites claros para “la suspensión o finalización de contratos con actores proveedores” que “continúan dañando el medioambiente, los derechos humanos y los derechos sobre la tierra”.
Otro de los puntos que se solicitó es garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso a través de investigaciones y enjuiciamiento de todos los actores involucrados por la violencia ejercida contra los defensores. Suman que cualquier decisión de no enjuiciar a los actores debe hacerse pública.
Finalmente se sostiene que los estados deberían adoptar e implementar una postura de tolerancia cero ante represalias y ataques enmarcados en sus operaciones globales, cadenas de suministro, relaciones comerciales y frente a la adquisición ilegal de tierras y violaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado para las comunidades afectadas. Además, se reclama facilitar procesos de reparación efectivos cuando se produzcan daños e impactos adversos en materia ambiental y de derechos humanos.