Este lunes, Panorama informativo de la diaria Radio recibió al presidente de OSE, Pablo Ferreri, quien respondió algunas de las críticas por parte de la oposición respecto de la represa que el gobierno prevé construir en Casupá.
Por un lado, Ferreri dijo que “Arazatí, en su momento, se adjudicó sin tener terminado el estudio de autorización ambiental previa” y, por otro, que se encuentran “corriendo paralelo al proceso de la licitación”, pero aseguró que esto no generará “ninguna obligación para OSE hasta que se adjudique”.
“Lo hemos dicho desde el primer momento, que no vamos a adjudicar hasta tener la autorización ambiental previa. Por lo tanto, son dos procesos que corren en paralelo y convergen en algún punto, pero primero ocurriendo la autorización ambiental previa. Entonces, esa crítica en realidad carece de fundamento real”, respondió.
Asimismo, dijo que haber hecho “primero una cosa y después la otra” hubiese implicado “perder aproximadamente un año” porque “se estaría adjudicando a fines del 2027” y, a la luz de experiencias recientes como la sequía de 2023, quedó claro que “estas obras tienen un cierto grado de urgencia”. Así, consideró que lo mejor era “ir en paralelo” y “ganar tiempo” sin “comprometer una obligación” para “poder dotar al área metropolitana, donde vive el 70% de la población del Uruguay, lo más rápido posible de estas obras”.
Consultado sobre el informe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que definió el proyecto como de “alto riesgo ambiental y social”, Ferreri consideró que “no es información nueva”, sino que las salvaguardas “están desde 2017-2018” porque “todas estas cosas se trabajan con los multilaterales de manera importante desde hace décadas”.
“Cuando se retoma el proyecto en este periodo de gobierno, desde el inicio estaban estas salvaguardas; cuando se aprueba el préstamo en el directorio de CAF, ya estaban las salvaguardas, y catalogarlo como ‘de alto riesgo ambiental’ es lo que ocurre con este tipo de proyectos de este porte”, afirmó, y descartó que sea algo “único” de Casupá, sino que, por ejemplo, la relocalización del asentamiento Kennedy en Maldonado también contó con esa etiqueta.
Una de las salvaguardas que señaló CAF es el reasentamiento de la población que vive en la zona actualmente. Sobre este punto, Ferreri dijo que ese tipo de señalamientos “tiene sentido”, pero en este caso la intensidad de la advertencia es “bastante menor” porque el área, de 3.400 hectáreas, cuenta con 102 padrones que tienen aproximadamente 45 propietarios, pero la mayoría “no vive en la zona”. Asimismo, resaltó que parte de los propietarios tienen grandes extensiones de tierra y la “capacidad económica de reubicarse”.
Desde OSE detectaron propietarios que sí habitan en el sitio y viven de su trabajo en el lugar, por lo que la empresa pública entabló conversaciones para “pagarles lo que corresponde a sus hectáreas” y “colaborar con la realización de alguna vivienda que puede ser de Mevir o de algún otro plan del MVOT en algún terreno que consiga OSE en la zona para que no haya desarraigo”.
El archivo del sumario a Federico Kreimerman
El periodista Ignacio Álvarez informó que OSE archivó el sumario contra el expresidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Federico Kreimerman, por haber encendido una bomba de humo en la sede de la empresa pública durante una manifestación en rechazo al proyecto Neptuno en junio de 2023](https://ladiaria.com.uy/articulo/2025/9/expresidente-de-ffose-llego-a-un-acuerdo-reparatorio-por-el-caso-de-la-bomba-de-humo-lanzada-en-la-sede-del-ente/). Consultado al respecto, Ferreri recordó que lo que había era una “denuncia realizada por el directorio anterior 45 días después de que ocurrió el hecho”, lo que terminó “en la Justicia, en la nada”.
“Tener expedientes abiertos cuando en la Justicia se determinó que no hubo nada –lo estoy diciendo en términos coloquiales, yo no soy abogado (...)–, no tenía ningún sentido. El área jurídica hace un informe donde dice básicamente esto: “Cerrado el caso en la Justicia, donde quedó en la nada, corresponde archivar estos expedientes”, reconstruyó.
Los avances de Aguas Corrientes
El 30 de septiembre, el gobierno colocó la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes que, junto con otras obras, sustituirá al reformulado proyecto Neptuno. Según Ferreri, consideraron que el proyecto Neptuno tenía “aspectos inconvenientes y que debían ser revisados”, lo que dio lugar a un conjunto de obras entre las que también se incluye una planta de tratamiento y disposición final de lodos; la séptima línea de bombeo, y una nueva estación eléctrica también en Aguas Corrientes.
El jerarca indicó que la nueva planta producirá 200.000 metros cúbicos diarios, un tercio más de capacidad total que asegurará la producción necesaria “hacia el 2045”, y también implicará un aumento en lo que respecta a la calidad, puesto que incorporará “un proceso de desinfección del agua bastante más moderno” y no utilizará cloro, sino que lo hará a través de “un proceso de ozonización”, evitando la generación de trihalometanos en periodos de altas temperaturas.
A su vez, las obras se “complementan” con la capacidad de reservar más agua bruta dulce que aportará Casupá. Señaló que la capacidad de reserva actual es de 80 millones de metros cúbicos y, cuando termine la construcción de la represa, pasará a 200 millones, lo que representa “casi un año de consumo” y otorga “una espalda muy superior” para la preparación frente a eventos extremos como la sequía de 2023.
En lo que respecta a los plazos para las obras en Aguas Corrientes, Ferreri aseguró que “ya comenzaron” y que “en 30 meses la planta quedaría operativa”, lo que también aplica para la séptima línea de bombeo. Sobre Casupá, señaló que se encuentran trabajando con el Ministerio de Ambiente para obtener la autorización ambiental previa –que esperan conseguir “entre noviembre y diciembre”– y lanzaron una licitación en la que “quedaron cuatro consorcios que están compitiendo y tienen hasta el 23 de noviembre para presentar las ofertas”, al tiempo que esperan comenzar las obras en “marzo-abril del año que viene”, que insumirán también unos 30 meses de duración.