“Casi todos los defensores ambientales y de la tierra asesinados son del Sur global y, sin embargo, no es el Sur global el que cosecha las supuestas ‘recompensas’ económicas de toda esta violencia”, denuncia Vandana Shiva, física, escritora y activista ecofeminista india, encargada de realizar el prólogo del informe Década de desafíos: Diez años de informar sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, que publicó la organización no gubernamental internacional Global Witness. En el informe alerta que 200 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas en 2021, lo que equivale a “casi cuatro personas por semana”. Shiva invitó a que se lean los nombres de todas las víctimas, porque “es importante imaginarlas como las personas reales que son”. De esta forma, los 200 nombres quedan plasmados en las primeras páginas del documento. “Hay que honrar a los muertos con tu atención, para enojarse en su nombre y luego actuar”, sumó.
Desde 2012, Global Witness lleva adelante el registro y, según constató, el año pasado “más de las tres cuartas partes de los ataques letales registrados tuvieron lugar en América Latina”. Sin embargo, como en cada uno de los informes, también se advierte que los datos representan “la punta del iceberg”, debido a “los conflictos, las restricciones a la libertad de prensa y a la sociedad civil y la falta de un seguimiento independiente de los ataques”. La compleja situación, sumado a “los estrictos criterios de verificación” que tiene la organización no gubernamental, producen que la cifra se trate de una “subestimación”. A su vez, se añade que los “ataques letales continúan ocurriendo en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra los defensores que están siendo atacados por el gobierno, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización”. Estos intentos de silenciarlos son aún más difíciles de difundir.
En este contexto, México fue el país con el mayor número registrado de asesinatos en 2021, donde se contabilizaron 54 vidas arrebatadas. “Más de 40% de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui”, se reporta. La comunidad Yaqui está ubicada en el noroeste de México y la población indígena en el territorio es de aproximadamente 30.000 habitantes. A lo largo de su historia han defendido su territorio de proyectos de extracción de agua, gas, minerales, madera y grupos vinculados con el crimen organizado. Por otra parte, la represión para quienes lideran movimientos en Latinoamérica no cesó. Colombia fue el segundo país con el mayor número registrado de asesinatos (33) y Brasil el tercero (26), lo que implicó un aumento en comparación con la cifra del año pasado.
Otro dato significativo que aporta Global Witness es que “50 de las víctimas asesinadas en 2021 eran pequeños agricultores”, lo que destaca “cómo la implacable mercantilización y privatización de la tierra para la agricultura industrial está poniendo a los pequeños agricultores en un riesgo cada vez mayor a medida que las transacciones de tierras ignoran los derechos de tenencia locales”.
Una de las historias que se relata en el informe es la de Fernando Araújo, trabajador rural e integrante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil. En enero de 2021, fue asesinado en su casa, ubicada en el estado de Pará. “Fernando había sido testigo y sobreviviente de la mayor masacre de trabajadores rurales en Brasil desde 1996, la masacre de Pau D’Arco de 2017, que resultó en la muerte de diez trabajadores rurales a manos de la policía en la hacienda Santa Lúcia. Fue un testigo clave en el caso penal que siguió. Hasta el momento, nadie ha sido acusado o arrestado por el asesinato de Fernando”, se plantea.
Una de las grandes barreras a las que se enfrentó Global Witness fue identificar el sector que generó el ataque; sólo en una cuarta parte de los asesinatos se logró confirmar. La minería estuvo vinculada a un mayor número de asesinatos, al menos, 27 personas, que tuvieron lugar en México, Filipinas, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Pero también se demostró la participación de los sectores agroindustriales, maderero e hidroeléctrico en otros casos.
Este último punto está relacionado con una de las conclusiones a las que llega el informe: “Pocos perpetradores de asesinatos de defensores son llevados ante la justicia debido a que los gobiernos no investigan o procesan adecuadamente a nadie por estos delitos. Muchas autoridades ignoran o impiden activamente las investigaciones de estos asesinatos, lo que puede deberse a la colusión entre intereses corporativos y estatales, una de las causas profundas de la violencia contra los defensores”. Señalan que la impunidad actúa como “una luz verde” para los posibles perpetradores, “quienes ven que es poco probable enfrentar las consecuencias de los ataques contra los activistas”.
Diez años de estudio
Aunque pueda parecer obvio, los asesinatos registrados representan vidas que no vuelven, activistas que ya no están por defender su tierra y el derecho a un ambiente sano. Como lo describe su nombre, el informe, además de presentar los datos de 2021, analiza la década de registros. La cifra es escandalosa: 1.733 defensores y defensoras fueron asesinados en los últimos diez años, lo que equivale a “un defensor asesinado aproximadamente cada dos días”, y 68% se concentró en Latinoamérica. 342 tuvieron lugar en Brasil, 322 en Colombia, 270 en Filipinas, 154 en México, 117 en Honduras, 80 en Guatemala y la lista continúa.
“¿Qué es permitir los ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente?”, se inquiere en el informe. En la respuesta se admite que los factores que impulsan las amenazas y ataques son “complejos y múltiples”, pero que “existen puntos en común que se entrecruzan en los países” donde las cifras son más altas. Uno de ellos es el acceso desigual a la tierra, que definen como una de las principales causas de “las crisis de poder y democracia, la crisis climática y de biodiversidad”. “Gran parte del aumento de la violencia, los asesinatos y la represión contra las personas defensoras está relacionado a tales conflictos y la búsqueda del crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales de la tierra. Esto se ve exacerbado por la desigualdad extrema en la propiedad de la tierra, que también es uno de los principales impulsores de la desigualdad social y económica, particularmente en América Latina”, se indica.
Otro factor es la “reducción del espacio cívico”, ya que “países de todas las regiones del mundo han sido capturados por gobernantes autoritarios en los últimos años”. “Cada vez que los estados y las corporaciones sofocan las voces críticas y reprimen la disidencia política, ya sea en las calles, redes sociales, tribunales, se reduce el espacio cívico necesario para que prospere una sociedad democrática basada en los derechos humanos”, se explica.
Además, se suma la “cultura de impunidad corporativa”. “Las pautas para que las empresas prevengan daños siguen siendo voluntarias en su mayoría, lo que significa que las violaciones de los derechos ambientales y humanos continúan abundando y el precio de contraatacar puede ser fatal”, se enfatiza. Resalta que las cadenas de suministros y valor global de las empresas son “innecesariamente opacas y complejas”. Esto trae como consecuencia una dificultad en que “las comunidad sepan quién es el responsable de los daños”.
Los “conflictos violentos” en las sociedades y la “corrupción” son señalados como otras variables que fomentan el asesinato de los defensores y defensoras.
Acuerdo de Escazú: ¿una oportunidad?
En abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que involucra a países de Latinoamérica y el Caribe. Acceso a la información, a la Justicia y a la participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales son sus postulados. También es el primer acuerdo regional en consagrar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales y requiere que los estados prevengan e investiguen los ataques. La herramienta jurídica fue ratificada solamente por 12 países de la región, entre ellos, Uruguay.
“Al momento de redactar este informe, países clave que son peligrosos para las personas defensoras, como Brasil y Colombia, aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, mientras que otros, como México, que lo han ratificado, aún no lo han implementado de manera efectiva”, se menciona en el informe. Este último punto es importante: México, el país donde se contabilizaron más asesinatos de defensores en 2021, ratificó el Acuerdo de Escazú.
Recomendaciones
Global Witness, en el final de su informe, realiza una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos y empresarios. “Crear un entorno seguro para que los defensores y el espacio cívico prosperen: se deben hacer cumplir las leyes existentes que protegen a los defensores. Donde tales leyes no existan, se deben establecer nuevos marcos”, es la primera que se especifica. “Promover la responsabilidad legal de las empresas” es otro punto, por el que se solicita a los gobiernos “exigir a las empresas e instituciones financieras que lleven a cabo la diligencia debida sobre los derechos humanos y los riesgos ambientales en todas sus operaciones globales (incluidas las cadenas de suministro y las relaciones comerciales), promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas por la violencia y otros daños a los defensores de la tierra y el medio ambiente”.
Por otra parte, se pide a las empresas “implementar estrictamente una política de tolerancia cero con las represalias y ataques a los defensores de la tierra y el medio ambiente, la adquisición ilegal de tierras y las violaciones del derecho libre, previo e informado en todos los niveles de negocios”.
Finalmente, el último pedido está dirigido tanto a los gobernantes como a los empresarios. Es, nada más y nada menos, que implementar un enfoque basado en los derechos humanos para abordar el cambio climático. Buscan “garantizar que los compromisos para implementar el Acuerdo de París se alineen con las obligaciones y estándares internacionales de derechos humanos existentes y promover soluciones justas y equitativas”. Las comunidades indígenas y campesinas tienen un rol fundamental en la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, por esta razón, piden fortalecer sus derechos y participación en la toma de decisiones.