Carolina Neme es abogada especialista en Derecho Ambiental y asesora de organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales en temáticas de gestión y política ambiental. Durante su trayectoria asesoró jurídicamente a la Red de ONG Ambientalistas, Vida Silvestre, Fundación Naturaleza para el Futuro de Argentina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre otras.
“A mí antes me decían que trabajaba en temas de medioambiente porque podía elegir, pero que en realidad había otros problemas más graves. Pero los problemas ambientales son graves”, sostiene. “El tema de los residuos, por ejemplo: ¿dónde están los basureros? Afuera de las ciudades, en los suburbios, en las villas miserias. La gente fuera del sistema está en los basureros hurgando, es un problema social y de salud”, afirma a modo de ejemplo. Pero tiene más. “Las inundaciones ¿a quiénes perjudican? A quienes construyen en lugares inundables; muchas veces se trata de terrenos ocupados porque no tienen recursos para comprar una tierra y van a esos lugares en donde no se puede construir”, planteó Neme.
La abogada conversó con la diaria sobre las diferentes vías que se pueden seguir al momento de realizar una denuncia ambiental, la necesidad de difundir los derechos y deberes vinculados a la temática en las comunidades, y la problemática de la poca cantidad de actores judiciales especializados.
¿Qué vías existen para realizar una denuncia ambiental?
Cada caso es diferente, en principio hay dos vías: la administrativa o la judicial. En la administrativa realizás la denuncia ante el órgano administrativo que es el responsable de controlar ese evento contaminante. Puede haber superposición de responsabilidades y de competencias. Si por la vía administrativa no hay respuesta o considerás que la contaminación es muy grave y hay que hacer algo urgente, vas al Poder Judicial. Es otra vía interesante, pero no se están judicializando porque no hay asistencia jurídica ambiental. No es un caso común, no es como que yo vaya a contratar un abogado porque tuve un accidente de tránsito y me demandaron. Muchas veces no se entiende que quieras proteger bienes de la naturaleza como un río o una comunidad que puede ser contaminada por fumigaciones, por ejemplo. Además, es muy difícil de probar el origen de esa contaminación, la prueba es muy técnica. Por ejemplo, si realmente ese río está contaminado por el efluente de una fábrica o te vino una enfermedad respiratoria porque te fumigaron.
Por otro lado, todo el proceso administrativo puede durar años, se necesita una asistencia letrada que el Estado no brinda, porque no hay abogados especializados en temas ambientales oficiales. El Estado tiene bastantes métodos para brindarte asistencia jurídica gratuita, como la Defensoría de Oficio, Fiscalía, la Facultad de Derecho, que tiene un consultorio; pero en temas ambientales no hay ni abogados, ni fiscales. Es un debe que tenemos.
¿Qué rol juega el contacto con otras disciplinas?
El tema ambiental es interdisciplinario. Es lo interesante, se vuelven a juntar las disciplinas que antes se separaban. Por suerte se está desdibujando a nivel mundial, porque no podemos compartimentar el conocimiento. El tema ambiental nos viene a demostrar que si no trabajamos juntos es complicado. Hay mucha gente que depende de un recurso y tenés que atender a todos. Muchas veces se dice si sos ambientalista vas contra el desarrollo, pero no necesariamente. Lo que pasa es que hay que hacer un uso de los recursos que no los agote.
Cuando yo me recibí no estaba ni siquiera la materia de Derecho Ambiental, después me fui a estudiar a Argentina y Colombia porque acá no estaba la posibilidad. Igual trabajar de esto es muy difícil. En esta materia se ha relegado la parte social, las áreas sociales.
Estuviste muy vinculada a las áreas protegidas durante tu carrera.
Empecé trabajando más que nada con áreas protegidas. El caso de la Quebrada de los Cuervos fue muy interesante: trabajamos en apoyar a pequeños productores rurales que estaban en contra de la forestación. En ese entonces se venía la forestación, que venía desde hace muchos años cada vez más dura, pero en un área protegida era demasiado. Además, se superpone a otros sistemas productivos y otros estilos de vida. En ese caso eran los pequeños productores: si vienen grandes empresas forestales a comprarles sus tierras, es difícil decirles que no, porque les ofrecen muy buen dinero. Pero había pequeños productores que no querían vender sus campos ni irse de ahí. Muchos de ellos vienen de muchas generaciones atrás; si bien sobreviven, mantienen su estilo de vida, no necesitan nada más. Empezamos a denunciar la forestación de empresas ilegales. Las forestadoras tienen estas modalidades: muchas veces van, forestan sin tener autorización ambiental y después piden la autorización. A veces ni piden.
¿Forestan dentro del área protegida?
Sí, en ese momento se estaba negociando, porque primero declarás un área protegida y después haces un Plan de Manejo. El Plan de Manejo de la Quebrada de los Cuervos llevó años de discusión porque había muchos intereses, no sólo forestales, también mineros. Las empresas presionaban sobre ese Plan de Manejo para que no les prohibieran realizar sus explotaciones. Había muchas que ya venían de antes, entonces es muy difícil prohibir algo que ya está autorizado o que ya es un hecho consumado. Por otro lado, algunas forestadoras se fueron cuando declararon el área protegida, otras no y la pelearon. Entonces se empezó a marcar determinadas zonas en los lugares donde era prioritaria la conservación.
En un área protegida no es que no se pueda forestar, no es que no se pueda producir soja transgénica –porque en Laguna de Rocha se produce soja y es un área protegida–, el tema es cómo se negocia ese Plan de Manejo que supuestamente es participativo. Cuando se arma tienen que estar todos los interesados ahí y es un tira y afloje. Lo que se busca es que la producción se reduzca a niveles lo menos impactantes posibles, pero no es que esté prohibido totalmente. Debería, pero depende del Plan de Manejo de cada área protegida, y cada área protegida es un mundo.
En Uruguay 98% de la tierra es privada, y, por lo tanto, prácticamente las áreas protegidas son privadas y no del Estado. Entonces el Estado no puede decidir, se ve un poco encorsetado de tomar decisiones sobre tierras que no son públicas. Si fueran públicas tendría más independencia para poner restricciones o proteger realmente. Comprar esas tierras sería una gran inversión. Por otro lado, otra limitación para proteger y conservar ciertas tierras es que los privados o dueños de las tierras alegan su derecho a la propiedad. Para nosotros el derecho ambiental es de interés general, de interés público, y prima sobre el derecho a la propiedad, pero es una discusión hasta filosófica.
¿Trabajaste en algún caso vinculado a exposición de agroquímicos?
En Islas de Farrapos, en Fray Bentos. Trabajamos con apicultores porque tenían, y tienen hasta el día de hoy, mortandad de abejas por aplicación de agrotóxicos. Estuvimos en un proyecto de la UICN [Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza] y Vida Silvestre. Nosotros hicimos el trabajo desde el lado jurídico, pero había varias partes. En ese proyecto se logró determinar el nexo causal entre la muerte de las abejas y la exposición a agroquímicos. A su vez, con dos abogados más, dábamos talleres informativos a apicultores sobre cuáles eran los procesos administrativos y judiciales para hacer una denuncia. Muchas veces nos decían que hicieron denuncias por vía administrativa, pero no pasó nada. Entonces les preguntamos: ¿dónde hiciste la denuncia?, ¿cómo la hiciste?, ¿le hiciste seguimiento? Muchas veces se quedan ahí porque hay particularidades de cada profesión que las manejan los que están en eso. Son temas complejos, no sólo por lo jurídico, sino también por lo ambiental. Administrativamente muchas veces no pasa nada si no tenés toda una estrategia, porque la jurídica también va con una estrategia de comunicación.
Entonces es muy complicado para las comunidades hacer denuncias.
Es muy difícil. El tema es que no hay sensibilización, es algo que yo tengo en el debe. Se necesita una sensibilización de la población en general sobre sus derechos como ciudadanos. No es sólo un derecho exigir un medioambiente sano, es un deber. Lo dice la Constitución, es un derecho-deber. El tema ambiental ya no es un tema particular, es un problema colectivo. No es sólo un problema de que me contaminás mi campo; trasciende los campos, las fronteras, todo. Ya se escapó al interés particular, pero no hay una conciencia colectiva de la problemática, ni de los derechos, ni de los deberes, ni de cómo podés denunciar y dónde. Hay que empezar con eso: sensibilizar sobre los problemas ambientales y sobre todo lo que podemos hacer como sociedad.
Hace unas semanas la Dirección de Ambiente de Rocha inició una serie de conversatorios para declarar la reserva de biósfera Bañados del Este como sujeto de derecho. ¿Cuál es tu postura? ¿Estamos preparados para dar ese debate?
Todo el tema de los derechos de la naturaleza empezó en Ecuador y en Bolivia, es otra concepción porque lo traen las comunidades indígenas. Es otra cosmovisión que nosotros no tenemos, porque si bien tenemos descendientes indígenas, no tenemos la cultura: no adoramos las montañas, ni consideramos la naturaleza, que para ellos ni siquiera es naturaleza sino Pacha Mama. Tiene otros significados, además, porque no es un recurso, es parte de ellos.
En realidad, para proteger no precisás esa declaración, porque está el artículo 47 de la Constitución que declara a la naturaleza de interés general, eso quiere decir que prima sobre cualquier interés. Yo creo que ahí está la protección, más allá de los formalismos. Me parece que va en actuar, en hacer demandas, en capacitar a jueces y fiscales para que actúen y utilicen las herramientas que tenemos. Si ni siquiera utilizamos las que ya tenemos, ¿para qué vamos a seguir evolucionando en eso, si no empezamos? No me parece prioritario hoy por hoy. Lo prioritario es informar a la gente de sus derechos y cómo hacer una simple denuncia, algo que la gente no sabe; ni lo básico sabemos, y a cualquiera nos puede pasar. En el momento ¿qué escrito hacés?, ¿qué normativa invocás?, ¿sabés los plazos para recurrir? Son muchos elementos que necesitamos. ¿Cómo se hace una denuncia? Depende, por eso es complejo.
¿Una Fiscalía especializada en problemáticas ambientales podría ayudar en estos puntos?
Antes que una Fiscalía especializada, necesitamos abogados especializados, ese es el problema. En la Facultad hay sólo una materia, que es semestral y opcional. No es obligatoria. Hay que ir por propuestas más posibles, que se están haciendo en otros países y que no tienen un alto costo. El tema es político, si realmente lo quieren hacer. No hay abogados especializados que puedan trabajar con las comunidades porque de algo tenés que vivir. Muchas veces en la Quebrada de los Cuervos hacían rifas, ferias al plato, juntaban plata entre ellos para pagarnos a nosotros; ni siquiera los honorarios porque no les daba, pero por lo menos para los traslados, timbres, ir a audiencias.