El pasado 26 de abril, el Poder Ejecutivo promulgó un decreto que introduce una serie de modificaciones a la Ley 9.481 de ecología y protección de “fauna indígena”, y al decreto 164 de 1996 sobre la prohibición de caza de especies zoológicas silvestres. La nueva disposición –que lleva estampadas las firmas del presidente de la República y de los ministros de Ambiente, Turismo y Ganadería, Agricultura y Pesca– autoriza la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por la ley y habilita la práctica de la caza deportiva en todo el país excepto en Montevideo.
Además, establece que los permisos de caza serán “independientes del tipo de arma que utilice el cazador” y que, para obtenerlos, ya no se exigirá la autorización formal del propietario u ocupante del predio donde se realizará la actividad. También reduce de tres a un kilómetro el radio de distancia de centros poblados o escuelas rurales en el caso de caza con escopeta de perdigones.
Por otro lado, el decreto reduce de 15 a diez días la vigencia de los permisos de caza deportiva para las “especies de pluma de fauna silvestre” y dispone que los permisos de caza deportiva de ciervo axis (Axis axis) “tendrán una vigencia de 365 días corridos desde su otorgamiento”.
La nueva norma fue publicada el 3 de mayo. Desde entonces ha generado la reacción de representantes políticos de distintos partidos, así como de organizaciones sociales que advierten sobre los múltiples impactos que podría tener en la protección de los animales y del medioambiente, mientras buscan diferentes vías para revertir la decisión.
El camino no es fácil: en una reunión solicitada por la organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), el presidente Luis Lacalle Pou ya aclaró que no derogará el decreto, aunque dijo que está abierto a introducir cambios. En ese mismo encuentro, el mandatario confirmó que el decreto fue impulsado por un “grupo de empresarios de turismo de caza”.
Por su parte, y ante el rechazo que despertó la medida en la sociedad civil, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, aseguró que dará un plazo de seis meses “para analizar los efectos de este decreto, si es que los tiene”, y dijo que la cartera planteará modificaciones en caso de que surja “evidencia de que esto ha afectado a la preservación o biodiversidad”.
Críticas y estrategias para anularlo
Las organizaciones sociales que se oponen al nuevo decreto consideran que las respuestas que ha dado el Ejecutivo son insuficientes. “Nos parece que esperar seis meses a que sigan matando animales y a que ocurra una desgracia con alguna persona es un disparate. Estas modificaciones se deben hacer ya”, aseguró a la diaria Patricia Durán, integrante de la Plataforma Animalista, que nuclea a 33 organizaciones de protección animal de distintas partes del país.
Coendu, por su parte, entiende que son respuestas “políticas”, según señaló su presidente, Mauricio Álvarez, a la diaria. “Las respuestas que nos dio el presidente, de decir que queda abierto a propuestas concretas y a evaluar algún punto, es una apertura política para tranquilizar todo ese ruido que no le estaba haciendo nada bien a su imagen”, consideró el activista. “Lo mismo con el ministro de Ambiente, que dice que el decreto queda vigente y que van a tomarse un período de seis meses para evaluarlo, cuando en realidad tendría que haber sido al revés: como no tenés información, lo seguís prohibiendo y, mientras, realizás la evaluación para obtener la información”, apuntó.
Entre los representantes políticos que se sumaron al rechazo a la nueva normativa está Carlos María Uriarte, que fue ministro de Ganadería de este gobierno hasta junio de 2021. En Twitter, Uriarte dijo que va a “contramano” del mundo, que “hoy tiende a limitar la caza deportiva”, y aseguró que “es inadmisible considerar una actividad deportiva el matar animales, salvo que sean declarados plagas y por ende exista una razón para hacerlo”. En la misma red social, el senador nacionalista Juan Sartori consideró que los cambios en las reglas de caza tendrían que haber pasado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que él integra, y expresó preocupación por “la ampliación de los espacios y su fomento”.
Por su parte, el intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, recordó que, mientras la norma anterior excluía a este departamento, la nueva lo incorpora, lo cual preocupa por “la cercanía de los grandes centros urbanos con las zonas rurales” que se da en ese territorio.
El diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, dio un paso más y el 12 de mayo presentó ante el Ejecutivo un recurso constitucional para revocar el decreto. Una semana antes, otro recurso de revocación fue presentado por la organización Trato Ético Animal.
Mientras tanto, la Plataforma Animalista busca tender redes con legisladoras y legisladores para concretar un llamado a sala a los ministros que firmaron el decreto, con el objetivo de que “expliquen esta postura y para que los demás actores políticos puedan pronunciarse al respecto”, confirmó Durán.
Por su parte, Coendu “no descarta” trabajar “en una ley mediante la cual este decreto quede sin efecto”, explicó Álvarez, “ya que por suerte hemos visto que, en la coalición, cuando se trata de cuestiones ambientales, hay quienes piensan distinto, y así quedó comprobado con los artículos de áreas protegidas en la LUC [ley de urgente consideración], que no había mayoría parlamentaria para votarlos”. El vocero dijo que, “a medida que pasa el tiempo, se complejiza más cambiar el decreto”, pero aseguró que, “habiendo recursos interpuestos”, la organización va a “tratar de seguir buscando la derogación completa”. Consultado acerca de si estarían dispuestos a trabajar en modificaciones, en un escenario donde la derogación no fuera viable, dijo que podrían “hacer alguna propuesta” y “buscar algún matiz”, pero dejando claro que “buscar un matiz no significa validar lo que queda”.
“Matar animales no es un deporte”
La Plataforma Animalista convocó a una concentración frente a la Torre Ejecutiva el pasado viernes 27 de mayo para manifestar el rechazo a la nueva normativa de caza y coordinó una serie de webinarios con diferentes expertos en el tema, “para hablar más en profundidad sobre el decreto y cómo afecta a los animales”, explicó Durán. También impulsó una campaña de recolección de firmas para demostrar que “hay un apoyo ciudadano”.
La activista dijo que el reclamo de la plataforma es que “torturar y matar animales no es un deporte ni tampoco debe ser considerado como un control de la población”. Calificó de “triste” y “sádico” que, además, “se fomente trayendo personas del extranjero, que muchas veces vienen porque en sus países esta actividad está prohibida”. “En todo lo que tiene que ver con protección animal, Uruguay va hacia atrás en vez de ir hacia adelante”, insistió Durán, y aseguró que apuestan a que el país “se ponga al día con el resto del mundo”.
Por otro lado, la representante aseguró que el hecho de que el decreto haya sido impulsado por la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay y por “empresarios que se dedican al tema de la caza turística”, dejó “clarísimo” que “hay mucho dinero por medio y que, en este caso, eso es lo que vale más”.
Para la vocera, la nueva normativa no atenta sólo contra los animales y el medioambiente, sino que también implica un peligro para la seguridad de las personas. Por ejemplo, al reducir a un kilómetro la distancia de centros poblados, “donde hay niños que van a escuelas rurales, cruzan el campo a caballo o a pie, y van a poder estar disparando a un kilómetro, que no es nada en distancias abiertas”. Al mismo tiempo, recordó que “ha pasado muchas veces que incluso los cazadores se terminan pegando un tiro entre ellos”.
“El impacto se potencia”
Para Coendu, lo más grave del decreto es que “flexibiliza y fomenta la caza”, planteó Álvarez. Esto se da al “liberar la caza nocturna, ampliar la caza al departamento de Canelones, acercarla a centros poblados y escuelas rurales, ampliarla con el cambio en permisos de caza del axis y permitiendo que los cazadores de aves puedan sacar permisos por menos días y pagar proporcionalmente. Ni hablar de la flexibilización a la hora de no exigir las guías del arma ni detalles de dónde se va a cazar por parte del ministerio antes de otorgar un permiso”, puntualizó.
El activista dijo que la caza en Uruguay ya era “una actividad muy difícil de controlar”, tanto en el momento en el que se desarrolla como después. “Entonces, si fomentás una actividad que tiene un impacto enorme en la fauna nativa, el impacto se potencia”, alertó.
Otra preocupación es que la caza sea presentada como una “actividad turística a potenciar”. El presidente de Coendu recordó que, a nivel mundial, “desde hace décadas está creciendo un turismo ecológico y amigable con el medioambiente” y, en contrapartida, “lo que va bajando es la caza, porque son actividades que cada vez tienen un peso social más negativo”. “Uruguay, en vez de apostar a las actividades que crecen, apuesta a las que cada vez son más rechazadas”, criticó.
La explotación sexual, otra cara de la moneda
Un paquete básico de caza turística puede incluir alojamiento, comida, permisos, indumentaria, vehículos de caza, guía con licencia de cazador profesional y hasta servicio de lavandería, además de la cantidad de animales que la persona quiera de “trofeo”. Pero es una actividad esencialmente masculina y se sabe que, en muchos de los países donde se promueve con fines turísticos, el paquete puede incluir también –a pedido del cliente– servicios sexuales. En ocasiones, ese turismo sexual asociado a la caza encubre situaciones de explotación sexual comercial infantil.
Una de las primeras en vincular la explotación sexual con la caza turística en Uruguay fue la socióloga, politóloga y actual diputada María Elena Laurnaga, en un informe que elaboró en 1995 para Unicef. Allí, la experta asegura que los “safaris turísticos” en el interior del país son una de las formas “más explícitas” que adopta el turismo sexual y especifica que “los clientes son grupos de composición exclusivamente masculina, en torno a los que se organizan ofertas de servicios sexuales desempeñados por mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes”.
Hasta la fecha, no ha habido procesamientos por casos de explotación sexual vinculados a la caza en nuestro país. Sin embargo, lo que exponía Laurnaga hace 27 años tiene asidero. “Sí hay relatos sobre, por ejemplo, las partidas de caza en Semana de Turismo, con extranjeros en estancias que piden paquetes donde se incluya la caza y una adolescente acompañando”, afirma Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), en el estudio Explotación y desamparo. Informe sobre la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay, publicado en 2012.
Consultado por la diaria, Purtscher aseguró que el escenario no cambió en la última década, aunque aclaró que la ausencia de denuncias “no quiere decir que [el problema] no exista”. El titular del Conapees dijo que “cuando hay concentraciones de hombres, no importa la actividad, la cercanía al mercado del sexo es permanente”, porque “el acceso al sexo pago como parte de la fiesta es parte del ejercicio de la masculinidad dominante”. Cuando esto además ocurre en el extranjero, “hay también un espacio constituyente de una apariencia de impunidad, porque nadie me conoce, estoy lejos de mis vínculos y de mi rutina”, advirtió.
Acerca del posible impacto que podría tener en esta materia el nuevo decreto, al fomentar la caza como actividad turística, Purtscher opinó que “liberar determinadas prácticas para que sean parte de la oferta turística no es bueno para el turismo ni para la sociedad si están ligadas a prácticas delictivas o que vulneran los derechos humanos de los gurises”. A la vez, resaltó que se trata de situaciones que tienen lugar en el interior, “donde la explotación sexual comercial se invisibiliza”, por lo que exhortó a “multiplicar los cuidados”, especialmente en lugares “donde el Estado o las instituciones de protección estamos flojas en presencia, que es donde más ocurre”.
En la misma línea se expresó la directora de la asociación civil El Paso, Andrea Tuana, quien dijo a la diaria que, pese a que no hay denuncias en Uruguay, “sabemos, también por otros países, que existe el turismo sexual y que está fuertemente vinculado a los hombres que se juntan”. Para Tuana, se trata de un “secreto a voces” que es difícil de detectar y denunciar. “Salvo que alguna víctima pida ayuda, es muy difícil que lo veamos, porque son situaciones que se dan en campamentos, en hoteles, en el campo”, explicó.
La especialista dijo que, “si se va a fomentar la caza turística, se debería trabajar en una campaña fuerte de prevención de la explotación sexual en ese ámbito y una fiscalización importante sobre el tema”.