El temor de comunidades frente a la falta de abastecimiento de agua potable es una realidad instalada en nuestro país desde hace varios años. ¿Por qué sucede esto si tenemos abundancia de agua dulce? Parte de la respuesta está en la degradación de los ecosistemas y de la calidad de esta sustancia fundamental para la vida. Son varias las propuestas que están sobre la mesa gubernamental para intentar abordar la problemática del abastecimiento. El proyecto Neptuno, que pretende instalar una planta potabilizadora en Arazatí y tomar agua del Río de la Plata, es una de ellas; por otra parte, la represa en Casupá aún no ha sido descartada. Sin embargo, cuando hablamos de agua potable, la cantidad y la calidad no deben abordarse como asuntos separados.
Hasta el momento, las autoridades oficialistas se han decidido por impulsar el proyecto Neptuno. Gran parte de su debate público está dirigido a cómo será su financiamiento: si se trata de una privatización del agua potable o no. Pero nuevas voces están comenzando a escucharse para incluir también la perspectiva ambiental. Mariana Meerhoff, Guillermo Goyenola y Franco Teixeira de Mello, tres integrantes del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este (CURE), elaboraron un documento con el objetivo de sumar esta visión y entender cómo se llegó a un punto en el que “quizás se nos está pasando la hora” en materia de protección de los ecosistemas.
Pequeño olvido
El río Santa Lucía provee el agua para potabilizar en Aguas Corrientes y, más tarde, es utilizada por quienes viven en el área metropolitana. Es importante indicar que de su cuenca también se abastecen otras localidades que están ubicadas por fuera de esta zona. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, comentó en varias ocasiones que, aunque se construya el proyecto Neptuno, se continuará utilizando esta fuente. Por esta –y muchas más razones–, debería de importarnos saber cuál es la situación de este recurso hídrico.
En el documento elaborado por los especialistas se recuerda que, según datos publicados por el Observatorio Ambiental Nacional, la presencia de fósforo en el río excede en “decenas de veces los niveles establecidos en la normativa” y resultan “significativamente mayores” que los datos de las demás cuencas que se encarga de monitorear el Ministerio de Ambiente. “Esta es la realidad expresada, no es una previsión que hacemos nosotros a futuro. Esto es lo que tiene que potabilizar OSE”, resalta Goyenola.
Enseguida, Texeira de Mello suma otra cuestión: “Los controles se hacen en los grandes cursos de agua de nuestro país; si detectás un problema allí, es porque el problema ya está en todo y es muy difícil volver atrás. Si recorrés varios lugares del Santa Lucía, no hay un curso de agua pequeño que no esté modificado. Obviamente, hay distintas escalas para dar miradas. Pero esta, que parece pequeña porque son pequeños los sistemas, en realidad es la que domina el territorio, y a nivel nacional no se le da importancia”. Explica que cuando se piensan medidas para prevenir la contaminación también se tiene en cuenta sólo los grandes sistemas hídricos, por lo que cuando se dimensiona el problema ambiental, ya es muy tarde. Vinculado a este punto, en el documento, consideran “imprescindible” tomar a las cuencas como “unidad de gestión”, tal como se establece en el artículo 47 de la Constitución.
Ahora bien, ¿están determinadas las causas de la contaminación del río Santa Lucía? El grupo de científicos es contundente: manifiesta que “las relaciones causales de las problemáticas ambientales están clara y científicamente establecidas”. Entre ellas, se encuentran la “deficiencia de saneamiento y tratamiento de efluentes” y “prácticas imperantes de producción agropecuaria altamente demandante de insumos”. Además, señalan que el cambio climático se encargará de agravar la problemática. “Al interactuar con distintos actores, vemos que el agro les echa la culpa a la falta de saneamiento y a técnicos de OSE, que tienen la responsabilidad del saneamiento, dicen que la fuente de nutrientes es la actividad agropecuaria. Cada uno responsabiliza a otro, cuando todos los actores están generando esa carga descomunal de nutrientes”, apunta Meerhoff.
Acciones “tímidas”
Meerhoff indica que “hay actividades que no son compatibles” en la cuenca del río Santa Lucía. “Es un sistema donde tenemos propiedad privada de la tierra en gran medida. ¿Qué se hace? Uruguay ha ido por el camino del Plan de Acción para la cuenca del río Santa Lucía. Ahora hay una segunda generación de este plan que se pretende profundizar, pero ya van nueve años desde que se aprobó”, comenta. Para la científica, las medidas han sido “muy tímidas”. “Se quiere recuperar zonas buffer, es fundamental. No se pueden instalar feedlots en cierta parte de la cuenca. Está muy bien. Pero ¿qué pasa con las actividades que ya tenemos, con los frigoríficos, con las ciudades que tienen saneamiento insuficiente?”, inquiere.
Por otra parte, menciona que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca exige y controla a los productores sus planes de uso y manejo del suelo, y también que está la Guía de buenas prácticas agrícolas. “Sabemos que gran parte no las están cumpliendo por los propios datos del ministerio, que ha podido fiscalizar, y aunque las cumplieran, son muy insuficientes desde el punto de vista del agua. Hay planes de uso del suelo que pueden ser efectivos para limitar la erosión, que es para lo que fueron pensados, pero claramente no lo son para limitar la emisión de nutrientes y el ingreso al agua de los fertilizantes y otros agroquímicos”, reclama. Desde su punto de vista sería momento de plantear que hay actividades que no se pueden hacer en la cuenca. “Tiene costo económico y político, pero en algún momento hay que tomar esa decisión. Dependemos del agua de esa cuenca”.
Goyenola plantea que se ha optado por “privilegiar” lo productivo sobre lo ambiental, y las consecuencias “están a la vista”. “Nuestros sistemas están sumamente degradados. El boomerang ya fue, volvió y nos golpeó en la frente. Si queremos tener agua disponible con la calidad suficiente, hay que cambiar la dinámica. Hay que generar un compromiso adecuado entre la producción de alimentos, la generación de divisas y la conservación de los ecosistemas. Esto va a tener costos, que hoy en día el sistema productivo externaliza y los asume el resto de la sociedad. Por ejemplo, en la tarifa de OSE”, remarca.
Balneario Arazatí, bajada Voulminot. (archivo, octubre de 2021)
Foto: Agustina Saubaber
No piensa que el futuro deba ser “una simple deriva hacia un destino que es inevitable” y no quiere dejar una idea de que “no se puede hacer nada”. Entiende importante tomar decisiones políticas porque “el suministro de agua potable segura para la población es un bien común”. “Quizás se nos está pasando la hora, estamos perdiendo el tren”, admitió.
En la conversación, Meerhoff complementa con que “no hay reconocimiento de la situación”: “Se sigue hablando de promover la ‘intensificación sostenible’. Es un término que es un oximorón, no es posible. Seguimos manteniendo eslóganes que se utilizan para justificar”. Define que en otros países, como Chile, la situación es “más transparente” y hay zonas que se denominan “de sacrificio”. “Están sacrificando el ambiente y la gente que vive en ese ambiente. Se explicita, no se vende una cosa por otra. Esa zona se la explota, se la transforma, se la destruye en términos ambientales en pos de un beneficio económico. Acá no, oficialmente insistimos en que estamos haciendo las cosas bien. Como se dice tan frecuentemente: ‘dato mata relato’. Los datos son clarísimos, sin embargo, el relato se mantiene”, dice la bióloga. Agrega que ya estamos en el momento de decidir si queremos optar por el camino del sacrificio o un cambio en el modelo de desarrollo.
No resiste más presiones
Los tres científicos entienden que la construcción de más embalses en la cuenca del río Santa Lucía “concentra la dependencia de una única fuente de agua potable” y aumenta “la presión humana sobre la calidad ambiental de la cuenca”. “Más embalses implican más fraccionamiento, más afectación del caudal y el régimen hídrico, mayor pérdida de biodiversidad, mayor riesgo de floraciones tóxicas, más barros de potabilización vertidos al río”, declaran en el documento. A su vez, si se optara por la construcción de embalses, aumentaría “el nivel de riesgo futuro para el suministro de agua potable”.
“Si se llega a la conclusión de que se necesita más agua y se toman decisiones que involucren procesar más agua del Santa Lucía construyendo más embalses, va a generar más lodos y el impacto ambiental será más grande. Además, la construcción de embalses genera un impacto en la estructura y el funcionamiento del sistema”, explica Goyenola. Y suma un punto importante: el proceso de potabilización no es gratuito en términos ambientales. El especialista manifiesta que, en un día, la planta de Aguas Corrientes vierte 1.000 metros cúbicos de lodos contaminados en el río y demanda una “pronta y definitiva atención por parte del Estado”. A su vez, en un año, la planta extrae 225 millones de metros cúbicos de agua, factor que no se suele tener en cuenta cuando se analizan los impactos en los ecosistemas. Por todas las razones enumeradas, considera que el río Santa Lucía “no tiene la suficiente espalda para resistir” más presiones.
El proceso no puede darse bajo la lógica de uso y abandono
Goyenola, Teixeira de Mello y Meerhoff consideran que es necesario tener fuentes alternativas de agua para potabilizar y, por su volumen, el Río de la Plata y el Océano Atlántico son “las fuentes de agua potable alternativas menos vulnerables al impacto de la extracción”. Sin embargo, alertan que “el potencial abandono de las fuentes de agua dulce actuales y su eventual sustitución por tomas de agua en el Río de la Plata y Océano Atlántico” pueden “promover la idea de que no es necesario o ya no es prioritario impedir un mayor deterioro e invertir en recuperar la calidad de nuestro ambiente”. Advierten que la “lógica de uso y abandono” de recursos hídricos ya tiene “larga historia en el país”.
“Si con los problemas que tenemos, a duras penas hemos logrado generar planes que cuesta muchísimo implementar, si se instala la idea de que ya no dependemos de la cuenca, creo que es la vía libre para el deterioro absoluto. No va a haber ninguna presión para que haya control sobre la aplicación de pesticidas, la generación de contaminantes. Ni para los actores estatales ni para los privados”, dice Meerhoff. Además, suma que los problemas ambientales del Río de la Plata deben estar en la discusión.
“La tendencia al deterioro la estamos viendo en todos los países. Sobre esto el cambio climático opera también: las floraciones costeras van a ser más recurrentes y más tóxicas. Todo eso va a pasar en el Río de la Plata. No es una fuente de agua libre de problemas. El problema que te quita es el de la disponibilidad, pero no el de calidad”, argumenta. También recuerda que el gobierno argentino busca implementar el Sistema Riachuelo, una obra que llevará los desagües cloacales del área metropolitana de Buenos Aires al Río de la Plata.
En el documento aseguran que es “imprescindible lograr promover y aplicar medidas para detener el deterioro, y recuperar definitivamente la calidad ambiental perdida”. Para lograr el objetivo, plantean que el rol del Estado es “indiscutible” y que las estrategias aplicadas deben ser “repensadas y profundizadas”.
“No tomar medidas dirigidas a la mejora ambiental provocará un aumento inexorable en el costo económico de potabilización. No tomar medidas dirigidas a la mejora del estado ambiental de las cuencas o fuentes de agua degradadas, así como aplicar medidas que no sean suficientes para lograr estos objetivos, sólo exacerbará la problemática ambiental. Esta lógica es, por definición, un modelo de desarrollo no sustentable e involucra incremento sostenido de costos y pérdida de alternativas para el suministro. De cómo seamos capaces de gestionar nuestros ecosistemas y recursos naturales estratégicos dependerá nuestro futuro”, finaliza el documento.