El Decreto 294/004 marcó las bases para el etiquetado de los agroquímicos formulados. Allí se establece que “toda persona física o jurídica” que los utilice es “responsable de emplearlos únicamente para los usos autorizados y de acuerdo con las especificaciones contenidas en las etiquetas, adoptando las medidas de seguridad en ellas indicadas”. En una notificación que envió la Dirección de Servicios Agrícolas (DGSA) al vivero Santana, propiedad de la empresa finlandesa UPM, a la que pudo acceder la diaria, se constató que “de los 19 productos de carácter fitosanitario que declaran como utilizados”, “solamente 2 de ellos están autorizados” para el uso en viveros.
“El resto de los productos no están autorizados para el uso que se les da en el vivero UPM-Santana, incurriendo por tanto la empresa en un desvío de uso de los mismos, incumpliendo con la normativa vigente”, se agrega en la misiva. Si bien en el documento no se hace referencia a las acciones que tomará el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en la normativa sí se destaca que “las infracciones o el incumplimiento de las disposiciones” deberán ser “sancionadas de conformidad con lo dispuesto” en el artículo 285 de la Ley 16.736.
Además, en la notificación se sugiere a UPM, y “al sector forestal en su conjunto”, que “ante la falta de algunos insumos específicos registrados para el uso en el sector, se realice la gestión necesaria ante empresas registrantes de fitosanitarios en el país, para poder contar con los fitosanitarios autorizados por el MGAP que cumplan con las especificaciones de uso requeridas y que den las garantías necesarias en cuanto a la protección de la salud de la población, el ambiente y el cultivo”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide los agroquímicos en varias clases: “Ia” corresponde a plaguicidas “sumamente peligrosos”, “Ib” a “muy peligrosos”, “II” a “moderadamente peligrosos”, “III” a “poco peligrosos” y “U” a “poco probable que presenten un peligro agudo”. Cuatro de los 17 agroquímicos que la empresa utilizó sin contar con autorización pertenecen a la clasificación toxicológica II de la OMS, según se observa en la notificación.
¿Por qué UPM envió a las autoridades la lista de los productos que utilizó? El vivero Santana se encuentra en Paysandú, a pocos kilómetros de Guichón. En noviembre del año pasado, la DGSA tomó tres muestras de agua superficial en cursos de la zona aledaña. El monitoreo se realizó junto a integrantes del Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, en el marco de un proyecto interdisciplinario que llevó adelante la Universidad de la República. Desde 2014, los vecinos y vecinas denuncian que el establecimiento arroja sus vertidos a una cañada afluente del arroyo Santana. Durante el recorrido, los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca constataron la situación y se solicitó un análisis multirresiduos de agroquímicos de las muestras.
En las muestras se comprobó la presencia de varios principios activos. En la cañada afluente del arroyo se detectó la presencia de tebuconazol, azoxystrobin (ambos fungicidas), imidacloprid (insecticida) y glifosato junto a su metabolito ampa (herbicida). Por otra parte, en el desagüe del vivero había metolaclor, glifosato (ambos herbicidas) e imidacloprid (insecticida).
A raíz de los resultados, el Ministerio de Ambiente emitió una resolución en mayo en la que advirtió a UPM que “se encuentra pasible de sanción” por incumplir el Código de Aguas. Asimismo, la cartera le solicitó que envíe documentación, incluido el “listado completo de principios activos utilizados en el vivero durante los años 2021 y 2022, así como las cantidades aplicadas por fecha”. En este contexto, la DGSA elevó el informe al que pudo acceder la diaria.