“Desde 2014 nuestra organización viene señalando y denunciando públicamente y a distintos organismos del Estado la preocupación por los vertidos que arroja UPM desde el vivero Santana al arroyo del mismo nombre. Muchas veces se nos dijo que lo que denunciamos no tiene sustento técnico y desde la empresa se sale a desmentir lo que desde la sociedad civil señalamos. Hoy podemos asegurar que UPM contamina el arroyo Santana, nos apoyamos en los resultados de los análisis de muestras de agua que se tomaron en el lugar donde UPM vierte los efluentes del vivero”, señala un comunicado del colectivo Guichón por los Bienes Naturales al que accedió la diaria.

Vecinos y vecinas de la localidad de Paysandú denunciaron en noviembre episodios de mortandad de fauna acuática en el arroyo Santana y una de sus cañadas; también, que el recurso hídrico presentaba una tonalidad rojiza. “Ya no se ve nada. Las tortugas salen para afuera muertas, están los caparazones, lobitos de río ya no encontrás”, comentaban. Cerca del lugar se encuentra un vivero propiedad de la empresa finlandesa UPM. Integrantes de la comunidad informaron que el recinto tenía desagües por los que arrojaban efluentes al cuerpo de agua.

Por otra parte, la empresa en aquel momento comentó a la diaria que “si bien se toma agua del arroyo Santana, esa agua va hacia un tajamar que no se comunica con el arroyo”. En aquella oportunidad también se dijo que “el suelo debajo del vivero está cubierto con una malla y drenes —un caño perforado—. Nosotros regamos, se moja la tierra de las plantas, el exceso cae al piso del vivero que tiene la malla y los caños. Todo el exceso del sistema productivo es recolectado a través de los caños”. Agregaban que “el agua de exceso de riego, que puede contener fertilizantes o algo así”, es “recuperada, se filtra, se desinfecta y se vuelve a utilizar”.

El 10 de noviembre, técnicos de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), junto con integrantes de la comunidad, recolectaron tres muestras de agua superficial en cursos de la zona aledaña a Guichón: “en arroyo Guayabos ramal de Termas de Almirón”, “en arroyo Juncal” y “en cañada afluente del arroyo Santana”. Cinco días después, se entregaron las muestras al Laboratorio de Residuos de Plaguicidas de la DGSA y se solicitó un “análisis multirresiduos de plaguicidas de uso agrícola''. Como se había constatado la presencia de una coloración rojiza en la cañada afluente del arroyo Santana, también se analizó la presencia de metales pesados como plomo, boro, zinc, cadmio, manganeso, mercurio, arsénico, cromo, cobre y hierro.

Pero falta mencionar un punto importante. En una notificación de la dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), envíada a mediados de febrero, tanto a un representante de la comunidad como a la empresa, y a la que accedió la diaria, se expresa: “En el recorrido que se realizó para la extracción de muestras el día 10/11/2021, se observó un desagüe proveniente del predio de la empresa forestal UPM vivero Santana (ruta 4 kilómetro 396) cuya agua es vertida a la cañada afluente del Santana”. Allí también se tomaron dos muestras de agua: una “del tajamar principal” y otra “del desagüe hacia cañada de arroyo Santana”.

Antes de pasar a los resultados, hay que contar en qué contexto se tomaron las muestras. Desde 2017 hasta 2020 tuvo lugar el proyecto Monitoreo de ambiente y salud sobre el uso de agroquímicos en Guichón, Paysandú. Fue llevado adelante por un grupo interdisciplinario de la Universidad de la República conformado por integrantes del Departamento de Toxicología y Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, del departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Psicología y del Polo de Salud Comunitaria del Centro Universitario Regional Litoral Norte. A su vez, participaron referentes sociales, gubernamentales y empresariales vinculados a la temática. La DGSA fue uno de ellos y se comprometió a realizar un monitoreo de aguas superficiales en la localidad durante el período 2021-2022. Este último muestreo, del que compartimos los resultados, es consecuencia del compromiso asumido por la DGSA.

Los resultados

Según se informó en la notificación de la DGSA, en la cañada afluente del arroyo Santana se comprobó la presencia de varios principios activos: tebuconazol, azoxystrobin (ambos fungicidas), imidacloprid (insecticida) y glifosato junto a su metabolito ampa (herbicidas). También en la cañada que vierte en el arroyo se encontró arsénico y hierro, y en el informe se explica que este último metal puede ser el “posible causante de la coloración rojiza del agua”. Sobre las muestras tomadas tanto del arroyo Guayabos como del arroyo Juncal, se planteó que “no hay presencia de los agroquímicos analizados”.

En las dos muestras tomadas después de visualizar el desagüe del vivero se estableció la presencia de metolaclor y glifosato (ambos herbicidas) y también de arsénico y hierro. Además, en la muestra “del desagüe hacia cañada de arroyo Santana” se detectó el insecticida imidacloprid.

El informe con estos resultados fue enviado a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente.

Vivero de UPM, al lado del arroyo Santana.

Vivero de UPM, al lado del arroyo Santana.

Foto: Colectivo Guichón por los Bienes Naturales

Un pasito más

“Más allá de que para nosotros no es una buena noticia que se confirme esto, nos da un respaldo de seriedad en la lucha consecuente que llevamos hace más de diez años”, relató a este medio Marcelo Fagúndez, integrante del colectivo Guichón por los Bienes Naturales. Destacó que van a plantear “qué responsabilidad va a asumir la empresa para hacer frente a los daños”. “En algunos casos son irreversibles, como la pérdida de biodiversidad y toda la fauna de la zona que se ha visto afectada. Hemos visto que algunas especies han desaparecido, los vecinos han señalado que no hay más tortugas y nutrias. ¿Qué va a hacer la empresa? ¿Quién le va a exigir?”, apuntó. Pero primero buscan que “reconozca que lo que nosotros señalamos, desde la sociedad civil, es cierto”. “Que reconozcan el daño que han hecho y lo reparen”, aseveró.

En un comunicado del colectivo se informó que presentarán la problemática a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, se solicita al Ministerio de Ambiente que “actúe de forma urgente”, porque en una reunión que mantuvieron con su subsecretario, Gerardo Amarilla, le entregaron “por escrito la preocupación”. “Creemos que el Municipio de Guichón y la Intendencia de Paysandú deben expresarse al respecto, ya que en el arroyo Santana funciona un balneario municipal. Creemos que el Ministerio de Salud Pública debe actuar también”, agregan.

Escuchar a las comunidades

Jimena Heinzen es médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y magíster en Epidemiología. Fue una de las integrantes del grupo interdisciplinario que llevó adelante el Monitoreo de ambiente y salud sobre el uso de agroquímicos en Guichón, Paysandú. Lo primero que resaltó a la diaria fue “la importancia de generar dispositivos de participación comunitaria”, en los que “están los vecinos y vecinas que tienen cierta preocupación, pero también autoridades locales, nacionales, productores y equipos de salud de la zona”.

Recordó que entablaron contacto con la comunidad de Guichón a raíz de sus demandas públicas. “Había cierto nivel de preocupación por los distintos procesos productivos que sucedían en la cercanía de la ciudad y había, por lo menos dudas, sobre su impacto hacia la salud”, señaló. Por esta razón, el equipo se puso en marcha para pensar cómo realizar un monitoreo que fuera participativo, en clave de salud comunitaria, y que pudiera reunir a los diferentes representantes del territorio.

Se le consultó sobre los posibles impactos que tendrían en la salud de las personas los principios activos encontrados. Primero, afirmó que el grupo trabaja bajo el principio precautorio. “En los procesos productivos se utilizan determinadas sustancias, que tienen determinados potenciales riesgos para la salud humana, la flora y la fauna. El riesgo está presente, la posibilidad del daño está, que no ocurra ese daño, no quiere decir que no sea posible que ocurra. No es que hasta que no encuentre evidencia de que hay un daño no se lo tenga que dejar de usar. Debería ser al contrario, si hay dudas de si existe o no existe riesgo, o si hay un riesgo potencial, entonces no deberían usarlos”, desarrolló.

“Las sustancias encontradas son biocidas, son productos que están diseñados y elaborados para frenar la reproducción de un ser vivo, llámese planta, insecto, por ejemplo, o directamente aniquilarlo y no dejarlo crecer. Depende de muchos otros factores su capacidad de generar daño”, explicó. Comentó que los daños dependen de variables como el tiempo de exposición a la sustancia, de qué forma se produce —a través de la piel, de la respiración, por ejemplo— y de las dosis. Pero existen algunas certezas: “Lo que sí podemos decir sobre estas sustancias es que existe evidencia, y es cada vez más contundente científicamente, de que ciertos niveles de daño generan y que dependen del tipo de sustancia. Los insecticidas tienen algunas complicaciones mayores para algunas cosas, pero los fungicidas y herbicidas también”.

Para la médica es importante poner en discusión la forma de producir riqueza y pensar cómo se generan tensiones en los territorios. “Muchas de estas personas que están muy preocupadas de forma válida sobre su salud y el medio ambiente, también dependen económicamente de estos procesos productivos. Entonces ¿cómo podemos al mismo tiempo producir riqueza, alimentos, cuidarnos y cuidar el medio ambiente y a nuestro país? Este tipo de discusiones es importante que se den a nivel gubernamental, pero es fundamental que también lo hagan quienes residen en los territorios. Tienen mucho para aportar y que sea tomado en cuenta”, comentó.

Contó que el caso de Guichón permite comprender la situación de otros lugares, de otras agrociudades. “Si se plantea en la agenda mantener poblado el interior, también tenemos que cuidar la salud de las poblaciones que viven ahí. No es solamente dar trabajo, sino trabajo de calidad”.

La visión de la empresa

Federico Rey, encargado de los viveros de UPM, envió a la diaria un comunicado en el que confirma “la recepción de la notificación de la División General de Servicios Agrícolas en el día de hoy, respecto de análisis realizados en cursos de agua en la zona del vivero”. A su vez, dijo que el vivero Santana de UPM Forestal Oriental “cumple con toda la normativa vigente en el país y regulada por el organismo competente MVOTMA [Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial] y Dinacea [Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental], monitorea de forma constante su sistema de riego y recuperación de exceso de riego”.

“Considerando que no se describen los valores de concentración de los compuestos hallados y que en el listado hay fitosanitarios o elementos químicos que no son parte del proceso productivo del vivero y que se han encontrado en el agua que toma el vivero desde el arroyo Santana para su funcionamiento (particularmente arsénico y glifosato) no tenemos elementos para comentar. El vivero es uno de los más modernos del país y opera desde hace una década con excelente desempeño ambiental”, agregó.

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