En Uruguay se utilizan 1.293.940 hectáreas para la “agricultura de secano, verano, grano seco y otros propósitos”. 151.117 hectáreas más se destinan al cultivo de arroz y otras 1.087.109 hectáreas son de uso forestal. Estas cifras fueron tomadas del mapa de cobertura de uso del suelo que realiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Al poner sobre la mesa estos datos, vale preguntarse hasta dónde llegan los agroquímicos utilizados por las diferentes formas de producción y qué regulación es necesaria para controlar sus usos.
Son varias las investigaciones científicas que han hecho hincapié en el tema y han aportado información al respecto. Sin ir más lejos, y nombrando tan sólo algunos trabajos, en la cuenca de la laguna Merín se hallaron en valores cuantificables 92 sustancias de origen agropecuario -como fungicidas, herbicidas, insecticidas, productos veterinarios-; una situación similar se detectó en la laguna del Cisne, donde se reveló que 28 agroquímicos abundan en sus aguas y peces; también en el parque nacional Esteros de Farrapos, que está rodeado por cultivos con intenso uso de agroquímicos y es un “punto caliente” de anormalidades en anfibios.
El uso excesivo de tóxicos, junto con su paquete tecnológico, afecta además la salud de las comunidades que viven en los territorios fumigados y los ecosistemas. A su vez, por si fuera poco, según se plasmó en el último monitoreo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), al que tuvo acceso la diaria, también en muestras de agua suministrada por OSE se detectó la presencia de los herbicidas glifosato en Colonia, Maldonado, Lavalleja, Canelones y Florida y 2,4-D en Artigas, Durazno y Lavalleja. Tomar acción y escuchar a la academia y a las personas de las comunidades afectadas es urgente.
Un nuevo proyecto de ley
En diciembre, 11 diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley denominado “Regulación del uso de plaguicidas: promoción del uso de bioplaguicidas”. Tiene por objetivo declarar de “interés general” la “promoción de modalidades que comprendan la innovación de las prácticas fitosanitarias, tanto en los sistemas convencionales como agroecológicos, a los efectos de alcanzar un manejo integrado y sustentable, con énfasis en la utilización de buenas prácticas agrícolas, privilegiando el uso de productos fitosanitarios de base biológica (bioplaguicidas) y otras técnicas de control biológico, así como productos de baja ecotoxicidad, orientados a asegurar la protección de la salud humana y el ambiente, y que no perturben a los reguladores naturales de las plagas, enfermedades y malezas, ni al resto del ecosistema”.
Cabe resaltar que en el texto se define las “buenas prácticas agrícolas” como el conjunto de “principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientados a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles”.
Por otra parte, en la normativa se plantea que las actividades agrícolas “destinadas a la producción de alimentos” deben “propender a garantizar la inocuidad de los mismos, la mitigación de los riesgos en el desempeño de dichas tareas, la sostenibilidad económica, así como la adaptación y mitigación al cambio y variabilidad climática y con trazabilidad de procesos productivos cuidadosos del ambiente para la actual y las futuras generaciones”.
En este sentido, establece que el Estado “promoverá la reducción del uso reiterado y/o excesivo de plaguicidas, que no responda a una afectación real de plagas, enfermedades y malezas sobre el cultivo”. Reporta que se deberá “potenciar y/o implementar políticas activas interinstitucionales con aportes, apoyos e interacciones con agentes sociales y de la producción, dirigidas a la capacitación, comunicación, contralor y sanciones, sobre la base de la educación, la investigación, la difusión y la formación de recursos humanos específicos”. También propone que el Poder Ejecutivo incorpore el uso de “productos fitosanitarios de origen biológico, otras técnicas de control biológico y de buenas prácticas fitosanitarias” a los “estímulos fiscales ya disponibles para las empresas”.
En cuanto al registro de los plaguicidas, indica que “serán referencias preferenciales las autorizaciones de ingredientes activos fitosanitarios vigentes de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA) o el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea”, aunque matiza subrayando que “cualquier otra resolución de autorización” que no esté comprendida por dichas instituciones “debe ser debidamente fundada”. “La autorización del registro y uso de plaguicidas en el cultivo de alimentos estará supeditada a la fijación por la autoridad competente de un límite máximo legal de residuos (denominado tolerancia) para cada alimento al que se le aplica. La tolerancia debe garantizar que el plaguicida se puede usar con la seguridad suficiente de que no causará daño. Para la consideración de la toxicidad del plaguicida y de los productos que se generan por descomposición se debe tener en cuenta la cantidad que se aplica, su periodicidad, así como cuánto permanece dentro o sobre los alimentos cuando estos se comercializan”, añade.
El texto describe que “cualquier sustancia sólo podrá incluirse en un producto fitosanitario si existe evidencia empírica de parte de las autoridades competentes de que presenta un beneficio claro para la producción vegetal y cabe esperar que no tenga efectos adversos en la salud humana o animal, así como inaceptables sobre el ambiente”. A su vez, las autoridades deberán “reevaluar anualmente los plaguicidas registrados”. Esta última premisa nace de la necesidad de transitar “hacia una reducción o eliminación de los productos más tóxicos, favorecer la autorización de nuevas generaciones de moléculas biocidas menos peligrosas y limitar las mezclas de ingredientes activos que amplíen el espectro de acción de los productos fitosanitarios, con riesgo de generar poblaciones resistentes de plagas, enfermedades y maleza y de afectar especies no perjudiciales”.
Otro de los puntos del proyecto de ley consiste en que “sólo podrán comercializarse productos agrícolas cuando a lo largo de la cadena de producción y distribución exista un sistema de plaguicidas que garantice su inocuidad para consumidores y manipuladores en los términos previstos en la ley y su reglamentación”. A su vez, la información que esté almacenada en este sistema será pública. En consonancia, el Poder Ejecutivo también remitirá ante la Asamblea General “un informe anual de políticas diseñadas, implementadas y ejecutadas” en cumplimiento de la ley.
Por último, se propone crear la “Comisión Honoraria Especial de Implementación, Evaluación y Seguimiento” que tendrá el cometido de “velar por el correcto uso y depósito de los productos fitosanitarios, para lo cual debe asegurarse que los mismos no puedan comercializarse ni utilizarse sin autorización previa y según los fines, modos y plazos determinados”. Será presidida por un representante del MGAP y también contará con la participación del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. En paralelo, la Universidad de la República brindará “asesoramiento técnico”.
En búsqueda de consenso
“Desde la legislatura pasada estamos preocupados por la presencia de agroquímicos en alimentos, y en la inocuidad de ellos. Incluso habíamos intentado avanzar en que los carnés de salud pudieran incluir análisis de trazas de agroquímicos en sangre u orina. Finalmente, no llegamos a una conclusión y terminó el período. Pero siempre estuvo la pregunta: ¿qué es lo que estamos comiendo?”, dijo a la diaria Enzo Malán, uno de los diputados que presentaron el proyecto de ley. También contó que el texto está en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes y “tendrá que ser tratado en algún momento”. Describe que uno de los objetivos es “generar un espacio de diálogo para que avance”. “Si uno va y dice ‘hay que quitar todos los agroquímicos’, de entrada vamos a encontrar una resistencia mucho mayor y va a ser imposible que salga el proyecto. La idea es que sea más progresivo y que vaya atendiendo la salud y el ambiente, para que no queden por el camino”, sumó, aunque aclaró que tampoco hay que descuidar el aspecto económico.
Claves para perfeccionar: parte I
Horacio Heinzen es docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y ha realizado un gran número de investigaciones vinculadas al riesgo y el impacto ambiental de los agroquímicos. En diálogo con la diaria dijo que es positivo que exista una ley, aunque entiende que el proyecto presentado está “muy enfocado” en la producción de alimentos y deja por fuera otras actividades agropecuarias, en las que también rigen las buenas prácticas agrícolas y “son relevantes para lograr la preservación del sistema”. Un claro ejemplo puede ser la forestación. Al mismo tiempo, sostiene que es necesario “definir mejor qué se entiende por producción y hasta dónde llega el proceso productivo” en la normativa, ya que la etapa de almacenamiento de los productos no está incluida en el texto.
A su vez, señaló que en el proyecto no se incluye la mitigación de los impactos ambientales, y propender a esto “lleva a la disminución de la contaminación difusa, que es la más complicada de todas”. “Gran parte de los puntos están sujetos a la reglamentación de la ley y para cumplirla hace falta una inversión en recursos humanos e infraestructura”, enfatizó.
Heinzen también considera que “como idea” es positivo que se tomen como “referencias preferenciales” los ingredientes activos autorizados por la EPA o el Comité de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. Sin embargo, no se debe descuidar la territorialidad: “Los estudios que se presentan para registro en Europa o Estados Unidos se probaron en plagas nacionales, se hicieron estudios de disipación en las condiciones climáticas del lugar. Si bien pueden ser parecidas en algunos casos, no necesariamente la susceptibilidad es igual. Hay una gran cantidad de aspectos que se tienen que considerar y es necesario estudiarlos acá”, apuntó. También expresa que es necesario incluir en la normativa la obligatoriedad de ensayos ecotoxicológicos de estos productos sobre los polinizadores.
Por otra parte, no está de acuerdo con que se introduzca el concepto de “tolerancia” en referencia al límite máximo legal de residuos de plaguicidas permitidos en alimentos. “El límite máximo de residuos es un consenso entre la buena práctica agrícola y la protección de la salud del consumidor. Así lo fija el Codex. El límite máximo de residuos es un límite que no se puede pasar. Si se lo llama 'tolerancia', da la sensación de que si se pasa no ocurre nada, y yo temo a ese tipo de interpretación”, describió.
El docente de la Facultad de Química aprovechó la oportunidad para proponer que, en lugar de convocar una nueva comisión, podría ser una buena idea crear una agencia que tenga “capacidad de decisión, seguimiento y control” de los agroquímicos. “En muchos países lo que existe es una agencia, no una comisión presidida por un Ministerio de Agricultura. Es un mensaje muy potente el que se da cuando el responsable en esta materia es el ministerio de la producción y al resto de los ministerios se los consulta. Históricamente ha habido un desafío entre la producción, el ambiente y la salud”. Para estar en pie de igualdad, la creación de una agencia podría ser un camino.
Claves para perfeccionar: parte II
Natalia Bajsda es investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, integrante de la Red de Agroecología del Uruguay y del Colectivo TÁ, un espacio interdisciplinario de la Universidad de la República que trata temas vinculados a los transgénicos y sus alternativas agroecológicas. “Me parece bien que se atienda, junto con la gravedad del aumento del uso de plaguicidas, cómo afecta a las personas, al ambiente y la biodiversidad. Cada vez hay mayor resistencia a estos compuestos y hay información reciente que visibiliza que se están usando en exceso, en forma innecesaria”, comentó a la diaria. Sin embargo, entiende que algunos aspectos del proyecto son “mejorables”. “Me llama la atención que el subtítulo sea la promoción del uso de bioplaguicidas. Solamente aparecen en un artículo muy breve”, expresó.
¿Qué son los bioplaguicidas? Bajsda los define como “un producto de uso agrícola para controlar plagas o enfermedades en los cultivos. En lugar de usar un compuesto químico, que en general es de síntesis química, se usa un microorganismo o un compuesto derivado de un microorganismo para controlar las plagas. Como tiene un origen natural, biológico, su afectación puede ser más específica y no afecta a otros organismos e incluso no perduran en el ambiente, porque se degradan rápidamente”. Contó con ilusión que estos productos buscan recrear “un fenómeno que en la naturaleza ocurre, que un microorganismo controle a otro”.
Desde su visión, el proyecto de ley podría aprovechar la oportunidad para poner el tema sobre la mesa: “Como son biológicos, hay que tener más cuidado en cómo se aplican, por ejemplo, no tiene que ser junto con otro plaguicida porque puede afectar el producto. En el proyecto sólo se propone un estímulo fiscal a quienes los usen. Yo considero que todavía no hay suficiente conocimiento de cuáles son, para qué sirven. No hay muchos en el mercado tampoco. Se puede dar un estímulo fiscal, pero si alguien va a una agropecuaria y no existe un bioplaguicida, ¿cómo va a acceder?”. A su vez, suelen ser más caros si se comparan con los productos de síntesis química, debido a su poca disponibilidad. Entiende que es necesario tomar medidas “de raíz” para “promover la investigación, el desarrollo y su registro”.
Por otra parte, apuntó que los productores agroecológicos suelen elaborar sus propios bioplaguicidas o biofertilizantes. Piensa que sería bueno “estimularlo” para que “se comparta la información que hay al respecto”. “Más allá de que el productor pueda comprar el producto, está bueno que lo pueda elaborar y usar, incluso es más económico. Ahora se está viendo mucha importación de este tipo de insumos. Es delicado porque los microorganismos, en general, están adaptados a las condiciones de donde vienen. Traer un producto biológico de otro país puede generar que no funcione o sea peligroso aplicarlo. Es mejor el desarrollo de productos locales”, destacó.
Bajsda también considera que el proyecto debería poner el foco en temáticas vinculadas a la salud, por ejemplo con respecto a los trabajadores que aplican los plaguicidas. “Se pueden pensar medidas para ver si ellos están expuestos o, cuando hay situaciones de trabajadores que están expuestos, pensar en el acompañamiento”, remarcó. Asimismo, también resaltó que existe normativa sobre la temática, pero que“a veces no se controla o respeta”. “En nuestro país hay restricciones para aplicaciones cerca de cursos de agua, escuelas y zonas pobladas que no se cumplen. Está bueno crear normativa, pero se necesita control. Para la población rural dispersa no existe normativa, las casas que están en el medio del campo pueden recibir aplicaciones hasta el borde del predio y no está contemplado en el proyecto”, finalizó.