La Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación” por la forma en que el Ministerio de Ambiente gestiona los espacios de participación.
El 15 de octubre se llevó adelante una reunión del Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca de la Laguna Merín en Treinta y Tres. La sede elegida, se explica en la misiva, fue “insuficiente, dejando a personas fuera y obligándolas a conectarse por zoom”. “A esto se suma la negativa de permitir que vecinas y vecinos de la zona tomaran la palabra, mientras que sí se concedió espacio a un representante de una empresa privada”, relata. El colectivo afirma que estos ámbitos “han excluido sistemáticamente a la población local y a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente al momento de definir los proyectos que se llevan a cabo en la zona de influencia de la cuenca”.
En este contexto, la asamblea explica que se enfrenta “constantemente a planes presentados como hechos consumados, con proyectos cerrados que apenas se nos informan y sin oportunidad para incidir en su diseño o implementación, plantear alternativas o participar en las decisiones y planificaciones”. Por tal motivo, subrayan que la situación viola el Acuerdo de Escazú y el artículo 47 de la Constitución.
Por otra parte, el colectivo denuncia la “falta de respuestas a las solicitudes de información” vinculadas al estado de trámite del Proyecto del Nodo Logístico Cebollatí (NLC), “proyectado frente a la Isla del Padre (área de Conservación y Reserva Natural del departamento de Rocha), cerca de la desembocadura del río Cebollatí en la laguna Merín y próximo a los centros poblados de La Charqueada y Cebollatí”. Al respecto, sostienen que existe una solicitud de la Intendencia de Treinta y Tres para cambiar la categoría del suelo donde busca construirse. “Sin embargo, ni las autoridades del Ministerio de Ambiente, ni el presidente de la Comisión de la Laguna Merín, ni los representantes de la Intendencia de Treinta y Tres, ni la empresa privada promotora del proyecto respondieron las preguntas realizadas”, agrega.
La Asamblea Hue Mirī recuerda que el Nodo Logístico Cebollatí, junto con el puerto en el río Tacuarí, forman parte de las infraestructuras previstas para la hidrovía que pretende unir Uruguay y Brasil y que apunta a incentivar el transporte fluvial de las cargas del agronegocio. Este último proyecto, describen, es “promocionado como un avance de desarrollo para la región, cuando en realidad representa un beneficio exclusivo para los intereses del agronegocio, la forestación y la minería, profundizando un modelo extractivista que despoja del territorio y empobrece a nuestra población, degradando la cuenca desde el punto de vista ambiental, social, económico y cultural”.
En esta línea, desde la organización describen que “un punto relevante del consejo fue la información presentada por el Ministerio de Ambiente sobre el monitoreo de la calidad del agua de la cuenca. La representante de la Facultad de Ciencias (Udelar) y una médica experta en salud socioambiental que trabaja en la zona aportaron información complementaria, realizaron cuestionamientos y señalaron la gravedad de la situación de la cuenca, con el aumento alarmante de agrotóxicos en los cuerpos de agua y ecosistemas, lo que impacta gravemente en la salud humana y en la vida de todos los seres vivos de la cuenca”. Asimismo, añaden que, “a pesar de los múltiples cuestionamientos y solicitudes de medidas urgentes, las autoridades admitieron que, aunque reconocen la gravedad, no tienen soluciones previstas”.
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Otra consulta que se hizo a las autoridades del Ministerio de Ambiente tiene que ver con “la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en la cuenca alta (Cerro Largo y Rocha)”. La respuesta fue que desconocían estas iniciativas, aunque la organización alerta que “figuran actualmente en el sitio web del Observatorio Ambiental Nacional, como se les demostró en la sesión”. También solicitó información sobre la planta de hidrógeno verde y amoníaco que busca instalar el grupo Alfanar Energía —una empresa saudí con sede en Madrid— en Rocha. En agosto, el semanario Búsqueda dio a conocer que la compañía firmó un acuerdo de confidencialidad con UTE. “Sin embargo, en el Consejo de Cuenca, las autoridades manifestaron desconocimiento sobre dicho proyecto”, plantea la organización de vecinas y vecinos.
“Desde la Asamblea Hue Mirī denunciamos con absoluta firmeza que no seremos cómplices de estos simulacros de participación, organizados para cumplir con el cronograma de empresas que buscan obtener ‘licencia social’ sin permitir la participación genuina de la comunidad. Rechazamos la participación de la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] en estos procesos, a la que se ha delegado competencias del Consejo de Cuenca, convirtiéndola en respaldo del sistema y en interlocutora de las organizaciones sociales, con la anuencia del Estado y en detrimento de los mecanismos de decisión que el pueblo uruguayo ha establecido para la gestión de sus bienes naturales”, indica la misiva. La organización finaliza exigiendo que “se respete el derecho de nuestras comunidades a decidir sobre nuestro territorio y su futuro”.