“Llegamos tarde a las consecuencias nefastas de los agrotóxicos”, dice la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira. Recuerda que es maestra y que de “2.300 escuelas públicas del país, 1.100 están ubicadas en el interior y muchas de ellas en el interior profundo”. “No se aplica la normativa que, de alguna manera, preserva la salud de las instituciones públicas en el medio rural; es claramente atentar contra la vida de las personas”, agrega, en referencia a que se incumple el Decreto 25/11/2011 en el que se establece la distancia mínima que deben respetar los empresarios al momento de hacer fumigaciones cerca de centros educativos. Pereira enfatiza en “la necesidad de cambios y propuestas reales hacia la justicia ambiental” y destaca que el sindicalismo tiene un rol clave en esta tarea. En este año electoral, llama a “comprometer a los candidatos hacia eso”.
Estas palabras de Pereira forman parte del discurso que inauguró el conversatorio “La producción agropecuaria, los agrotóxicos, la salud y el ambiente en la agenda sindical”, que convocó el Instituto Cuesta Duarte. Investigadores de la Universidad de la República involucrados en la temática, referentes de varios sindicatos y organizaciones socioambientales, apicultores, productores agroecológicos y médicas se encargaron de las disertaciones. La instancia tuvo lugar el miércoles en la sede del PIT-CNT. La sala principal se encontraba llena y reflejaba que, poco a poco, la agenda sindical y la ambiental se van entrelazando.
Al ingresar, a los participantes se les otorgaba materiales con información sobre diferentes conceptos vinculados a temáticas ambientales y propuestas elaboradas en espacios de reflexión promovidos por la central sindical. “Creemos que es posible impulsar un modelo diferente que priorice el valor del trabajo sobre el del capital, que ponga las necesidades de la población por encima de las consideraciones mercantiles, que priorice la distribución igualitaria por encima del aumento incontrolado de producción, que apunte a una drástica disminución de los cultivos transgénicos con sus paquetes de agrotóxicos asociados, sustituyéndolos por cultivos ambientalmente sustentables, fomentando la agroecología”, plantea uno de los escritos.
En los materiales se señala que el modelo productivo actual es “concentrador y excluyente”, además de ser “impulsado por grandes empresas transnacionales”, y se indica que “afecta la calidad de las fuentes de agua, comprometiendo la disponibilidad de agua potable a mediano plazo” y “la salud de trabajadores rurales, pequeños productores y población en general, con grave riesgo a menores y mujeres embarazadas”. También se denuncian los efectos que tienen los agrotóxicos sobre los polinizadores y la soberanía alimentaria de nuestro país.
Voces de los territorios
Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), dice que si bien no es un “hombre de ciencia” piensa que en este tipo de conocimiento se encuentra la “respuesta para enfrentar la situación” que están viviendo en los territorios. “En mi barrio se instaló una barraca. Era una agencia que trasladaba propanil, glifosato y empezó a proporcionar los herbicidas al menudeo. Notamos que en el barrio las personas empezaron a enfermarse de cáncer. Al fondo de la barraca, fallecieron los vecinos que tenían esta enfermedad. Cruzando la calle, una persona que tenía una huerta muy grande estaba luchando contra la enfermedad. En definitiva, ocho o nueve vecinos la padecieron”, cuenta.
Amaya dice que el viento de la Laguna Merín sopla de una manera que explica por qué esas cuadras se vieron afectadas. “Después de que la barraca cerró, los problemas se minimizaron. Empezamos a trabajar en el tema y los trabajadores comenzamos a prestar más atención, y los compañeros nos hacían llegar sus afectaciones a su salud”, comenta.
A lo largo de su intervención, Amaya va a evitar decir la palabra “cáncer” para sustituirla por “la enfermedad”. Quizás por la cercanía o el dolor que le ha generado. También habla de las alergias, la falta de escucha de las autoridades y la falta de garantías en su trabajo. “Estamos convencidos de que este modelo es depredador, excluyente y que productivamente sólo se basa en la escala, y por eso los números de productividad que están teniendo van de la mano con los índices de concentración de la propiedad de la tierra”, señala.
También habló en el encuentro Carlos, integrante del Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, organización vecinal que plantó la semilla para que las autoridades gubernamentales pudieran constatar la contaminación del arroyo Santana con efluentes de uno de los viveros que la empresa finlandesa UPM tiene en el departamento. “Venimos de los pueblos fumigados”, dice. “Durante varios momentos del año tenemos que cerrar las puertas y las ventanas porque no tenemos otra opción [...]. En nuestro pueblo se dieron 20 muertes de bebés en gestación. Las mujeres aparecían embarazadas pero con su bebé muerto en la panza. Hasta el día de hoy no hay una investigación seria sobre esto. Las mujeres se fueron conectando entre ellas, contando lo que les pasó y se comenzó a registrar todo”, relata.
Como otro ejemplo de las consecuencias que tiene el modelo productivo en su ciudad, menciona que él integraba una cooperativa de apicultores que, en su momento, estaba conformada por 28 personas y, en la actualidad, son ocho.
Unión entre la academia y los trabajadores
Durante el conversatorio, integrantes de equipos interdisciplinarios presentaron investigaciones académicas. Uno de ellos fue Andrés Carvajales, que participó de un trabajo que recopila testimonios de personas que viven en los principales territorios donde se produce arroz y se foresta. “Lo que viven estas personas son injusticias; como son injusticias, ameritan una reflexión e intervención del movimiento sindical organizado”, declara. Pide al PIT-CNT que tome “la bandera de proteger la salud en el medio rural”, reclama “que tiene que haber ciertas sustancias que no se tienen que utilizar más para producir y que cierta forma de producción ya no es apta ni para consumo humano ni para ningún tipo de consumo”.
Nicolás Rodríguez, integrante de otro equipo interdisciplinario que desde hace más de diez años estudia el vínculo existente entre el uso de agroquímicos y los efectos en la salud, señala que las preocupaciones de las comunidades “tienen asidero en la producción científica internacional”. Describe que han detectado que “a mayor precariedad laboral, los procesos de exposición son más peligrosos”. También identificaron que existen “limitadas capacidades institucionales para el registro y seguimiento de problemas” vinculados a la exposición a estos productos. A partir del intercambio con especialistas en toxicología, considera que sería importante poner sobre la mesa que se comience a registrar “la exposición por agroquímicos”. De esta forma, se podrían estudiar los casos de intoxicación crónica, es decir, aquellos que se dan con el correr del tiempo.