“Cuando la sociedad civil llega a estos espacios de representación es porque no hemos obtenido respuestas y soluciones a nuestras inquietudes en el territorio”, dijo a la diaria Marcelo Fagúndez, integrante del Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales. El grupo de vecinos y vecinas de la localidad de Paysandú se hizo presente este martes en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados “ante las escasas respuestas” de los distintos niveles de gobierno sobre sus denuncias. En ellas vinculan la contaminación del arroyo Santana con efluentes de uno de los viveros que la empresa finlandesa UPM tiene en el departamento.

“Como lugareños, hemos observado que han muerto animales, como nutrias y aves. Hemos visto que los ecosistemas están siendo afectados en la zona: hay testimonios de vecinos del vivero que así lo señalan. También hay materiales fotográficos; hemos registrado mortandad de peces en varios momentos del año. En invierno se dice que es por el frío, pero es mucha la cantidad de peces que se han muerto en el arroyo Santana”, reclamó Fagúndez en la comisión, según consta en la versión taquigráfica.

El 10 de noviembre, técnicos de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), junto con integrantes de la comunidad, recolectaron tres muestras de agua superficial en cursos de la zona aledaña a Guichón. Uno de los puntos fue la “cañada afluente del arroyo Santana”. Se solicitó un “análisis multirresiduos de plaguicidas de uso agrícola” y, como constataron la presencia de una coloración rojiza en la cañada, también se analizó la presencia de metales pesados como plomo, boro, zinc, cadmio, manganeso, mercurio, arsénico, cromo, cobre y hierro. La toma de muestras se hizo en el marco del proyecto Monitoreo de ambiente y salud sobre el uso de agroquímicos en Guichón, Paysandú, que fue llevado adelante por un grupo interdisciplinario de la Universidad de la República.

En una notificación que envió la dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a mediados de febrero, tanto a un representante de la comunidad como a la empresa, y a la que accedió la diaria, se señala: “En el recorrido que se realizó para la extracción de muestras el día 10/11/2021, se observó un desagüe proveniente del predio de la empresa forestal UPM vivero Santana (ruta 4 kilómetro 396) cuya agua es vertida a la cañada afluente del Santana”. Por esta razón, también se tomaron dos muestras de agua allí: una “del tajamar principal” y otra “del desagüe hacia cañada arroyo Santana”.

La DGSA informó que en la cañada afluente del arroyo Santana se comprobó la presencia de varios principios activos: tebuconazol, azoxystrobin (ambos fungicidas), imidacloprid (insecticida) y glifosato junto a su metabolito ampa (herbicida). También en la cañada que vierte en el arroyo se encontró arsénico y hierro; en el informe se explica que este último metal pudo ser el “posible causante de la coloración rojiza del agua”.

En las dos muestras tomadas después de visualizar el desagüe del vivero se detectó la presencia de metolaclor y glifosato (ambos herbicidas) y también arsénico y hierro. Además, en la muestra “del desagüe hacia cañada arroyo Santana” se detectó el insecticida imidacloprid. El documento con los resultados se envió a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente.

En un primer momento, UPM manifestó a la diaria que “si bien se toma agua del arroyo Santana, esa agua va hacia un tajamar que no se comunica con el arroyo”. Después de conocerse los datos, la empresa finlandesa que produce celulosa, papel y madera envió un comunicado a este medio donde dijo que el vivero “cumple con toda la normativa vigente en el país” y “monitorea de forma constante su sistema de riego y recuperación de exceso de riego”. “Considerando que no se describen los valores de concentración de los compuestos hallados y que en el listado hay fitosanitarios o elementos químicos que no son parte del proceso productivo del vivero y que se han encontrado en el agua que toma el vivero desde arroyo Santana para su funcionamiento (particularmente arsénico y glifosato), no tenemos elementos para comentar”, se agregó.

Intimación del Ministerio de Ambiente

El artículo 144 del Código de Aguas establece que está “prohibido introducir en las aguas o colocar en lugares desde los cuales puedan derivar hacia ellas, sustancias, materiales o energía susceptibles de poner en peligro la salud humana o animal, deteriorar el medio ambiente natural o provocar daños”. Asimismo, define que el ministerio competente “aplicará las medidas necesarias para impedirlo” y “podrá disponer la suspensión preventiva de la actividad presuntamente peligrosa, mientras se realicen los estudios o trabajos dirigidos a impedir la contaminación”.

En este contexto, el Ministerio de Ambiente emitió una resolución en mayo en la que admite que “existen evidencias de la existencia de un vertido proveniente del vivero Santana, vertido que presenta claras evidencias de presencia de plaguicidas que tendrían como origen el uso por el vivero”. Por otra parte, se recalca que “el sistema de captación, conducción, recuperación y almacenamiento de líquidos del referido vivero da indicios de carencias en su mantenimiento y diseño que deben ser subsanadas a la brevedad”. Como conclusión, definen que se constataron “incumplimientos” al Código de Aguas.

La cartera intimó a UPM para que “elimine de forma inmediata todo vertido de aguas potencialmente contaminadas como resultado de la actividad del vivero a las aguas superficiales” y le advirtió que “se encuentra pasible de sanción”. A su vez, solicitó que le envíe “en el término de diez días” el “listado completo de principios activos utilizados en el vivero durante los años 2021 y 2022, así como las cantidades aplicadas por fecha”, “los resultados de monitoreo de estos principios activos” y “el detalle de las canalizaciones que generaron el vertido detectado por el MGAP”.

También le solicitó que presente a la Dinacea “en el plazo de un mes” un “proyecto de ingeniería para captar y gestionar todas las aguas que se deriven de su actividad productiva de forma que se evite el vertido de las mismas hacia el exterior del predio”. Entre otras determinaciones del Ministerio de Ambiente se incluyó que “deberá cesar el desagüe de agua del tanque de agua fresca y presentar evidencia de las medidas tomadas”, así como “deberá suspender la aplicación de herbicidas fuera de la zona de borde de invernáculos”.

En la Comisión de Ambiente, el diputado Walter Cervini expresó que Adrián Peña, ministro de Ambiente, le comentó que luego de la intimación “la empresa hizo el descargo correspondiente”. “Si bien la empresa presentó los descargos, el Ministerio nuevamente mandó la inspección y en breve, según me informaron, vamos a tener los nuevos datos que van a confirmar los descargos de la empresa o lo que las organizaciones como la de ustedes están denunciando”, sumó. Planteó que el MA “no está omiso ante estos episodios”.

El reclamo de los vecinos

“Todos estos meses quedamos expectantes de que el Ministerio actuara; inclusive, tuvimos reuniones con el subsecretario Gerardo Amarilla. Antes ya le habíamos trasladado la preocupación de que el Estado no está presente controlando y monitoreando este megavivero en lo que tiene que ver con el ambiente, los efluentes. La empresa es la que envía los informes, o sea, se autocontrola. Los gobernantes territoriales no se expresan; inclusive, el alcalde nos decía que era complicado porque se trata de una empresa que da mucha mano de obra”, expresó Fagúndez en el Parlamento. Enseguida recalcó que no están “en contra del trabajo” y que UPM “ojalá dé más mano de obra” pero buscan “que haga las cosas bien y no nos contamine el agua”. “Si no hacemos un uso sustentable y sostenible del recurso agua, los puestos de trabajo de hoy van a faltar mañana”, enfatizó.

Su compañero Marcelo Fender, también integrante del Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, hizo un llamado vinculado a la salud de la población: “Como ciudadanos comunes de un pueblo chico en el que se conocen todos, sabemos que es impresionante la cantidad de Kalitron, un antialérgico que venden las farmacias. Sin embargo, no hay datos en ese sentido”.

Declaró que a los vecinos y vecinas les gustaría “tener datos y una lista de gente que pueda tener problemas de alergia o intoxicación”. “Así como cambió la matriz productiva del país, en Guichón cambió el ámbito laboral. Hoy es mucha la gente que trabaja en el área forestal”, recordó, y agregó: “No somos técnicos, ni tenemos datos científicos de salud, pero sí sabemos que la gente tiene secuelas luego de haber trabajado tanto tiempo en ese ambiente, en contacto con productos tan potentes como los que usan estas empresas”.

Ambos integrantes de la organización pidieron que el Ministerio de Ambiente “le exija a la empresa UPM la reparación de los daños ocasionados al ambiente en la zona” y “se construya una planta de tratamientos de efluentes en el vivero Santana”. “¿Cómo es que no se sancionó a la empresa por las infracciones comprobadas?”, preguntaron a los representantes.