Impactados por el agua

Editar

La vida para la localidad de Santa Lucía sigue adelante, como para todo el país. Marzo, con sus inundaciones sin precedentes desde hacía tiempo, quedaron atrás. No así varios de sus impactos.

Hace poco más de dos meses, y como resultado de las fuertes lluvias, se inundaron unas 52 manzanas de Santa Lucía, afectando a unas 3.000 personas de las casi 18.000 que viven hoy en la localidad. Prácticamente un tercio de Santa Lucía quedó literalmente bajo agua. El sábado 23 de marzo, y según datos de la Dirección Nacional de Agua, el río llegó a 12,50 metros de altura, convirtiéndose en una de las peores crecidas de la historia en ese punto del país.

Vecinos unidos

Las inclemencias meteorológicas han empujado a la sociedad a unirse más, y lo que pasó en Santa Lucía es un ejemplo. Fue también una crecida del río Santa Lucía –esta vez en mayo de 2019– la que llevó a que varios vecinos decidieran agruparse, conformando lo que desde entonces se denomina Vecinos en Red. Todos ciudadanos que interpretaron que trabajar juntos es lo mejor para enfrentar el durante y después de las inundaciones, así como el trabajar, reclamar, solicitar, gestionar y negociar con las autoridades locales y departamentales. La organización comenzó gracias a la colaboración y asistencia de la agrupación Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.

Roque Ceriani es uno de los fundadores del grupo. Residente durante muchísimos años en la localidad, y con 76 años, es de los vecinos que más participación activa tiene, ya sea en charlas, reuniones o convocatorias que sean de interés para los Vecinos en Red. Apodado Tito, es contundente al decir que, en lo que respecta a las dos inundaciones, “el Estado estuvo y está ausente”, y agrega que principalmente los temas a atender y dar una respuesta suficiente son después de las inundaciones, y no antes o durante.

Ceriani junto a Silvio Villanueva, otro de los integrantes de Vecinos en Red, relatan que cuando suceden las inundaciones, se dan dos situaciones: la de las personas o familias evacuadas y la de las autoevacuadas. Ambos cuentan que a quienes son evacuados “el sistema les responde. Los saca de la zona afectada, les brinda alimentos, lo lleva a un club o gimnasio y demás. El tema es el autoevacuado”, dicen, y acotan que esos días fueron traumáticos y estresantes, pues hubo “momentos en los que uno debe dejar de ayudar a un familiar o vecino para intentar salvar lo mucho o poco que tiene”.

Ceriani explicó que “entre vecinos nos damos una mano” y que “la lucha es para que el sistema tome en cuenta a los autoevacuados”. Junto a Villanueva afirma que hay solicitudes y demandas que ya hicieron en 2019 –sin mayor éxito–, y que ahora se reiteraron, entre ellas la necesidad de atención psicológica a la población más golpeada por la situación.

“Hay gente que quedó muy mal. Personas o familias que en horas perdieron todo. Se precisa que un psicólogo o un asistente social vaya a esas casas, golpee la puerta y le pregunte al vecino qué necesita. Hogares con niños chicos, donde perdieron hasta los cuadernos de la escuela. Y adolescentes que cuando se reintegran a estudiar al liceo, por cómo quedaron sus familias, van a estudiar sin comer. ¿Qué hacés con todo eso?”, pregunta Ceriani”.

“En cosas así, el Estado está ausente. Que venga un profesional y que se siente a escuchar y a abordar la vida de alguien que pierde todo, desde la cama y el colchón hasta las fotos de la familia”, dijo Ceriani. Y señaló que lo más complicado es para los casos de núcleos familiares con niños y aquellos que tienen entre sus integrantes a personas de la tercera edad o con problemas de discapacidad. “Acá en la localidad, principalmente en el después, se necesita al Estado, no a la Intendencia de Canelones entregando una bolsa con un jabón e hipoclorito”, afirmó Ceriani.

En este 2024, y dado los eventos climáticos de marzo, la cantidad de personas que se acercaron y sumaron a Vecinos en Red aumentó. Los integrantes del grupo están permanentemente conectados vía Whatsapp, tanto para conocer las novedades de la agrupación como para ayudarse y colaborar entre quienes lo necesitan. Ceriani explicó que pasados dos meses y días de la segunda inundación, “hay gente que no se ha recuperado, ni en lo material ni en lo psicológico”.

Sobre la presencia y trabajo del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) y de la Intendencia de Canelones, dijo que estuvieron presentes y de forma organizada para asistir muchos casos, pero que en momentos posteriores a las inundaciones “faltó apoyo logístico. Faltaron brazos. Y eso es algo que venimos reclamando desde hace años, y no con lo sucedido en marzo pasado”.

Ceriani mencionó también que, en la eventualidad de suceder otra inundación, se necesita dotar a los bomberos con mayores recursos y una vigilancia mayor, “para que no haya robos cuando los vecinos deben dejar sus casas inundadas”. Villanueva recuerda que en marzo, en la segunda crecida, “vino un camión inmenso del Ejército, que llegó cuando ya estaba todo inundado. Iban por las calles como si estuvieran secas. Pasaban haciendo olas. Se necesitaba que viniera gente medianamente preparada para asistir la situación, y ante todo, que viniera a tiempo”.

Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía

Marcos Umpiérrez y Santiago Dárdano son integrantes de la agrupación Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Su origen se remonta a 2013, y el disparador fue el mal sabor y olor que tuvo el agua de la zona metropolitana ese año. La agrupación comenzó a investigar las causas e implicancias en las inundaciones tras el evento de 2019.

Algunas conclusiones fueron presentadas en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, ámbito tripartito, integrado por representantes del gobierno, los usuarios del agua y la sociedad civil. Umpiérrez explicó que la Asamblea sigue insistiendo con una serie de estudios e investigaciones que hay que desarrollar con relación a las dinámicas de la cuenca, y en referencia al modelo productivo, la infraestructura, la pérdida de ecosistema natural en función de la siembra directa, la deforestación del bosque nativo y la forestación industrial. Dijo también que “hay que seguir investigando” y que “lo que falta es tomar acciones contundentes referentes a estos diagnósticos. Incluso los colectivos sociales vienen presentando propuestas desde hace más de diez años para abordar esta problemática de una forma integral”.

Umpiérrez comentó que hay datos que surgieron de un estudio realizado por la Facultad de Ciencias que apuntan al cambio en el uso del suelo como uno de los factores relacionados. “Se ha deforestado y quitado vegetación para plantar casi hasta la orilla del río”, dijo, y agregó que es algo que “viene sucediendo desde hace años”. Según explicó, las pérdidas de las pasturas naturales y el monte nativo “hacen que el agua escurra mucho más rápido”.

Recordó que “también hay mucha contaminación, mucha industria al lado de la cuenca, y que es un problema considerando que la cuenca brinda un 60% de agua potable a la población”. Dijo además que el estudio de la Facultad de Ciencias dice que ese cambio del suelo comenzó a originarse en la década de los años 90. Por su parte, consultado sobre la respuesta del Estado, tanto en los gobiernos del Frente Amplio como en el actual de coalición, comentó que “la respuesta ha sido muy pobre, con ideas que se quedaron en los papeles”.

Con referencia a la posibilidad de dragar el río Santa Lucía, respondió no sólo que “no hay estudios serios que avalen que este río se puede dragar”, sino que resaltó que la agrupación Asamblea por el Agua tiene contacto con especialistas de la Facultad de Ciencias que sostienen no sólo que no se puede dragar cualquier cuenca, sino que “particularmente en esta cuenca” no es viable tal acción.

Dárdano agregó que para evitar los eventos de inundación que se dan en el río habría que dragar aproximadamente unos 20 metros de forma reiterada y en cortos períodos de tiempo, ya que es un “río productor de arena”. De acuerdo a la información existente, dijo que “el dragado no es solución”, y que por tanto es una excusa para “evitar hablar del verdadero problema”. Es más, las propuestas de dragado son, a su entender, meras “bombas de humo”.

La alcaldía articula y asiste hasta donde puede

El alcalde de Santa Lucía, Leonardo Mollo, también dialogó con la diaria. “Hay cosas que se hicieron bien, otras más o menos y otras mal. Hay cosas a mejorar y corregir. Estamos convencidos de que hay que trabajar en equipo y poner mucho oído para escuchar, porque quienes padecen más son los vecinos, principalmente los que están en zonas inundables”, afirmó.

Mollo recuerda que en marzo, a pesar de la planificación y organización de la comunidad –antes de la segunda inundación–, “aquello era un caos, organizado, pero caos al fin”. Mencionó que hubo instancias en las que “había gente que quería salir toda al mismo tiempo, y días después, estaban los que querían volver todos al mismo tiempo”. “Sabemos que hay gente que lo perdió todo”, dijo, y mencionó principalmente a los barrios El Caimán y El Abrojal, que están a orillas del río.

Acerca de la posibilidad de dragar el río, respondió: “No tengo ningún argumento científico para decir si sirve esto o no. Puedo plantear desde lo que creo, y de lo que he conversado con gente que técnicamente tiene visión de la situación. Personalmente y como ciudadano, creo que el dragado no debe y no puede ser la solución”.

La Intendencia analiza y trabaja en posibles soluciones

Los sucesos climáticos que atravesó Santa Lucía y la población fueron un desafío también para la Intendencia de Canelones y para su intendente, Marcelo Metediera, que asumió en reemplazo de Yamandú Orsi. Tomó posesión del cargo el viernes 1° de marzo pasado, y 30 días después tenía a una localidad que había padecido dos crecidas con 20 días de diferencia.

Sobre lo acontecido, el jefe comunal canario dijo a la diaria que por los eventos climáticos y sus consecuencias habló “con el presidente Luis Lacalle Pou, para hacer un abordaje más integral. Por un lado está el análisis de la cuenca del río Santa Lucía. De hecho, se consolidó en el Congreso de Intendentes la comisión para analizar el tema entre las intendencias de Canelones, San José, Florida y Lavalleja, junto con algunos ministerios que se tienen que sumar y la Facultad de Ciencias [Udelar], que tiene conocimiento técnico para ayudar”.

Metediera destacó que días atrás, en reunión con Lacalle Pou y el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, se acordó realojar los dos barrios, tanto el Abrojal como El Caimán, por completo. Según explicó, se trata de unos 60 núcleos familiares por cada barrio. El Ministerio de Vivienda aportará las viviendas y la comuna canaria los terrenos y servicios.

Según detalló el intendente, uno de los realojos ya estaba acordado y gestionado, y está próximo a ejecutarse. El otro está en una fase inicial, en la que se efectúa un censo y evaluación de las personas y familias. Señaló que buena parte de los realojos serán en Santa Lucía mismo, pero otros se realizarán en la ciudad de Canelones. “También estará la opción de comprar viviendas, a través de planes del Ministerio de Vivienda”, dijo, y adelantó que donde actualmente están los barrios se construirán espacios públicos, a los efectos de que no vuelva a instalar ni personas ni familias al borde del río.

En referencia a si la Intendencia tiene políticas para asistir a vecinos que perdieron todo, Metediera respondió que no, y que la comuna canaria apuntó a brindar ayuda relacionada con la entrega de alimentos y kits de limpieza. El intendente dijo que con respecto a lo sucedido en marzo el Ministerio de Desarrollo Social hizo poco y “llegó bastante tarde”, y que le planteó al presidente Luis Lacalle Pou si el gobierno podría ayudar a los ciudadanos que perdieron todo con opciones para adquirir elementos como camas o mesas. Comentó que, al día de hoy, Presidencia no ha dado respuesta por ese tema.