En junio de 2022, la Red de Agroecología presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Una resolución del organismo fechada en junio de este año, a la que accedió la diaria, hace un resumen de la problemática y también brinda una serie de recomendaciones a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
El motivo de la denuncia en 2022 fue la aprobación por parte del Poder Ejecutivo del Decreto 175/2022, que trata sobre la certificación de producción orgánica. Al realizar el reclamo, la organización señaló que la normativa “eliminó la referencia expresa a los sistemas participativos de garantía establecidos en el Decreto 557/08, lo que significaría una regresión para el cumplimiento de cierta parte del Plan Nacional de Agroecología”. En concreto, hizo referencia a uno de los proyectos previstos en la política pública, que versa sobre el “fortalecimiento y difusión de los sistemas participativos de garantía”. A su vez, alertó que “una contravención a dicho plan podría generar vulneraciones al derecho a la participación pública en asuntos ambientales y al desarrollo de sistemas de producción de bases agroecológicas”.
En la resolución dice que la organización planteó que el decreto “no fue considerado” por la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología, que tiene como cometido elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del Plan Nacional de Agroecología.
El documento de la INDDHH describe que un informe, proporcionado por los denunciantes, de la Asesoría Letrada del MGAP aborda el alcance de la normativa cuestionada. Allí la cartera argumentó que los sistemas participativos de garantía “no se encuentran ni explícita ni implícitamente excluidos de participar como entidades certificadoras [de producción ecológica], siempre y cuando den cumplimiento –al igual que otras entidades certificadoras– a las formalidades, requisitos, protocolos técnicos y profesionales exigidos para su registro y habilitación”. La INDDHH envió solicitudes de acceso a la información pública al MGAP, con copia a la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología y al Ministerio de Ambiente, pero afirma que “no se obtuvo respuesta”.
La resolución esgrime que, un año después de la denuncia, en julio de 2023, “las personas denunciantes informaron que el MGAP siguió adelante con la nueva normativa y que más de 150 productores que antes obtenían su certificación a través de los sistemas participativos de garantía nucleados en la Red de Agroecología quedaron fuera del proceso, por lo que ven muy limitada la comercialización de su producción. Consideran que por definición la agroecología debe ser un sistema participativo y con coordinación interinstitucional, y que el nuevo sistema, al excluir a la Red Nacional de Agroecología, deja fuera del mercado a los pequeños productores familiares”.
En este contexto, “dado que el MGAP no respondió a las solicitudes de información”, la INDDHH realizó un “relevamiento de información pública” en la página web de la cartera. Intentó acceder a las actas de la comisión honoraria “para analizar el tratamiento del tema en ese ámbito”, pero “se verificó que dichas actas no se encuentran publicadas”.
En junio de 2025, tres años después de la denuncia, la Red de Agroecología del Uruguay planteó “que la situación continuó y que en el ámbito de la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología no se rediscutió el Decreto 175/2022”. Manifestó que, cuando las organizaciones proponían tratar el tema en las sesiones, desde el MGAP respondían que “no era el ámbito para debatir sobre eso”. La resolución del organismo de derechos humanos relata lo siguiente: “Expresaron que las sesiones de la comisión se desarrollaban con un clima muy hostil por parte de las autoridades del MGAP, lo que fue desgastando la participación en ese ámbito. Asimismo, indicaron que, a raíz del Decreto 175/2022, los sistemas participativos de garantía se vieron fuertemente debilitados en lo organizativo y en lo económico. Por otro lado, indicaron que desde que asumieron las nuevas autoridades, en marzo de 2025, se mostró una mayor disposición para el diálogo sobre el tema y que, si bien hasta el momento no se había reunido la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología en este período, esperaban que se fortaleciera dicho ámbito”.
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Las recomendaciones
La INDDHH advierte que el MGAP “no respondió a las reiteradas solicitudes de información” y que, de esta forma, se configuró “la negativa de colaboración”. Enseguida, expresa que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la agricultura orgánica como “un método de gestión del ecosistema, que elimina la utilización de insumos agrícolas (como fertilizantes, plaguicidas sintéticos, medicamentos, semillas y especies modificadas genéticamente) a efectos de proteger la biodiversidad y la salud”. En esta línea, agrega que la FAO también define la agroecología como “una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social” que “se basa en la sostenibilidad, la justicia social y la producción familiar”. Recuerda que, en Uruguay, la Ley 19.717 crea la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología y declara “de interés el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, considerando que fortalecen la soberanía y seguridad alimentaria y que contribuyen al cuidado del ambiente”.
En este marco, la INDDHH define que la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología “constituye un ámbito de participación pública en asuntos ambientales, que debe ser promovido y fortalecido” con base en lo establecido en diferentes normativas, entre ellas, el Acuerdo de Escazú. Afirma que “toda modificación y/o establecimiento de normativa reglamentaria referida a la producción agroecológica debe ser considerada por el ámbito participativo respectivo, es decir, la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología”. Subraya que “el Decreto 175/2022 eliminó la referencia expresa a los sistemas participativos de garantía establecidos en el Decreto 557/08 y contemplados en el Plan Nacional de Agroecología”. Y agrega: “La Institución Nacional de Derechos Humanos considera que, en los hechos, se produjo una modificación de cierto aspecto del Plan Nacional de Agroecología”.
Define que no tratar la modificación en la comisión honoraria “constituyó una vulneración del derecho a la participación pública en asuntos ambientales y un debilitamiento del desarrollo de sistemas de producción de bases agroecológicas, lo que debe ser reparado”. Por ejemplo, una de las recomendaciones que realiza el organismo de derechos humanos al MGAP consiste en la revisión del Decreto 175/2022 en el ámbito de participación. En esta línea, también sugiere fortalecer las “capacidades de funcionamiento y decisión” del espacio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.7171. “Esto implica que se realicen las reuniones correspondientes con la integración y frecuencia indicadas por la normativa; que se otorgue efectiva capacidad de establecimiento de acuerdos, los que deben quedar registrados en actas; y que se publiquen las actas de la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología en la página web oficial”, declara. Finalmente, la INDDHH hace una recomendación “general” para el MGAP: que “fortalezca la implementación del Plan Nacional de Agroecología en sus aspectos organizativos y económicos”.
La comisión honoraria nuevamente en acción
Natalia Bajsa es investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable e integrante de la Red de Agroecología. Contó a la diaria que el decreto de 2022 fue un “golpe” para la organización. “El sistema participativo de garantía es una instancia de aprendizaje donde se visitan los predios, hay intercambio de conocimiento, se vinculan las personas que comercializan entre sí. Más allá del sello que identifica a los productores ecológicos, los sistemas participativos de garantía tienen este plus. Es un reconocimiento de que el producto es efectivamente ecológico y le da un respaldo frente a quienes lo vayan a comprar y a consumir [...]. Permiten la visita a los predios con otros productores, consumidores y técnicos. Se generan vínculos de confianza y de mejora continua. Es otra forma de aprendizaje e intercambio. Por ejemplo, si tengo un problema con una plaga, le pregunto al otro productor que viene de externo cómo lo resuelve. Siempre la información en la Red de Agroecología se comparte abiertamente”, defendió.
Formalmente, la Red de Agroecología del Uruguay fue la entidad encargada y reconocida por el MGAP para brindar certificaciones a productos bajo el sello “ecológico” desde 2015 hasta 2021. Agricultores, consumidores, procesadores, distribuidores de alimentos, organizaciones sociales y técnicos integraban su programa de certificación participativa. La situación cambió hace cuatro años cuando el MGAP anunció que suspendió la habilitación de la organización para certificar la producción ecológica.
Bajsa señaló que, en 2021, la cartera “hizo un informe negativo y no se renovó la habilitación de la certificadora”. “Esto fue necesario para cambiar la normativa, después sacaron el decreto con la promesa de que se iba a hacer un llamado a certificadoras y que iba a poder presentarse el sistema participativo de garantía o cualquier empresa con nuevas condiciones. El llamado demoró mucho, salió el año pasado. En medio, el MGAP fue quien estuvo certificando. Durante un año nadie certificó y perjudicó a los productores, que no tenían su certificación vigente, y también estaba la incertidumbre de que no sabían qué iba a pasar. De hecho, el ministerio lo que hizo fue reconocer los certificados que ya había emitido la Red de Agroecología”, expresó. Enseguida, remarcó que el decreto de 2022 significó “una pérdida de derechos y una pérdida respecto de la posibilidad de funcionamiento del sistema participativo de garantía”. Finalmente, en junio de este año, la Red de Agroecología se inscribió para volver a estar habilitada como certificadora; aún no han tenido respuesta oficial.
Tras el cambio de gobierno, la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología no se ha reunido, aunque sus integrantes han tenido encuentros informales con las nuevas autoridades del MGAP. Está previsto que en noviembre comience a funcionar nuevamente el espacio de participación. Recientemente se hizo un llamado para organizaciones de la sociedad civil que quieran formar parte. Bajsa comentó que la semana pasada fue notificada de que los representantes serán la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología, la Red de Huertas Comunitarias, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Alianza del Pastizal y las Cooperativas Agrarias Federadas. Finalmente, sobre la resolución de la INDDHH, la investigadora dijo que es “acorde a los reclamos que hizo la Red de Agroecología en todo este tiempo”.
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