Este lunes, la diaria difundió el contenido de las resoluciones en las que el Ministerio de Ambiente otorgó las autorizaciones ambientales previas a las cuatro empresas que presentaron proyectos de exploración sísmica en nuestra plataforma marina. El objetivo de las prospecciones es saber si existen reservorios de hidrocarburos y venderles la información a compañías petroleras. Los nombres de las empresas son Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.
Las prospecciones sísmicas se llevarán adelante a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa y a profundidades de entre 50 y 5.000 metros. En concreto, serán en los bloques offshore 1 y 4. Parte de estos territorios se solapan con dos áreas prioritarias para la conservación marina: el talud continental y el área de cría permanente de merluza. La cartera estableció una serie de condicionamientos para las actividades, por ejemplo, la prohibición de “activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos (ballenas y delfines, entre otros animales), tortugas y pinnípedos (lobos y leones marinos) en un radio de 1.000 metros desde la fuente de sonido”. Sin embargo, varias organizaciones emitieron comunicados manifestando su preocupación y rechazo a la decisión.
La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) compartieron una misiva donde dicen que ven con “mucha tristeza y preocupación” la decisión del Ministerio de Ambiente. Recuerdan que existe una medida cautelar presentada ante la Justicia, que “aún no se ha manifestado al respecto”. “Las medidas de mitigación y las restricciones que teóricamente se les impondrán a las empresas resultan, además de insuficientes, extremadamente difíciles de implementar y de controlar. Como es lamentablemente tradición en el proyecto petrolero, el Estado y las empresas llevaron adelante un simulacro de democracia, realizando varias audiencias públicas, pero nunca teniendo realmente en cuenta la voz del pueblo, que desde hace meses viene manifestando su contundente oposición a estos proyectos destructivos y anacrónicos”, expresan. Afirman que el movimiento “no se va a detener” y convocan a una manifestación el 15 de diciembre a las 15.00 en la puerta del Ministerio de Ambiente.
La Red Unión de la Costa expresa en otro comunicado su “rechazo categórico” a la decisión de la cartera. “Si bien las resoluciones detallan que el ministerio cumplió con las plazos reglamentarios, instancias formales y consultas interinstitucionales, también dejan claro que la participación de la sociedad civil fue tratada como un trámite, sin demostrar que los aportes realizados por organizaciones, colectivos costeros y actores científicos hayan sido valorados, ponderados o incorporados realmente en el análisis. Las resoluciones se limitan a mencionar que hubo ingresos de comentarios o informes, pero ninguno de ellos incide en la decisión final”, señala.
Entiende que “esta práctica vacía de contenido las obligaciones del Estado bajo el Acuerdo de Escazú, que exige una participación temprana, significativa y con capacidad real de influencia en decisiones ambientales de alto impacto”. Insiste en que “cumplir con el trámite sin asegurar su incidencia no es participación, es apenas un formalismo administrativo contrario al espíritu y la letra del acuerdo”. “Resulta especialmente grave que un gobierno que se presenta como progresista y comprometido con la justicia social y ambiental termine habilitando operaciones sísmicas destinadas a facilitar inversiones de grandes corporaciones transnacionales ligadas al petróleo, priorizando intereses privados por encima de la soberanía ambiental, la pesca artesanal, los ecosistemas marinos y las comunidades costeras”, declara.
Lamenta que, “pese a que Uruguay ha construido una matriz energética casi limpia, reconocida internacionalmente por su altísima proporción de energías renovables, estas autorizaciones empujan al país en la dirección contraria, reinstalando la lógica fósil”.
La Red Unión de la Costa considera que autorizar la prospección sísmica “contradice no sólo las políticas nacionales de transición energética, sino también el rumbo global, colocando a Uruguay en una posición incoherente con sus propios logros y compromisos climáticos”. Sostiene que la transición energética “justa y democrática” debe construirse “priorizando el interés general, asegurando la igualdad intergeneracional y preservando nuestros recursos”. A su vez, plantea que “no puede construirse abriendo el camino al extractivismo offshore, con impactos irreversibles sobre la biodiversidad, especies sensibles, incluyendo cetáceos, tortugas y peces de valor comercial y economías locales que dependen del mar”. Entre otros puntos, define que, “desde una perspectiva estrictamente ecológica, resulta preocupante la ausencia de información robusta sobre la mitigación de daños en los organismos bentónicos, que constituyen la base funcional de gran parte de la cadena trófica marina en la plataforma uruguaya”.
Exige la “revisión inmediata” de las resoluciones, la “publicación de la matriz de evaluación que explique cómo fueron considerados o por qué fueron descartados los aportes ciudadanos” y la “apertura de instancias reales de participación, donde la sociedad civil pueda influir efectivamente en las decisiones”. “La defensa de la vida del mar uruguayo, de sus ecosistemas y de las comunidades costeras no es negociable”, finaliza.