El 5 de junio, día en que se conmemora la protección del ambiente a nivel mundial, un mosquito fumigaba un cultivo a poca distancia de una escuela agraria, ubicada aproximadamente a cinco kilómetros de la ciudad sanducera de Guichón. El olor fue definido como insoportable, varios estudiantes que esperaban el ómnibus para volver a sus casas quedaron expuestos a las sustancias que se aplicaban a pocos metros y, por esta razón, la situación fue denunciada ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Según consta en un informe elaborado por el Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Servicios Agrícolas, al que accedió la diaria, la persona denunciante describió que luego de la fumigación sufrió ardor de garganta y dolor de estómago. Una semana después del hecho, dos técnicos de la repartición concurrieron al lugar. Tomaron muestras de agua de la cocina del centro educativo, que se abastece de agua subterránea, y también recogieron “una muestra del patio de la escuela agraria compuesta de hojas de los árboles presentes y pasto”.
Durante el recorrido hicieron una “inspección técnico-agronómica” en el predio de la escuela y no observaron “síntomas de daños por herbicidas en los árboles ni en la vegetación de los patios”. Sin embargo, detectaron que el predio ubicado frente a la escuela tenía “una chacra recientemente sembrada coincidiendo con el campo donde se realizó la aplicación denunciada”. Los técnicos no vieron “otros cultivos en los que pudiera haber aplicaciones en la zona aledaña a la escuela agraria”. En este sentido, caminaron por el campo privado y hallaron que “había una zona libre de cultivos y síntomas de aplicaciones delimitada con un alambre correspondiendo con los 300 metros de exclusión de aplicaciones al centro educativo”. “La distancia fue chequeada al momento de la inspección habiendo realizado medidas en varios puntos con GPS desde el borde de la siembra hasta el borde más cercano del padrón de la escuela”, afirma el informe de la cartera agrícola.
El documento menciona que el propietario del cultivo, Juan Andrés Miller, dijo que realizó una fumigación en el sitio a las 17.00 con los herbicidas glifosato, cletodim y clopiralid. El documento consigna que fue realizada con un mosquito de la empresa del privado que “no contaba con registro en el RUO [Registro Único de Operadores] al momento de la aplicación”. “Declaró que al tratarse de una aplicación en su propio cultivo consideró que no precisaba registrarse. Presentó el carné de aplicador del empleado que realizó la aplicación”, se describe en el informe del MGAP. El privado se registró en el RUO 25 días después de la fumigación.
El Laboratorio de Residuos de Plaguicidas de la Dirección General de Servicios Agrícolas analizó las muestras de agua y material vegetal que fueron tomadas una semana después de la fumigación. Analizaron los tres herbicidas que el privado declaró y en “la muestra de agua además se solicitaron otros principios activos de uso común en la agricultura de la zona”. “No se encontraron residuos de plaguicidas en la muestra de agua colectada en el centro educativo”, asevera el documento. Por otro lado, la muestra vegetal tomada del patio de la escuela sí tuvo resultado positivo para “el principio activo glifosato en una concentración de 0,046 ppm”. “Mediante este resultado del análisis químico de la muestra vegetal, considerando además que no se constataron otras aplicaciones de herbicidas en las cercanías del centro educativo, se comprueba que durante la aplicación de herbicida hecha por la empresa Juan Andrés Miller con fecha 5/6/2025 en el campo cercano al predio de la Escuela Agraria Guichón se provocó deriva hacia la misma”, consigna el informe.
El MGAP afirma que el privado incumplió el artículo 7 del Decreto 264/004, que establece que “toda aplicación de productos fitosanitarios que se efectúe, a cualquier título, sea de naturaleza comercial o no comercial, deberá realizarse sin que se produzca deriva, siendo de responsabilidad del aplicador los posibles daños que la misma pudiera ocasionar”. Los técnicos recuerdan que “en determinadas horas de los días hábiles hay tránsito de estudiantes desde la escuela agraria hacia la ruta y viceversa”, y que se ha manifestado “preocupación por la presencia de aplicaciones fitosanitarias en la zona y las consecuencias que pudieran tener en la salud de los alumnos”. Por estas razones, recomienda “a todas las partes involucradas recurrir al diálogo para tomar las precauciones debidas y necesarias con el fin de evitar exponer a los estudiantes a situaciones similares que puedan acontecer en el caso en que se realicen futuras aplicaciones”.
Más allá de la denuncia puntual: una problemática de salud pública
Luego de conocer el informe del MGAP, el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales emitió un comunicado en el que remarca la detección de la “presencia de herbicida glifosato en el patio del centro educativo”. “Cabe recordar que esta situación ocurre en un lugar declarado corredor turístico y de protección ambiental”, señala, en referencia al Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Microrregión de Guichón. Con el objetivo de buscar soluciones, a mediados de julio, la organización mantuvo una reunión con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo. El colectivo detalló que le comentaron “las problemáticas socioambientales con potenciales afectaciones a la salud” que vive su comunidad.
“Desde hace más de una década nuestra organización ha venido señalando la problemática ambiental y posible afectación a la salud humana en la zona vinculada a los nuevos modelos productivos; el forestal y el agronegocio sojero. Con el transcurso del tiempo se ha podido reunir algunas evidencias que señalan los riesgos a los que nos exponemos las comunidades en las que se da este modelo de desarrollo. También el trabajo comprometido de diferentes actores académicos ha aportado sustento técnico y científico a nuestras denuncias”, explican.
En concreto, le solicitaron a la cartera de Salud Pública que “realice un registro de las consultas médicas de personas expuestas a situaciones de afectación por prácticas vinculadas al agronegocio”. También le manifestaron interés en “tener conocimiento de la calidad del agua que se consume” en Guichón y que “se generen políticas públicas vinculadas a la salud ambiental de comunidades rurales” teniendo en cuenta “tanto a los actores territoriales como académicos en la elaboración de las mismas”. Marcelo Fagúndez, integrante del colectivo, detalló a la diaria que otro punto que estuvo presente en la reunión con Briozzo fue la fumigación a poca distancia de la escuela agraria. “Le pedimos que en estos casos el centro auxiliar de Guichón pueda actuar de oficio y hacer algún tipo de chequeo, en este caso, a los alumnos de la escuela agraria que estuvieron expuestos a una aplicación con agroquímicos”, subrayó.
Briozzo dijo a la diaria que durante el encuentro los vecinos le expresaron “las preocupaciones que tenían con respecto a algunos temas vinculados con el impacto en la salud humana de la producción con el uso de agrotóxicos en la zona”. En particular, le contaron sobre “casos documentados, en los cuales había habido exposición a agrotóxicos que habían provocado reacciones en las personas”. “Se refirieron a un evento en una escuela agraria donde se había fumigado en la cercanía y había provocado eventos respiratorios en algunos de los alumnos. Nos pareció algo bastante grave, planteamos la necesidad de que fuera denunciado para poder investigarlo”, apuntó el jerarca y destacó el rol de la División de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública.
“Creemos firmemente que Uruguay requiere una transición de los modelos productivos hacia la sostenibilidad medioambiental que tenga en cuenta la salud humana. Es fundamental este tema, nosotros creemos que no hay contradicción entre seguir produciendo buena cantidad de alimentos y mejorar su calidad”, declaró el subsecretario de la cartera. Enseguida adelantó que están trabajando con dos de los nuevos institutos de la Universidad de la República: el Instituto de Investigación Una Salud y el Instituto de Transiciones Sostenibles de Sistemas Alimentarios. “Pensamos que es fundamental que Salud Pública se involucre en estos temas que afectan de manera muy importante la salud humana”, remarcó.
Lugar donde varios estudiantes de la escuela agraria de Guichón fueron expuestos a fumigaciones de un campo vecino.
El jerarca también expresó que una de las “prioridades” en el medio rural es tener “normativas actualizadas” para la detección en el ámbito de la salud de los efectos de los plaguicidas. “Se ha demostrado con evidencias nacionales de gran calidad que estos agrotóxicos son perjudiciales para la salud. Hay un estudio de la doctora [Jimena] Heinzen y su grupo de colaboradores en la zona del litoral que demostró con claridad que las mujeres que se exponen a agrotóxicos durante el embarazado van a tener menor peso en el feto al nacimiento, lo cual hablaría de un efecto del deterioro muy importante”, recordó. Los resultados de la investigación académica mencionada fueron publicados en la sección Ciencia de la diaria y son tan sólo un ejemplo de la valiosa evidencia que genera la Universidad de la República sobre la problemática.
¿Qué implica la diferencia de poder al momento de denunciar?
“Hay mucha gente muy preocupada porque yo no me caliente. La verdad que ya estoy viejo, ya uso lentes. Cuando tengo situaciones de este tipo, en realidad, cito en el juzgado a las personas”, dijo David Helguera, exdiputado suplente y excandidato a intendente de Paysandú por el Partido Colorado, en referencia a la persona que presentó la denuncia ante el MGAP. El político es productor rural y oriundo de la zona, donde tiene mucha influencia. El jueves concurrió junto con Juan Andrés Miller –dueño de los cultivos y quien estuvo presente durante la inspección de la cartera agrícola– a la radio FM Cordialidad de Guichón donde habló sobre la fumigación cerca de la escuela agraria. “Juan Andrés estaba trabajando en los campos de mi familia, de mi casa, que yo administro, así que somos todos parte de este episodio”, afirmó.
Durante su exposición, aseguró que tiene “especial cariño por el campo”. “Ojalá todos los orientales miraran al campo con la mirada que hay que tener, porque el campo uruguayo es el que le da de comer no sólo a la ciudad, sino que es el que genera recursos para que puedan tener recursos los distintos ministerios. Ustedes saben que yo soy un hombre de gobierno, hace 20 años que ando en esto de gobernar, y esa es una de las razones por las cuales nos miran con lupa”, lanzó. Desde la perspectiva del político, la denuncia en su contra fue presentada de “mala fe” y en numerosas ocasiones descalificó a la persona que presentó la denuncia ante el MGAP. “Ni una sola vez, desde el 96 que yo administro [el campo], hemos tenido un episodio. Sí denuncias, porque, bueno, hay gente que está al cuete en su casa, que no hace nada y se dedica a denunciar al que labura”, opinó.
“Uno trabaja y produce riqueza para este país. ¿Sabe cuánto pagamos de impuestos nosotros esta semana? 20.000 dólares. ¡Y qué feliz estoy yo! ¡Qué feliz poder decir que pagamos 20.000 dólares de impuestos esta semana, y es porque se trabaja, se produce y no se viola ninguna ley, y porque no estamos para joderle la vida a ninguna escuela, a ninguna comunidad!”, dijo. Agregó que si su familia vendiera el campo, “nos iríamos con cuatro millones de dólares a Montevideo o Punta del Este”. “Dejémonos de embromar, de joderle la vida a un vecino que la única cosa que hace es trabajar, paga sus impuestos rigurosamente y, en mi caso, soy gobernante. Por eso vine a dar la cara”, declaró Helguera.
“Ni se les ocurra hacerme calentar, porque acá en esta ciudad estamos llenos de fincas ruinosas, que nadie dice nada, de vertederos en mal estado, que nadie dice nada, de falta de saneamiento en las termas de Almirón, que nadie dice nada, y yo no voy a opinar nada porque no gobierno acá en Guichón”, emitió el excandidato. Por su parte, Miller se limitó a decir que no se aplicó ningún producto “prohibido”. “A nosotros no es que se nos ocurre echar cosas y que esas cosas van a matar a la gente. No, no es así. Se crea una bola de nieve; a lo que yo voy es que se da más manija de lo que realmente es. No sé, no me preguntes por qué hay gente que está en esa. Yo lo único que hago es levantarme todas las mañanas para ir a trabajar, mantener mi empresa, me ocupo de mis empleados, que estén bien. De vez en cuando pasan estas cosas. No estamos fuera de la ley [...]. Estas cosas que de vez en cuando te pasan realmente te dejan mal parado, pero no hay otra manera de producir. Capaz que en un futuro inventan alguna cosa y no se usan más estos fitosanitarios, los mal llamados agrotóxicos, que para mí eso es dar manija, es meterle a la gente cosas que no son. ¿Por qué hablar mal, expresarse mal?”, inquirió.
La exposición de ambos productores agropecuarios duró más de media hora. Durante la instancia minimizaron los impactos de la fumigación. Helguera comparó el olor de los agrotóxicos que le causaron malestar a la persona denunciante con el olor a un perfume, definió como “chusmerío” dar a conocer la situación y criticó a los “medios zurdos de todo el país” que le dieron lugar en su agenda. la diaria intentó comunicarse con el político, pero no obtuvo respuesta.
Ordenamiento territorial; herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunidades
El Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales es un firme defensor del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Microrregión de Guichón. “Desde la sociedad civil acompañamos todo lo que fue el proceso de la elaboración, que duró nueve años, de 2011 a 2020, que es cuando definitivamente se aprueba. Durante todo ese tiempo hicimos aportes, observaciones. Desde 2020, que se aprobó el Decreto 8058/20, estamos exigiendo a las autoridades territoriales que lo apliquen”, recordó Fagúndez. La normativa regula varias cuestiones. Por ejemplo, las distancias mínimas para realizar fumigaciones cerca de poblados y centros educativos, las distancias mínimas para tener actividad productiva respecto a la Unidad Potabilizadora de Agua (que se encuentra cerca de la escuela agraria) y las distancias mínimas para la actividad forestal con respecto a las zonas urbanas y suburbanas. También determina que el gobierno departamental “ejercerá la policía territorial a los efectos de identificar todas aquellas acciones, obras, fraccionamientos, loteos u operaciones de todo tipo realizadas en contravención de las normas aplicables y sancionar a los infractores”.
La organización afirma que ciertos artículos de la normativa no se están cumpliendo y les genera preocupación. Por esta razón, se reunieron con Paola Florio, directora de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. “Ellos transmitieron su preocupación acerca de la ausencia de aplicación de la policía territorial en la efectiva gestión del plan. Nos comentaban que no se había puesto en funcionamiento y en vigor la Comisión de Seguimiento que establecía el plan y eso implicaba que no había la suficiente mirada sobre la efectiva gestión”, apuntó Florio a la diaria. Expresó que son varios los organismos que deben estar involucrados en el proceso y que, para que sea “saludable”, va a entrar “en contacto con los equipos de planificación del departamento de Paysandú, que asumieron muy recientemente”.
Sin embargo, aclaró que la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial puede “intervenir en la medida de promover y trabajar de manera conjunta y colectiva para poder resolver determinados conflictos”, pero “hacer cumplir la policía territorial forma parte de la competencia directa de los gobiernos departamentales”. Entiende que el ordenamiento no implica únicamente “cumplir o no con la norma”, sino que es necesario entender que “esas normas responden a mejorar la calidad de vida de los habitantes”.
“Habrá que conversar con ellos [la Intendencia de Paysandú] para ver cuáles son las previsiones y, por otro lado, promover conversaciones con el MGAP a los efectos de trabajar de manera coordinada y articulada en lo que es la gestión de los territorios”, remarcó Florio. A su vez, la jerarca destacó que el viernes recibieron una denuncia puntual, asociada a la fumigación en la zona de la escuela agraria. Recordó que las distancias de fumigaciones con respecto a centros educativos están previstas tanto en normativa departamental como nacional. Actualmente están trabajando en un informe sobre la situación. Desde su visión, el trabajo sobre la temática debe pensarse de forma coordinada entre diferentes actores.