Agroquímicos incidieron en nacimientos con bajo peso y prematuros en localidades del litoral de Uruguay

Si algo pudo verse en el último proceso electoral fue la convergencia de los distintos partidos políticos respecto de algunos grandes problemas de nuestra sociedad, al menos en lo que refiere a su reconocimiento y la necesidad de hacer algo al respecto. Las políticas destinadas a la primera infancia estuvieron en boca de los principales candidatos y fuerzas que los impulsaban.

De fondo, cifras que entristecen. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023 la pobreza entre los menores de seis años cerró el año en 20,1%, apenas por encima del nivel que tenía en 2022 y 3,1% más que lo registrado en 2019, último año del gobierno anterior (entonces se ubicó en un tampoco tranquilizador 17%). Bajar la pobreza infantil, entonces, fue uno de los objetivos tanto de quienes perdieron como de quienes ganaron en las urnas. Pero no sólo: alentados a atacar un tema sensible, los programas iban más allá de la pobreza para intentar brindar mejor atención durante la primera infancia —tanto a niñas y niños como a sus madres y hogares—, lo que incluía entonces también políticas de salud.

VIDEO: Estudio revela impacto de agroquímicos en embarazadas del litoral uruguayo

La sensibilidad y la coherencia del sistema político además venían fomentadas por un acuerdo que llevó a que en setiembre de 2024 se votara por unanimidad en la Cámara de Diputados un proyecto que crea una Estrategia Nacional de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y un Plan Estratégico Nacional con proyección quinquenal orientado a garantizar el “desarrollo, atención, protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el cumplimiento efectivo de sus derechos”.

Paralelamente, la tasa de natalidad de nuestro país viene en caída desde hace décadas, pero entre 2016 y 2023 bajó a los valores más bajos registrados en el país. En ese período la tasa de fecundidad se ubicó en apenas 1,2 hijos por mujer (para que una población se mantenga estable esa tasa promedio debe ubicarse en un valor de 2,1 hijos por mujer durante toda su vida reproductiva). En otras palabras, si en Uruguay hay menos nacimientos, el aumento de la pobreza infantil se c0mplejiza: nacen menos, pero de esos pocos, más lo harán en hogares pobres. La baja tasa de natalidad nos empuja entonces a tratar más y mejor a cada niña y niño que se está gestando (así como a su madre y entorno).

Quedó claro durante la campaña electoral también que las políticas sociales requieren recursos. Algunos plantearon administrar mejor los ya existentes, otros hablaron de la necesidad de redistribuir la riqueza, y muchos sobre la necesidad de hacer crecer nuestra economía para poder atacar la diversidad de problemas con mayor cintura. Siendo un país agroexportador, lograr que la tierra produzca más parecería una forma genuina de generar más recursos para, entre otras cosas, financiar políticas para la primera infancia (bajo esa idea de aumentar la producción, por ejemplo, se lanzaron las propuestas de planes de riego presentadas por ambos candidatos que fueron al balotaje, disponiéndose ahora la fuerza ganadora avanzar en un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego).

Ahora, ¿qué pasaría si la producción agropecuaria afectara, para mal, a la primera infancia que se busca proteger? ¿Qué pasaría si la forma en que estamos produciendo hoy alimentos perjudica a los pocos niños y niñas que nacen en el país? Tales preguntas nos asaltan al leer el artículo Agroquímicos y efectos negativos en resultados obstétricos de Uruguay entre 2010 y 2017 recientemente publicado en la revista científica Ambiente e Sociedade.

El trabajo liderado por Jimena Heinzen, entonces en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, tiene como coautores a Reinaldo Souza-Santos, Frederico Peres y Andréa Sobral, de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz, Brasil. ¿Por qué tantos investigadores brasileños en un trabajo que observó afectaciones en los embarazos de 5.725 mujeres de 51 localidades de Paysandú, Río Negro y Soriano, algo si se quiere muy nuestro? Porque el artículo se desprende de la tesis de maestría en Epidemiología en Salud Pública que Jimena, especializada en Medicina Familiar y Comunitaria, realizó con docentes del instituto brasileño al que coloquialmente se le dice Fiocruz (siendo Andréa Sobral su tutora).

La investigación consistió en un estudio ecológico —ya veremos eso en más detalle— que tenía como objetivo analizar “la correlación entre residencia en zonas rurales cercanas a cultivos que utilizan agroquímicos con peso al nacer y edad gestacional de hijos e hijas de mujeres embarazadas del área rural del litoral oeste de Uruguay, durante 2010-2017”. Y ya al leer el resumen del trabajo, la garganta se anuda y el pecho implota: “Se obtuvieron correlaciones positivas y significativas para ambos resultados obstétricos con la tipología cultivos regados y de secano menores a 4,5 hectáreas”. Vale aclarar que en este caso una correlación positiva es algo muy negativo: implica que la presencia de ambos tipos de cultivo —y por tanto, según el marco de la investigación, de los agroquímicos allí empleados— en el área de dos kilómetros circundantes a esas localidades donde estaban las mujeres embarazadas incidía en que se registraran más nacimientos con bajo peso o antes de las 37 semanas de gestación. ¡Glup! Así que más rápido que lo que uno debería salir a buscar refugio al ver venir un mosquito rociando glifosato, salimos al encuentro de Jimena Heinzen.

¿Cómo surgió la idea de hacer este trabajo?

Jimena cuenta que desde hace unos 15 años forma parte de grupos de investigación que han trabajado la relación entre la salud de determinados colectivos en el medio rural y la exposición a agroquímicos. “Ahora conformamos una línea de trabajo que se llama Salud Colectiva y Territorios Rurales, y somos compañeros y compañeras de distintas disciplinas”, cuenta refiriéndose a que allí hay gente de las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias. “En ese marco surge la posibilidad de hacer una maestría, y como entonces estaba viviendo en Paysandú, la idea fue hacer algo que tuviera que ver con el territorio donde estaba y que aportara a nuestra línea de trabajo”, relata.

El grupo ya había trabajado en Guichón tratando de formar una mesa de monitoreo participativo, ya que los pobladores de esa localidad llegaron al grupo preocupados por la presencia de agroquímicos en la zona. “Nosotros ya habíamos trabajado con sindicatos, trabajadores y trabajadoras, que son un poco los que más están expuestos, con vecinos y vecinas, como en el caso de Guichón o Young, y en ese marco de la maestría surgió esta cuestión de ver qué pasaba en otros grupos poblacionales que hasta ahora no habíamos trabajado, como es el caso de las embarazadas, que son una de las poblaciones vulnerables, o que tiene mayores posibilidades de riesgo frente a la exposición a agroquímicos”, dice Jimena entonces sobre por qué perfiló la investigación hacia el bajo peso al nacer y la prematuridad en esas zonas.

También sus docentes de Fiocruz incidieron en la forma en que se realizó el trabajo: “Venían a Montevideo a darnos las clases, y su planteo era que para la maestría trabajáramos con datos secundarios”, dice un poco contrariada Jimena. Es que a ella le gusta el trabajo de campo con la gente —recordemos, es médica familiar y comunitaria y lleva años haciendo extensión en el territorio— y para esta investigación trabajó con bases de datos, imágenes satelitales y su computadora. Sin embargo, hay una buena razón para todo esto: “La maestría, según los brasileños, es para ser aprendiz de brujo, y después cuando uno sea doctor o esté en el doctorado, va a ser brujo mismo”, señala. Traducido para quienes no tienen una carrera académica: generar datos nuevos vendrá después, más vale hacer la maestría rápido con datos ya disponibles. Jimena, pese al trabajo en una computadora, está de acuerdo con el encare brasuca: “A veces nosotros en Uruguay queremos hacer una mega súper investigación y eso después te lleva muchísimo tiempo”.

Con el origen del trabajo aclarado, vayamos ahora a algunas de sus características.

El problema de la falta de datos

Si bien la pandemia retrasó un poco su maestría, Jimena se encontró con otro gran escollo.

“Para esta investigación nos enfrentamos a un gran problema porque en Uruguay tenemos muy pocos datos con respecto a la exposición de agroquímicos. Prácticamente ninguno, y ese es un problema grave”, señala. Y dado que es médica de familia, pone un ejemplo.

“Si atiendo un caso de sífilis y lo registro en la historia clínica del paciente, automáticamente salta una alarma y eso le llega al Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, respecto a la exposición a agroquímicos no tenemos ningún sistema de ese tipo en el sistema de salud”, sostiene. “Tampoco tenemos ningún sistema que nos dé información de qué es lo que se aplica, ni cuánto se aplica, ni dónde se aplica, ni qué sustancias. El único dato que tenemos son las importaciones de agroquímicos. Como acá en Uruguay no se producen agroquímicos, podríamos usar lo que se importa como un aproximado de lo que se está aplicando”, agrega.

Y lo que se está importando es bastante. Por ejemplo, en 2021 se importaron más de 10.000 toneladas de ingredientes activos para agroquímicos, encabezando la lista el glifosato, con 6.325 toneladas.

“Hubo algunos intentos de monitoreo con drones, o ponerles GPS a los mosquitos, hubo algunos pilotos vinculados a eso, pero no se dio seguimiento o desarrollo a esas propuestas”, retoma Jimena. Incluso en ese sentido hemos dado pasos atrás. Durante la pandemia, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió que en lugar de declarar las aplicaciones de agroquímicos obligatoriamente, los productores apelaran a su “libertad responsable” y dieran esa información de forma voluntaria, algo que fue duramente criticado por la academia, el sindicato del MGAP, trabajadores asalariados rurales y productores apícolas, entre otros colectivos.

“Lo otro que hay que podría usarse como dato son las recetas de los agrónomos, pero esa no es una información de acceso público. Hay algunas sustancias que son más peligrosas, para las cuales hay que hacer una receta especial, pero esos datos no están públicos”, lamenta Jimena. Pero aun así, el panorama sería incompleto. Tomemos el caso del glifosato, el agroquímico más importado y que forma parte imprescindible del paquete a aplicar con la soja transgénica (la principal modificación genética de esas plantas es la de resistir a este herbicida). Diversas investigaciones han demostrado que es dañino para la salud humana, animal y del ambiente. ¿Requiere “receta” su aplicación? “No”, contesta Jimena. Así las cosas, tener las recetas emitidas tampoco daría real cuenta de qué se está aplicando.

“Lo ideal, que otros países sí tienen, es un registro sistemático de qué se aplica, qué sustancias, qué cantidades, en qué momentos del año. Ese registro en nuestro país no existe”, retoma Jimena. “Y si nos vamos a la parte de la salud, que es la que a mí más me compete, tampoco tenemos un registro o un seguimiento de problemas de salud que podrían estar relacionados a la exposición a agroquímicos. Sin esa información, ¿cómo podemos decir que esto es un problema?”, plantea entonces.

A ese problema se suma otro, que es propio del tema que investiga, el de cómo los agroquímicos impactan en la salud. “Volvamos al ejemplo de la sífilis. Si le hago un análisis de sífilis a una persona y me da positivo, no tengo cómo errarle, tiene sífilis. Pero en lo que tiene que ver con las exposiciones ambientales, a lo que alguien se expone en su vida diaria a través de los alimentos, del agua, o del aire, puede tener manifestaciones a nivel clínico muy variadas y pueden ser diferentes entre las personas. De repente, en un grupo de trabajadores y trabajadoras que se exponen a agroquímicos mientras trabajan, alguno tenga broncoespasmos, otro tenga una alergia en la piel y alguno capaz que no tiene nada. Al mismo tiempo, esas manifestaciones clínicas también pueden ser causadas por otras cosas”, sostiene. “Entonces, en el razonamiento clínico-médico tradicional, no siempre estamos buscando y escarbando lo que podría estar causando lo que el paciente trae, no siempre estamos preguntándole dónde vive, de qué trabaja, a qué se expuso”, explica.

En la investigación puede buscarse la presencia de determinado químico en la sangre y orina, pero eso no es algo que se haga de forma rutinaria en ningún servicio médico, y menos aún cuando la persona trae síntomas que, como dice Jimena, pueden ser desencadenados por otro gran montón de causas. “Aunque yo no lo pueda decir con 100% de seguridad, porque muchas veces en la clínica decir que A produce B es muy complejo, una sabe que determinadas cosas aumentan el riesgo o las posibilidades de que determinada cosa pase, por lo que deberían ser cosas a vigilar”, sostiene Jimena, que entonces pone el ejemplo del tabaco.

“Nuestro país es pionero por las políticas antitabaco y de cuidado de la salud. Si bien hay distintos tipos de cáncer, está fehacientemente comprobado que la nicotina produce cáncer de pulmón. Pero hay otras enfermedades para las que sabemos que el consumo de tabaco está asociado, que fumar aumenta las chances de que algunas personas puedan llegar a desarrollar tal o cual cosa. Aun así, tenemos una política de tabaco que nos cuida de todas esas enfermedades y no sólo del cáncer de pulmón. En este caso de los agroquímicos, podría ser algo parecido. De repente yo no le puedo decir a la vecina que lo que ella tiene es por el glifosato en base a una única consulta clínica, pero sí puedo decir que lo que tiene puede estar relacionado con el glifosato, o que la exposición al glifosato puede empeorar una condición que la persona ya tiene de antes. Si por ejemplo tiene asma desde pequeña, la exposición al glifosato puede empeorar la condición o puede provocar más crisis. Eso sí lo podemos pensar”, enfatiza entonces.

“Tenemos que mirar este tema desde una perspectiva seria de salud pública, de prevención. Sabemos que determinadas sustancias pueden generar determinadas cosas, entonces, o controlamos qué se aplica, cómo se aplica y dónde, para hacerles un seguimiento a las personas expuestas, o vamos a ver qué les pasa a esas personas y tratamos de ver si eso se puede relacionar con la aplicación de agroquímicos”, dice entonces. Ese segundo abordaje es el que, a falta de datos para el primero, los llevó a hacer un estudio ecológico que les permitió superar la falta de datos de aplicación de agroquímicos.

¿Por qué un estudio ecológico?

El trabajo entonces se propuso ver qué había en el ambiente —tomando un radio de dos kilómetros alrededor de las localidades estudiadas— de forma de determinar si algunas actividades productivas asociadas al uso de agroquímicos incidían en esta población vulnerable que son las mujeres gestantes y sus criaturas. Al no haber información de aplicación de agroquímicos, apelaron a imágenes satelitales para ver los usos del suelo de 51 localidades de los tres departamentos del litoral, ya que con base en esos usos del suelo se puede tener una idea de qué productos químicos se están aplicando en los diversos cultivos de la zona (para ello entrevistaron a cuatro académicos expertos en producción agrícola, dos de ellos radicados en Paysandú).

“Tomamos un modelo de unos investigadores de Argentina, del Gran Buenos Aires, que ante la falta de registros sistemáticos y en tiempo real de lo que se aplica proponen hacer modelos teóricos en base a los cultivos presentes. Por ejemplo, tomando un cultivo de soja clásico, sin ninguna complicación, el paquete de aplicación de agroquímicos es bastante estandarizado”, remarca Jimena. “Hicimos entonces como una medida indirecta de la aplicación de agroquímicos a través del relevamiento de imágenes satelitales que permiten determinar el tipo de uso de suelo. Al determinar un cierto uso, estimábamos un conjunto teórico de agroquímicos que se podrían estar utilizando”, agrega.

“Pusimos el foco en soja porque es un poco lo que más preocupa a las personas, pero no es el único cultivo que utiliza agroquímicos de forma intensiva ni es el único cultivo que hay en la zona que estudiamos. Por ejemplo, también hay mucha forestación, que también utiliza agroquímicos en distintos momentos y con distinta intensidad. Y también los utilizan los otros cultivos que rotan con la soja, como el sorgo, maíz, canola y otras cosas”, agrega. Todos esos cultivos en el trabajo entran en la categoría “cultivos de secano”, ya que no utilizan riego.

“Entonces lo que hicimos fue tomar un desenlace en el que hay evidencia a nivel internacional de que la exposición a agroquímicos puede llegar a generar efectos negativos”, dice con relación al bajo peso al nacer y la prematuridad. Ese otro conjunto de datos con el que trabajaron fue proporcionado, luego de un pedido de acceso a la información pública, por el Ministerio de Salud Pública, que les brindó información de los embarazos y partos del período 2010-2017, tomados del Sistema de Información Perinatal, desarrollado en nuestro país el siglo pasado en el Centro Latinoamericano de Perinatología que liderara Caldeyro Barcia.

“Los estudios ecológicos como este tienen la potencia de que pudimos evaluar un número de casos grande, ya que abarcamos a 5.735 mujeres que cursaron sus embarazos en las zonas rurales de los departamentos del litoral de Soriano, Río Negro y Paysandú”, destaca Jimena. ¿Por qué ver qué pasaba en esos departamentos? “Elegimos esa zona del litoral porque es como el granero del país y donde más se extendió, a partir de los 2000, el modelo de cultivos intensivos y extensivos de secano”, dice con toda lógica.

“Los estudios ecológicos sirven justamente como para aproximarse a un problema, para generar una hipótesis a profundizar. En esta primera aproximación uno no puede decir a qué estuvo expuesta cada una de esas 5.735 mujeres, pero en términos generales podemos decir que tal es el ambiente en que ellas circularon y tales son sus resultados en las variables que observamos”, resume.

En el trabajo despejan algunas cuestiones que podrían incidir en lo que observaron. Por ejemplo, las mujeres de estas 51 localidades no presentaban patologías previas que pudieran incidir en el bajo peso al nacer o la prematuridad. Su nivel educativo, observado en la variable de estudios cursados, tampoco era diferente a los de los promedios del país. “Tampoco había más embarazos múltiples, algo importante porque cuando hay mellizos o trillizos es normal que haya más bajo peso al nacer o que haya más prematuros”, sostiene Jimena.

“Alguien podría decir que justo agarramos prematuridad y bajo peso, que no son indicadores tan malos en nuestro país. Pero en realidad en nuestro país nacen cada vez menos niños y niñas. Eso es una realidad. Y en el medio rural nacen menos todavía”, se defiende ante una posible crítica. “Y es importante cómo el bajo peso y la prematuridad inciden mucho en las trayectorias del niño y la niña a futuro. Por otro lado, la mortalidad infantil muchas veces está relacionada con las complicaciones de la prematuridad. Entonces eran aspectos interesantes a analizar”, agrega.

¿Qué ciudades y poblados abarcaron?

“Para esta investigación tomamos una definición que venimos trabajando en el grupo de Salud Colectiva y Territorios Rurales, que no abarca solamente la población rural tal como define el Instituto Nacional de Estadística, de localidades con menos de 5.000 habitantes, sino que incluimos lo que se denominan ‘agrociudades’, que son poblaciones un poco más grandes, de entre 5.000 y 15.000 habitantes, que no son las capitales departamentales”, explica Jimena.

“De hecho, lo único que excluí fueron las capitales departamentales, porque en este trabajo entraron Dolores, Young y Guichón, que son ciudades que tienen entre 5.000 y 15.000 habitantes. Son localidades que si bien tienen un mayor desarrollo, justamente por eso funcionan como enclaves para la producción, y entonces mucha gente se traslada desde esas localidades a los predios para trabajar, los insumos están dentro de la ciudad, la maquinaria circula dentro de la ciudad, el banco está allí, los camiones, los silos. Es decir, todo el movimiento que tiene la ciudad está relacionado con la producción”, afirma, remarcando que si bien no es población estrictamente rural para los criterios del INE, tomaron prestado el concepto de agrociudades planteado por investigadoras de Argentina.

Así las cosas, vayamos a los primeros resultados.

¿Qué vieron con relación al bajo peso al nacer?

El trabajo es claro y reporta que en el conjunto de localidades del litoral estudiado “se obtuvo un porcentaje de 12,36% niños/as con bajo peso para la edad gestacional”, mientras que 80,70% tuvieron peso normal y 6,87% un peso superior. ¿Eso está bien o no?

En el trabajo se citan datos de 2017 que marcan que a nivel país hubo 8,1% de nacimientos con un peso por debajo de 2.500 gramos, que se considera el peso normal. De esta manera, los datos obtenidos por Jimena y sus colegas nos permiten decir que en estas 51 localidades del litoral entre 2010 y 2017 se registró 52% más de nacimientos con bajo peso respecto al promedio nacional.

Si bien no está publicado en el artículo, en la tesis de Jimena sí están los datos desagregados por departamento. Los tres estuvieron encima del promedio nacional: Paysandú: 11,98% de nacimientos por debajo del percentil 3 (47,9% por encima del promedio nacional); Río Negro: 12,86% de nacimientos por debajo del percentil 3 (58,7% por encima del promedio nacional); Soriano: 11,35% de nacimientos por debajo del percentil 3 (40,1% por encima del promedio nacional)

¿Qué vieron con relación al bajo peso y la prematuridad?

En el trabajo también reportan que “16,67% del total de nacimientos fueron prematuros, siendo en su mayoría (15,1%) prematuros moderados, es decir entre las 32 y 37 semanas”.

En este aspecto, la información disponible a nivel país de cantidad de nacimientos prematuros no está sistematizada a nivel estatal, sino que se desprende de un trabajo académico internacional titulado algo así como Estimaciones mundiales, regionales y nacionales de los niveles de nacimientos prematuros en 2014: una revisión sistemática y un análisis de modelos que saliera en la revista Lancet Global Health en 2019.

Según esta fuente, en 2014 en nuestro país se registraron 12% de niños y niñas nacidos antes de las 37 semanas de gestación. De esta manera, en las 51 localidades de Paysandú, Río Negro y Soriano en 2017 se registraron 38% más de nacimientos prematuros respecto a ese promedio nacional.

Si bien no está publicado en el artículo, en la tesis de Jimena sí están los datos desagregados por departamento también a este respecto. En los tres casos volvieron a estar por encima del promedio del país: Paysandú: 17,56% de nacimientos antes de la semana 37 (46,3% por encima del promedio nacional); Río Negro: 16,17% de nacimientos antes de la semana 37 (34,7% por encima del promedio nacional); Soriano: 17,07% de nacimientos antes de la semana 37 (42,2% por encima del promedio nacional).

Por tanto, en este primer pantallazo realizado mediante un estudio ecológico, reportan hallazgos que, en cierta medida, son preocupantes: “En el presente estudio se observaron prevalencias de bajo peso al nacer para la edad gestacional y prematuridad mayores a las reseñadas para los mismos departamentos y a nivel nacional”.

“Ahí uno se puede preguntar qué está pasando en esas localidades que tienen estos valores diferentes a los promedios del resto del país”, expresa Jimena. “Las personas necesitan un estado fuerte, o una investigación fuerte, para acompañarlas en la toma de decisiones. Eso es importante no para magnificar ni minimizar las cosas, sino para poder presentarlas como son”, reflexiona. Y vaya si esta fue una investigación fuerte.

¿Qué hay detrás de estas altas tasas de bajo peso y prematuridad?

Relevados los datos, en el artículo luego viene un trabajo de análisis estadístico para ver cuáles de los usos del suelo son los que se relacionan en mayor medida con el fenómeno observado.

Si bien habían partido pensando en la soja, cultivo que viene asociado al uso intenso de glifosato, agroquímico que, se ha demostrado, tiene un montón de efectos perjudiciales para la salud y en especial para las personas gestantes y su descendencia, lo que observaron fue una incidencia grande de los cultivos regados y de secano menores a 4,5 hectáreas, cuando la soja generalmente tiene cultivos que alcanzan muchísimas más hectáreas (y no se riegan). Y en ello puede haber incidido el diseño que escogieron de ver qué pasaba en una zona de sólo dos kilómetros de diámetro alrededor de las localidades.

“Si bien igual hay localidades chicas que tienen monocultivos hasta el borde del alambrado donde empieza el pueblo, una limitación de este trabajo es la definición que hicimos de la zona en la que poner el foco para analizar el tipo de uso de suelo, que fue un buffer chico para ganar en resolución. Había trabajos previos en Estados Unidos que planteaban ya resultados negativos para embarazadas fijándose en buffers de entre 300 y 500 metros, y ese fue uno de los antecedentes que tomamos como para decidirnos a trabajar con un buffer chico”, explica Jimena. “De esta manera, lo que se correlacionó con resultados de bajo peso y prematuridad fueron cultivos de secano y regados menores de 4,5 hectáreas”, resume.

En el trabajo sostienen que “por tratarse de emprendimientos pequeños (de menos de 4,5 hectáreas), ubicados en el cordón suburbano o en la interfase urbano-rural de las localidades, se plantea la posibilidad de que se trate de emprendimientos familiares en los que las mujeres participan en el trabajo y por ende conlleven mayor exposición”. También dicen que “la presencia de cultivos regados puede estar refiriendo a cultivos hortícolas que son habituales en predios linderos a las localidades y que utilizan otros agroquímicos a los analizados en el proyecto y que deberán ser incluidos en el análisis”.

Aun así, según el análisis realizado, los cultivos, como indicador de uso de agroquímicos, fue lo que estuvo asociado con estos dos resultados negativos de los recién nacidos y nacidas.

“El estudio es como un primer paso. Ahora habría que profundizar un poco más, quizás ir a ver qué hay alrededor de cada pueblo y empezar a hacer algo más tipo observacional, o con geolocalización de los cultivos, para decir qué se puede asociar o no a esto que vimos con esta aproximación. Hay bastantes cosas para seguir profundizando”, remarca Jimena.

Pensando en proteger las infancias en un país agroexportador

Lo que muestra el trabajo es algo que ya se sabe (o debería saberse). La aplicación de agroquímicos sin tomar determinados recaudos trae perjuicios para el ambiente, los animales y plantas, y para las personas. Y acá además está afectando a una población que todos decimos que hay que proteger.

“Es un país agroexportador, lo que implica una forma de producir que genera afectaciones en el ambiente y la salud de las personas. Quienes residen en estas localidades no tienen capacidad para decidir sobre estos aspectos. Como dice el epidemiólogo ecuatoriano Jaime Breilh, todos estos aspectos terminan imponiéndose a la población al adoptarse estas prácticas productivas”, lanza Jimena.

“Podríamos dar marcha atrás en eso y producir agroecológicamente todos nuestros alimentos. Yo no soy economista ni agrónoma, y no sé si eso sería posible o no. Lo que sí sé es que podemos hacer bastantes cosas por conocer un poco más qué es lo que está pasando y dar pasos más allá de las opiniones”, enfatiza.

“Cómo las personas se sienten es importante, y tenemos que tomar eso para prestar atención y ver que necesitamos tener sistemas de información más robustos. Necesitamos saber qué se aplica, necesitamos hacerle seguimiento a esta población particular que sabemos que es particularmente vulnerable a la exposición a agroquímicos. No tenemos que esperar a que haya gurises con bajo peso o que haya más cantidad de abortos para darnos cuenta de que esto es un problema. Ya está descrito en todos lados que es así. Entonces podemos proteger, podemos promover salud, hay cosas para hacer”, nos anima, como despertándonos de una larga siesta.

Le digo a Jimena que veo cuatro patas importantes en esto. Una es buscar otras formas de producción, y abarca más a los agrónomos y los técnicos que entienden de producción, y, obviamente, al MGAP. Otra pata atañe a la vigilancia ambiental, y por tanto al Ministerio de Ambiente. La tercera refiere a la vigilancia y promoción de la salud, y por tanto compete al Ministerio de Salud Pública. La cuarta abarca la observación de las condiciones laborales de la población, por tanto, al Ministerio de Trabajo. Hay tarea para mucha gente si cada embarazo realmente es tan valioso como decimos que es.

“Sí, hay cosas que ya existen en nuestro país. Hoy ponía el ejemplo del tabaco, y en su momento se salió a fiscalizar fuerte, no se podía fumar en ningún lado y había multas importantes. En nuestro país hay reglamentaciones sobre el uso de agroquímicos, no es que no existan. Hay legislación laboral interesante también. El tema es que se necesitan personas que vayan al territorio, que inspeccionen, que estén arriba”, dice entonces Jimena.

También señala que es tiempo de incorporar la evidencia que ya existe y ver lo que se está haciendo en otras partes. “En Uruguay no se pueden aplicar agroquímicos a 500 metros de una escuela, pero en otros países están hablando de perímetros más grandes. En Argentina nomás están planteando una distancia de dos kilómetros. Entonces hay cosas que podemos hacer y que las tenemos que controlar después. No hay que esperar que pasen, que la deriva de la fumigación llegue a la escuela para decir 'uy, se afectó la escuela’”, dice con lógica.

“También decimos que cada vez hay menos población rural. Bueno, el medio rural tiene que ser un lugar agradable para vivir, que sea cuidado y que haya acceso a la salud. Esas cosas también son relevantes”, agrega.

“Los resultados aquí presentados destacan la necesidad de profundizar el estudio de los procesos peligrosos para el desarrollo fetal presentes en el medio rural”, dice su artículo cerca del cierre. “La exposición a agroquímicos forma parte de los modos de vida de las comunidades rurales”, dicen luego, sosteniendo entonces que “las políticas de vigilancia y promoción de la salud deberían incluir la exposición a agroquímicos como parte de los eventos a identificar, seguir o prevenir a nivel local”. ¿Puede alguien no estar de acuerdo?

La investigación que realizó Jimena —y el trabajo que viene haciendo con sus colegas junto con vecinos y trabajadores— es de extremo valor. Nadie dice que no se pueda producir nada que aplique agroquímicos. Pero la cosa parece tan sencilla como elocuente: produzcamos pero con orden. De nada sirve un motor de la economía que tenga escapes nocivos para la salud.

Artículo: Agroquímicos y efectos negativos en resultados obstétricos de Uruguay entre 2010 y 2017
Publicación: Ambiente e Sociedade (2024)
Autores: Jimena Heinzen, Reinaldo Souza-Santos, Frederico Peres y Andréa Sobral.

.