“Preocupación”. Este es el sentimiento de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante los “crecientes impactos” que están generando “las grandes obras de infraestructura digital”, particularmente los centros de datos –también conocidos por su anglicismo data centers– de gran escala. En un comunicado difundido en los últimos días, el organismo señaló que “el acelerado despliegue de estas infraestructuras, presentadas como habilitadoras de la transformación digital, se caracteriza por un uso intensivo de recursos hídricos y energéticos, lo que puede agravar la presión sobre bienes esenciales, incidir en el costo de la disponibilidad de servicios básicos y generar riesgos estructurales para el goce efectivo de derechos como el acceso al agua, la salud, el ambiente sano y condiciones de vida dignas, particularmente en contextos de crisis climática, estrés hídrico y desigualdades persistentes”.
En el texto reconoce que “el desarrollo de infraestructura digital constituye un elemento estratégico para el progreso económico y social de los estados de la región al ampliar el acceso a la educación, la salud, la información y los servicios públicos, así como a fortalecer la innovación y la productividad”. Destaca que “la expansión de la conectividad y de las tecnologías digitales puede contribuir a reducir brechas estructurales y a promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas”. Sin embargo, la situación es más compleja. La relatoría de la CIDH también advierte que “diversos proyectos recientes de infraestructura digital en la región podrían estar asociados a impactos socioambientales con efectos directos o indirectos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones locales”.
En el comunicado resalta que, por ejemplo, en Brasil tuvo lugar una “rápida expansión de centros de datos y otras infraestructuras digitales –impulsadas por inversiones de gran magnitud–” durante 2025. Esto intensificó “el debate público y técnico sobre su sostenibilidad y sobre la adecuación de los marcos regulatorios aplicables, incluyendo la necesidad de evaluaciones integrales que consideren impactos acumulativos y sinérgicos”. Insiste en que “se han reportado preocupaciones relativas a potenciales afectaciones al acceso al agua y a los medios de vida de comunidades urbanas y rurales, entre ellas, comunidades quilombolas y pueblos indígenas”. “Advertencias han sido planteadas en otros países de la región –como Argentina, Chile, El Salvador, Guyana y Uruguay, entre otros– donde la expansión de infraestructura digital de alta demanda se vincula, en distintos grados y contextos regulatorios, con tensiones socioambientales, cuestionamientos sobre transparencia y acceso a la información y demandas de regulación efectiva basada en derechos humanos”, manifiesta.
Prevenir las consecuencias a futuro mirando el presente de otros territorios
La relatoría de la CIDH menciona que las consecuencias vinculadas a este tipo de emprendimientos “van más allá de las fronteras y los escenarios nacionales”. Enseguida, cita varios ejemplos de conflictos que tuvieron lugar en América del Norte. “En Estados Unidos se han impulsado iniciativas de desarrollo tecnológico y cooperación público-privada orientadas a la eficiencia de los centros de datos y a la protección de las personas usuarias; sin embargo, el despliegue de centros de datos ha venido acompañado de una creciente movilización comunitaria, motivada por preocupaciones ambientales y sociales asociadas, entre otros factores, al alto consumo de agua y electricidad, el potencial aumento de tarifas y la presión sobre infraestructura y servicios locales. De acuerdo con información públicamente disponible, entre marzo y junio de 2025, iniciativas ciudadanas contribuyeron a retrasar o detener múltiples proyectos, articulando decenas de grupos locales en diversos estados”, ejemplifica.
Resalta que este fenómeno tiene lugar tanto en áreas rurales como en suburbios urbanos y se vincula, en particular, con “riesgos de escasez hídrica y de encarecimiento de la energía”.
“En Virginia, por ejemplo, se ha reportado un incremento significativo del uso de agua dulce asociado a centros de datos desde 2019 en un escenario de creciente estrés hídrico, lo que ha derivado en llamados públicos a un mayor control y planificación. A su vez, en Arizona, se han impulsado iniciativas para fortalecer obligaciones de transparencia y divulgación del impacto ambiental de operaciones vinculadas a tecnologías de inteligencia artificial. Dinámicas comparables se han observado en otras jurisdicciones estatales, tales como Pensilvania, Kansas, Minnesota y Michigan. De manera convergente, también se han documentado tensiones con este tipo de actividades empresariales y obras de infraestructura en México y Canadá, incluyendo discusiones públicas y medidas regulatorias orientadas a gestionar grandes cargas energéticas y a prevenir impactos ambientales y sociales”, subraya.
Moratorias, transparencia y participación de comunidades potencialmente afectadas
En este contexto, la relatoría de la CIDH reafirma la importancia de que los gobiernos “adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia empresarial, conforme a los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos”. ¿Qué implica esto? Dice que deberán garantizar “procesos de evaluaciones de impacto ambiental y climático, acceso a la información, participación efectiva de las comunidades y medidas orientadas a la transición energética”. Y enfatiza: “Ante la magnitud y velocidad de expansión de la infraestructura digital en las Américas –en particular, la infraestructura intensiva en recursos que sostiene la inteligencia artificial–, los estados deben adoptar medidas normativas inmediatas y diferenciadas para responder a riesgos estructurales para los derechos humanos, el ambiente y el clima”.
Sostiene que “autorizar proyectos de gran escala sin marcos regulatorios específicos ni evaluaciones integradas de impactos acumulativos compromete el deber de prevención reforzada exigido por los estándares interamericanos”. “Los estados deben considerar moratorias temporales al otorgamiento de nuevas autorizaciones o aprobaciones, con pleno respeto del debido proceso, cuando existan riesgos serios y previsibles para los derechos al agua, a un ambiente sano, a la salud y a condiciones de vida dignas”, destaca. Asimismo, recuerda la “obligación estatal de garantizar el acceso público, oportuno y comprensible a la información ambiental –incluidos datos sobre consumo hídrico y energético–, la participación significativa de las comunidades y el acceso a mecanismos efectivos de justicia ambiental”.
El organismo sostiene que continuará “monitoreando esta situación” y está a las órdenes para “brindar asistencia técnica a los estados para el diseño e implementación de marcos normativos y políticas públicas que aseguren una regulación efectiva de las actividades empresariales del sector digital”. Insiste en que el “avance tecnológico” en el continente debe guiarse por “los principios de justicia ambiental y climática, protección de la naturaleza y respeto pleno a la dignidad humana, garantizando que los beneficios de la transformación digital se distribuyan de manera equitativa, sin generar nuevas formas de exclusión ni vulneración de derechos”.
El impulso de los centros de datos en Uruguay
El gobierno de Yamandú Orsi busca impulsar la instalación de nuevos centros de datos en el país. Antel pretende construir dos nuevos emprendimientos y las autoridades han tenido reuniones con empresas privadas como Amazon, Cyrus One y Equinix. A su vez, Google está construyendo el suyo en el Parque de las Ciencias, zona franca instalada en Canelones.
Este último centro de datos protagonizó una disputa judicial que marcó un precedente importante en cuanto al derecho de acceso a la información vinculada a temáticas ambientales. En 2020, la compañía presentó ante el Ministerio de Ambiente la viabilidad ambiental de localización. La cartera y Google definieron que la información vinculada a “detalles del agua”, “detalles de aguas residuales” y “detalles de la energía” eran “confidenciales”, por entender que constituyen un “secreto industrial y comercial del titular del proyecto”.
Sin embargo, al toparse con esta situación, el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Daniel Pena realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer los datos. Fue denegada y decidió ir a la Justicia. Luego de peripecias, el Tribunal de Apelaciones de 7° turno falló a su favor y de que la ciudadanía esté informada sobre la utilización de bienes naturales por parte de empresas multinacionales. Así se conoció, en marzo de 2023 –mismo momento en que la crisis hídrica comenzaba a hacerse cada vez más notoria en la zona metropolitana–, que la iniciativa podría haber utilizado un máximo de 7.600.000 litros de agua potable por día. Meses más tarde, luego de intercambios entre Google y las autoridades, decidieron que la empresa modificaría el sistema de enfriamiento por uno con circuitos de agua cerrados –implica tomar una cantidad de agua mucho menor–. Por otro lado, la compañía utilizará 560 GWh/año, cifra que equivale aproximadamente al consumo de 202.898 hogares con tarifa residencial simple y al 4,6% de la demanda eléctrica del país.
Pena, en diálogo con la diaria, dijo que el comunicado que emitió la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una “alerta interesante, importante”. A su vez, llamó a que no se caiga en “trampas administrativas” porque “el problema es mucho más profundo” y no se soluciona únicamente con nuevos “marcos regulatorios y evaluaciones estratégicas acumulativas”. “Si bien mejoraría la situación, no es más que un proceso administrativo, como hoy son las evaluaciones ambientales. El problema no se soluciona con eso”, comentó. Enseguida, puso sobre la mesa la necesidad de tener en cuenta la trazabilidad de este tipo de iniciativas –por ejemplo, conocer si se utilizó “minería de tierras raras, que es altamente contaminante y tiene montón de denuncias por trabajo y esclavitud infantil”–.
El investigador mostró preocupación por una posible sobrecarga en la red de energía, la poca generación de puestos de trabajo de los centros de datos y por que los nuevos emprendimientos se instalen en zonas “libres de impuestos”, como en el caso de Google. Y acotó: “Toda la digitalidad, todo el mundo virtual se sostiene en el mundo real y concreto. En agua, energía, territorio. Incluso cuando la energía es renovable, como en el caso de Uruguay, implica que el territorio tenga determinados usos y no otros, por ejemplo, instalar paneles fotovoltaicos y parques eólicos y no para producir alimentos. Es renovable la fuente de energía, pero no el medio en el que se capta”.