Por ejemplo es el caso de un lago de siete hectáreas ubicado en Ciudad de la Costa. Fuentes judiciales confirmaron a la diaria que en el marco de la Operación Campanita -que dio sus primeros frutos en 2007 con el procesamiento de José Luis Suárez (afincado en esa zona de la costa canaria) y otras 20 personas-, se ha indagado sobre ese punto. Pero hasta el momento “no se han detectado maniobras de blanqueo de capitales, aunque parecen ser los primeros negocios comunes entre los protagonistas de esta historia”, confió una de las fuentes consultadas.
Si bien el ingreso al rubro narcotráfico de Suárez y compañía se asocia al desembarco en Uruguay del capo narco colombiano Álex Pareja (detenido en Brasil y con pedido de extradición cursado por Uruguay por esta causa), se valora que previamente “la lavadora” podría estar al servicio de otras empresas o de otros cárteles, entre ellos los mexicanos, que entre fines de la década del 90 y principios de la siguiente blanquearon millones en bienes raíces.
La información obtenida por la diaria indica que en abril de 2002 Suárez y el contador Ruben Weiszman, también procesado en la operación Campanita aunque fue recientemente liberado bajo fianza, llegaron hasta el barrio Lago Jardín de Lagomar, en el kilómetro 21.400 de la avenida Giannattasio. Se presentaron como los nuevos dueños de un lago central de siete hectáreas, que se formó como consecuencia de la actividad de las areneras, allá por la década del 50. Suárez y Weiszman visitaron a algunos vecinos a modo de presentación en sociedad. De paso, avisaron que tenían intenciones de rodear el lago con una empalizada. Lo hicieron, pero la gente del lugar la tiró abajo y continuó aprovechando las bondades del lago.
Los socios volvieron al lugar tiempo después para iniciar las obras. El clima con los vecinos se complicó todavía más. Hubo insultos, forcejeos y llamadas telefónicas para frenar esas actividades. Aparecieron el diputado nuevoespacista Horacio Yanes -que vive en la zona- y ediles departamentales. Ese día uno de los vecinos estuvo cerca de irse a las manos con Suárez. Poco después de este incidente, unos veinte integrantes de la Comisión de Vecinos del Lago Jardín de Bosques de Carrasco entabló demanda por daños y perjuicios ante el juez letrado de Ciudad de la Costa, Héctor Iriarte.
Apuntan a la responsabilidad de Elizabeth Weiszman (hija del contador) y actual titular del padrón del lago, y al Ministerio de Economía y Finanzas, por la supuesta complicidad de funcionarios de la oficina de Catastro de Pando. Piden la nulidad de la transacción y reclaman una indemnización por más de 100 mil dólares. Los “dueños” del lago demandaron a su vez a los vecinos por un monto seis veces superior. Las causas siguen su curso: la semana pasada hubo una audiencia y hay otra convocada para el 22 de diciembre. Ahora, los denunciantes, teniendo en cuenta que Suárez y Weiszman tienen vínculos probados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales, buscan asociar su denuncia con la causa abierta por la Operación Campanita.
Para la semana próxima esperan ser recibidos por el director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne, que ya está al tanto de la situación. Uno de los abogados patrocinantes de la comisión de vecinos, César Masina, explicó que el lago se vendió como un bien privado, a pesar de que entre 1952 y 1954, cuando se formó, era un espacio público. “Hay una ley de 1976 que establece que todos los espacios públicos pasan de pleno derecho a propiedad municipal, pero eso no fue tenido en cuenta por la comuna.
Esta gente aprovechó esas contradicciones legales”, explicó. Masina se refiere, entre otros, a Mariano Almenara, uno de los fundadores de la Ciudad de la Costa, y su compañera, Magdalena García Braida, quien luego le vendería el terreno a Weiszman. La parte vendedora, según aseguró Masina, recibió entre 20 y 25 mil dólares, pero la escritura de compra-venta dice que el lago costó 250 mil dólares. “Tenemos elementos para suponer que éste es un potencial caso de lavado de activos, entre otras cosas porque el mentor de todo esto fue José Luis Suárez y por eso queremos reunirnos con Gil Iribarne”, resumió Masina.
El profesional agregó que el escribano que autorizó la venta, Gabriel Pablo Clouzet, tuvo el título suspendido por parte de la Suprema Corte de Justicia, por otorgar otra escritura de hipoteca en Buenos Aires a favor de un prestamista, también hijo de Weiszman. Los abogados que defienden a Elizabeth Weiszman en esta demanda son los mismos que tenía Suárez, pero que luego renunciaron al patrocinio cuando éste cayó detenido. Masina recordó, por otra parte, que en 2001 la diputada argentina Elisa Carrió hizo una denuncia en el Parlamento de ese país acusando a estudios jurídicos uruguayos que patrocinaban a sociedades anónimas para lavar activos argentinos. Carrió mencionó en aquella oportunidad a los estudios Posadas, Posadas y Vecino, y a uno propiedad de Weizsman, ubicado en Plaza Independencia.
Además, Weiszman fue indagado en los 90 por estar vinculado a casos de corrupción del gobierno de Carlos Saúl Menem, incluyendo la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, y luego fue procesado en nuestro país en el marco de la Operación Campanita, en junio de 2008. Dos agrimensores que trabajaban en la Oficina de Catastro de Pando también estarían comprometidos. En 1973 refaccionaron el espejo de agua del lago, y le adjudicaron un nuevo número de padrón, pero en el nuevo plano desapareció, como por arte de magia, el rótulo de espacio libre, y uno de ellos lo registró en Catastro de Montevideo.
“En la escritura de 2002, que compra Weiszman, se hace referencia a nuevos números de padrón, que no tienen ninguna inscripción como espacio libre. Sólo los funcionarios de Catastro conocían la maniobra, pero el equivalente sería que te venda la plaza en la que está el Obelisco, con una escritura que dice terreno baldío”.