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El artículo causó polémica al momento de ser votado en Diputados. Los representantes de la oposición, principalmente del interior del país, no acompañaron la propuesta porque entendieron que se favorece la centralización de ASSE (ver la diaria del 13/10/10) y se les quita autonomía a los centros de salud. La falta de información sembró dudas e inquietudes en algunos usuarios de la salud de los distintos departamentos afectados. Se habló de la pérdida de autonomía y participación, de la centralización de los servicios y hasta de la posibilidad de cierre de los centros.

Ángel Peñaloza, subdirector de ASSE, desmintió cualquier idea de cierre de los centros y dijo a la diaria que la eliminación de las unidades ejecutoras sólo repercutirá en su administración. “Tenemos decenas de centros de salud en el interior del país que tienen un presupuesto propio que se va a mantener, pero que va a ser manejado y administrado en una Red de Atención Primaria [se crean 19 a través del proyecto de Ley de Presupuesto, una por cada departamento] que unificará el accionar de las actuales unidades ejecutoras y por lo tanto administrará los distintos recursos”, señaló.

Pocas certezas

Hace un par de semanas, algunos usuarios del centro de salud de Ciudad de la Costa se reunieron con la directora departamental de Atención Primaria de ASSE en Canelones, Claudia Benítez, con el integrante social del directorio de ASSE, Wilfredo López, y con el director de Promoción de la Salud de Canelones, Osvaldo Luzardo, para informarse sobre el tema. Según Elsa Guartechea, integrante del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada y usuaria del Centro de Salud de Ciudad de la Costa, todavía quedan “muchas dudas”.

“No terminamos de comprender si es que con esta propuesta se descentraliza o se centraliza el servicio, es un nudo que no terminamos de desatar. Desde el movimiento de usuarios no sabemos de dónde parte esta propuesta y cuál es su motivo real, eso no se explica claramente. Por motivos de presupuesto no sería, porque habría más dinero [el proyecto destina 46 millones de pesos más a la atención primaria], tampoco se debería a razones de eficiencia en el funcionamiento, ya que la gestión mejoró muchísimo y se avanzó en la participación de los usuarios”, dijo a la diaria.

Para ella, actualmente la comunicación con las autoridades de los centros “es directa” y se teme perder eso con la eliminación de las unidades ejecutoras. “No sabemos cómo se va a implementar la toma de decisiones, cómo se van a distribuir los recursos que ellos dicen que van a ser más”, planteó. Por otra parte, cuestionó que no se haya consultado a los usuarios y que se haya impuesto “un modelo que no se sabe de dónde viene”. Si bien el Movimiento de Usuarios aún no ha manifestado una postura colectiva, según Guartechea la idea es continuar informándose para opinar una vez que la modificación presupuestal sea tratada en el Senado.

Según Juan Carlos Rodríguez, funcionario del Centro de Salud de Ciudad de la Costa, el cambio causará varias “limitantes”. “Desde que este centro pasó a ser unidad ejecutora, hace alrededor de seis años, comenzamos a lograr nuestro propio presupuesto, sobre la base de las prioridades que entendíamos que había que trabajar. Además se dio la posibilidad a los usuarios de plantear las necesidades que ellos mismos tienen, participando en las distintas comisiones. Ahora, con esta nueva variante, parece que volvemos atrás. Si bien es cierto que ya tenemos un presupuesto elaborado, de alguna forma va a ser otra unidad ejecutora la que va a administrar los recursos”, dijo.

Para Milton Berretta, usuario del Centro Auxiliar de Salud de Nueva Palmira, el artículo en cuestión “puede ser interpretado como la eliminación de los centros”. Según dijo a la diaria, esta medida “puede perjudicarnos en lo mismo que ellos dicen que nos puede beneficiar, que es la centralización del servicio”. Y agregó: “Nos dicen que no va a haber cambios, pero eso no lo tenemos escrito en ningún lado. Mañana van y nos cierran el hospital, ¿y nosotros de dónde nos agarramos? Todo depende de la interpretación que le den a lo que está escrito, y eso no nos da ningún respaldo”.

Interferencias

Por su parte, Peñaloza consideró que el proyecto enviado al Parlamento “fue un acierto y un error”. “El modelo es un acierto pero reconozco que es un desacierto la falta de comunicación. Acertamos en la gestión porque es una forma de jerarquizar el primer nivel de atención de salud y el trabajo en redes, que permite tener mayor eficiencia en los recursos. Se le va a dar más al que tenga mayor demanda, no significa que se va a disminuir a nadie, sino que se va a fortalecer, es un concepto de cambio administrativo”, fundamentó el subdirector de ASSE.

Desde el punto de vista asistencial, aseguró que no habrá ningún cambio y que se “mantendrá íntegramente” la canasta de prestaciones. “El error es que no se ha comunicado bien, cuando se toma de la letra fría del presupuesto, no se interpreta bien. Fue algo que nos costó trasladar a los diputados y senadores. Estamos abiertos al intercambio y si es necesario que el proyecto sufra una modificación a los efectos de expresarlo con mayor claridad lo vamos a acompañar. Bienvenidas las propuestas que permitan redactar mejor este proyecto, porque yo no creo que el Partido Nacional esté en contra de fortalecer el primer nivel de atención de salud, que es la puerta de entrada”, señaló.

A su entender hubo dudas e interpretaciones “un tanto maliciosas”. “En Guichón se decía poco más que van a suprimir el centro de salud. Ya les aclaramos que el centro va a seguir siendo el mismo, sólo que integrado al equipo de salud departamental. El cambio es administrativo, los centros de salud van a integrar una Red de Atención, funcionarán más autónomamente, y mejorarán desde el punto de vista del intercambio”, recalcó.

Según explicó, actualmente en Montevideo los centros de primer nivel de atención operan por intermedio de una Red de Atención del Primer Nivel, conocida por sus siglas RAP. La idea es trasladar la experiencia a los otros departamentos, donde un director departamental administre de forma centralizada cada uno de estos centros. Al respecto, el diputado nacionalista de Tacuarembó, Antonio Chiesa, que cuestionó el proyecto, dijo en declaraciones a la prensa que el tipo de atención que se les brinda a los pacientes en las policlínicas de atención de primer nivel de Montevideo es muy diverso al que se da en los centros auxiliares del interior.

Desde la oficina de Wilfredo López, representante de los usuarios en ASSE, se divulgó un comunicado con una serie de aspectos a tener en cuenta sobre la eliminación de las unidades ejecutoras, pero que no están contemplados en la propuesta enviada al Parlamento. Entre otras cosas se señala que cada centro mantendrá la misma oferta de servicios, que las comisiones de apoyo locales podrán seguir funcionando como hasta ahora y que se garantiza la participación de la dirección de cada centro en la elaboración del presupuesto y en la discusión de aspectos asistenciales y económico-financieros, no sólo de su unidad asistencial sino de toda la red de atención departamental.

Por otra parte, el representante de la oposición en el directorio de ASSE, Alejandro Draper, se manifestó en contra. “No estamos de acuerdo en que se supriman las unidades ejecutoras, para nosotros puede salir todo el resto del proyecto de las Redes de Atención Primaria, pero es fundamental que las unidades ejecutoras no se supriman, tal como lo hemos planteado al directorio de ASSE. La discusión aún no está cerrada, todavía queda la instancia en Senadores y aspiramos a que se revea la medida, ya que entendemos que tienen que seguir teniendo autonomía económica, independientemente de la reforma en el primer nivel de atención”.

Según narró, esta inquietud “fue escuchada por el resto del directorio y de alguna forma se está tratando de llevar un nuevo proyecto al Parlamento [elaborado por el diputado Chiesa] para que no se supriman las unidades ejecutoras”. A su entender, “es obvio el malestar que hay a nivel nacional”. “Es importante ir hacia los cambios pero informando a todos por igual y en los términos debidos. Si no se aclara y no se explica a los usuarios, [éstos] tienen todo el derecho de pensar que con esta medida se pueden cerrar los centros, aunque nada de eso va a pasar”, concluyó.