El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay fue creado por MYSU en 2007. Está declarado de interés por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Éste es el tercer informe sobre la normativa relacionada con salud sexual y reproductiva. Mientras que en 2008 el estudio abarcó servicios de salud públicos y privados, el de 2009 sólo evaluó ámbitos públicos. Cuatro de ellos están situados en el interior del país (hospitales departamentales de Cerro Largo, Paysandú, Rivera y Soriano) y nueve en Montevideo: cuatro servicios de Red de Atención Primaria (Rap-Asse), cuatro policlínicas de la Intendencia Municipal de Montevideo y el Hospital Canzani (Banco de Previsión Social).
Desbalance privado
El hecho de que el informe de 2009 se haya concentrado en los servicios públicos no es menor. Alejandra López, coordinadora del Observatorio junto con Lilián Abracinskas, explicó: “En la medida en que los servicios privados o mutuales aún no incluyan prestaciones sobre salud sexual y reproductiva, están mucho más rezagados que en el sector público, ya que en el año 1996 comenzó a implementar prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva”. Agregó que “existe un desbalance muy importante en materia del acceso a las prestaciones entre el sector privado y el público”.
La diferencia más notoria se manifiesta en cuanto a métodos anticonceptivos, porque, en general, no son proporcionados por los servicios de salud privada, donde, además, la colocación del Dispositivo Intrauterino (DIU) tiene costo por acto médico, que debe ser cubierto por las usuarias, cosa que no sucede en el sector público.
Poca aplicación
Los campos estudiados en 2009 fueron anticoncepción; violencia doméstica y sexual; atención del embarazo y parto; VIH-sida; atención pre y post aborto; prevención de cáncer génito-mamario; satisfacción y calidad en los servicios. En general, el informe destaca el buen conocimiento de los profesionales sobre la normativa y las guías clínicas existentes, pero escaso material de difusión dirigido a los usuarios. Respecto de la anticoncepción se destaca como logro el elevado porcentaje de mujeres que declara utilizar métodos anticonceptivos, aunque una gran cantidad manifestó que éstos no le fueron indicados en su servicio de salud. Como debilidades, el Observatorio alerta sobre las dificultades de acceso a la ligadura tubaria por la sola voluntad de la mujer -como establece la ley- y un porcentaje de mujeres declaró que el profesional tratante le había solicitado la firma del consentimiento de la pareja. También se notó un bajo uso del condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual; escaso conocimiento del anticonceptivo de emergencia y dificultades para acceder a él en el servicio de salud; que no hay criterios únicos en la entrega de métodos; escaso o nulo desarrollo de acciones que promuevan la responsabilidad reproductiva y sexual de los varones.
Sobre violencia doméstica y sexual se destaca como positiva la inclusión de la capacitación a profesionales en el tema, como una medida prestacional obligatoria del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). En cambio, se observa un alto porcentaje de mujeres que desconocen la normativa.
También se evidenció una baja implementación, por parte de los profesionales, del cuestionario sobre violencia doméstica y sexual en la consulta, por disponer de poco tiempo en la consulta y debido a la ausencia de respuestas institucionales para atender la problemática. Este tema, que ha cobrado repercusión pública en las últimas semanas a causa del aumento promedial de muertes de mujeres, señala negativamente la ausencia de controles que verifiquen la aplicación de la normativa.
Respecto a embarazo y parto se observa positivamente el alto porcentaje de mujeres que conocen la normativa; también se valora la implementación de prácticas beneficiosas durante el embarazo, aunque se nota una baja adhesión a la indicación de ácido fólico en el interior del país. Como debilidades, se señala el alto número de mujeres que no estuvieron acompañadas durante el trabajo de parto y la persistencia de porcentajes de cesáreas que superan los promedios internacionales. Sobre VIH-sida se ve como una fortaleza la alta realización del test de VIH en el control de embarazo. En cambio, el Observatorio alerta sobre el porcentaje de profesionales que no conocen la resolución en materia de cobertura universal de antirretrovirales, y las dificultades en la implementación de la consejería en el proceso de diagnóstico de VIH.
En atención pre y post aborto, el Observatorio alerta sobre el escaso conocimiento de las usuarias sobre la existencia de tal servicio, como estableció la ordenanza del año 2004; y se señala un porcentaje significativo de profesionales que realizan indicaciones que no cumplen con el contenido de la normativa, de corte “moralista” en lugar de técnico, como continuar con el embarazo o dar el hijo en adopción.
En cuanto a la prevención de cáncer génito-mamario se alerta que 37% de las mujeres encuestadas no se realizó papanicolau en los últimos dos años, y que 48% de las puérperas tampoco lo hicieron. Asimismo, es bajo el conocimiento de la ordenanza que indica la exoneración de copagos para la realización de papanicolau y mamografías en mutualistas. Respecto de la calidad de la atención, la mayoría de las mujeres encuestadas manifestó satisfacción; sin embargo, el Observatorio alerta sobre la escasa información proporcionada en los servicios en cuanto a algunos componentes de salud sexual y reproductiva.
El estudio no abordó un punto que no debería haber quedado afuera: el hecho de que en los servicios de salud del Estado (al menos en hospitales departamentales del interior del país) se continúe solicitando pase de médico general para acceder a la consulta inicial de ginecología. Esto puede considerarse un hecho violento y también contradictorio, en un sistema sanitario que obliga, por ejemplo, a contar con estudios de papanicolau para la realización del carné de salud.
Brecha real
Olesker reconoció la existencia de una “brecha entre el derecho formal y el derecho real” y agregó que ésta se manifiesta más en el interior del país.
Habló de considerar el área de salud sexual y reproductiva como una prioridad, indicó que el gabinete social (ministerios de Salud, de Educación y de Desarrollo Social) ya están abordando el tema. Y señaló la importancia de crear una Estrategia Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2010-2015, para lo que se estaría formando una comisión asesora a fines del corriente mes.