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Moto delivery en el centro de Montevideo.

Foto: Nicolás Celaya

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Primeros pasos para regular el servicio de delivery en Montevideo.

Cada vez son más los repartidores a domicilio que con sus motos se cuelan entre los espacios vacíos que dejan los vehículos de cuatro ruedas en las calles de la capital. En los últimos años se ha incrementado el uso de este servicio y, con él, el riesgo. La Junta Departamental de Montevideo tiene en carpeta un proyecto para regular la actividad, contemplando la seguridad en el tránsito, normas sanitarias y algún aspecto laboral.

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La pizza más cara

La Jefatura de Policía de Montevideo tiene contabilizada la cantidad de accidentes de tránsito que involucran a motos (ciclomotores y motonetas), sin discriminar en cuáles se trata de deliverys. Lo cierto es que así como se ha incrementado anualmente la cantidad de motos que circulan en la capital, ha ascendido el número de motos involucradas en siniestros de tránsito. La Junta Departamental de Montevideo solicitó al organismo los datos de 2008, 2009 y 2010. De los 8.306 ocurridos en 2008, 4.940 involucraron motos, es decir, 59%. Intervinieron 5.069 de estos vehículos en los 8.278 siniestros registrados en 2009, lo que representó 61%. En 2010 hubo un total de 8.862 accidentes, de los cuales 5.685 fueron protagonizados por motos, lo que representa el 64%.

El servicio de delivery se ha incrementado en la última década no sólo en rubros de pizzería y restaurante, sino en farmacias, autoservice, florerías, DVD y hasta venta de ración para perros y gatos. Datos estimativos señalan que las entregas a domicilio en motos y motonetas representan 30% de las ventas de bares y pizzerías.

Pese al incremento de la actividad no existe un registro que cuantifique a estos trabajadores. Ismael Fuentes, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), dijo a la diaria que estiman que en todo el país hay unos 5.000 repartidores en esta modalidad, de los cuales alrededor de 4.000 trabajan en Montevideo. Fuentes calculó que “en el rubro alimentación (pizzería y restaurantes) debe de haber unos 2.000, mil y pico en farmacias y unos 1.000 en cadetería (entrega de cartas y paquetes)”.

La comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta Departamental de Montevideo analiza la regulación de las “actividades que comprenda el traslado de alimentos, mercaderías o la realización de trámites, conocida como ‘delivery’ que se realiza en bicicletas, ciclomotores, cuatriciclos, motocicletas, motonetas o motofurgones”. Lo hace a partir de un proyecto presentado por el ex edil Aníbal Gloodtdofsky en setiembre de 2009.

Para enriquecer el proyecto, la comisión de Legislación y Apelaciones se propuso recibir opiniones y propuestas de los involucrados. El viernes 18 de marzo concurrió el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Mario Menéndez, el próximo viernes lo harán representantes de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y luego será el turno de referentes del departamento de Movilidad Urbana y de la división Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, así como FUECYS en representación de los trabajadores.

Decreto en potencia

La edila Rosana Paredes preside la comisión que estudia el tema, sostiene que existe un vacío normativo respecto a los deliverys y que se necesita “una normativa que contemple la demanda y oferta de esta actividad y los derechos de los consumidores, pero también la integridad física de las personas (en materia de tránsito y manipulación de alimentos), ya sea de los actores involucrados (empresarios y trabajadores) como de los consumidores y ciudadanos en general”.

El proyecto propone crear en la intendencia un registro único de comercios que empleen el servicio, rodados utilizados y repartidores o cadetes. La habilitación que expida la comuna deberá ser renovada cada año y el comerciante tendrá que presentar la nómina de los repartidores y notificar los cambios de personal.

El texto explicita condiciones a las que ya están obligados todos los conductores de motos, como el uso del casco reglamentario, portar licencia de conducir, que el vehículo esté asegurado contra terceros y en condiciones técnicas y estructurales adecuadas; se prohíbe que las motos superen los 125 centímetros cúbicos y que sean tipo cross.

Los repartidores deberán exhibir documentación habilitante, carné de salud, pechera reflectiva de seguridad, indumentaria para los días de lluvia y vestimenta fluorescente para usar de noche o en días de visibilidad reducida.

Para quienes transportan alimentos se dispone que tengan contenedores: envase térmico con tapa de cierre hermético, con sistemas refrigerantes o conservantes de calor y que sean de material inalterable, de fácil higienización. Se menciona que éstos deben estar separados del asiento y “convenientemente fijados para evitar desplazamiento durante el viaje” y que su tamaño no supere los 55 centímetros de largo por 50 de ancho y 40 de alto en los que exhiban la leyenda del comercio y el sticker entregado al momento de habilitarse.

El proyecto prohíbe terminantemente que los conductores lleven o contengan en las manos, los brazos o entre las piernas “elementos que les dificulten maniobrar correctamente el vehículo” e impide que el reparto se haga en patines o patineta.

Se dispone que los comercios y casas que ofrezcan el servicio de delivery controlen las condiciones de los vehículos, verifiquen la existencia de seguro contra terceros y contraten “un seguro con cobertura para el conductor del rodado para casos de muerte, incapacidad total y/o parcial [...] gastos de asistencia médica y farmacéutica [...] y gastos de sepelio”. De salir el proyecto tal como fue redactado, las empresas deberán hacerse cargo de las infracciones de los conductores, debiendo pagar 100 Unidades Reajustables (UR).

Aportes

En un informe elaborado a partir de la lectura del proyecto, Mario Menéndez discrepó con que los vehículos lleven el sticker de habilitación porque “en horas en que no se realiza dicho servicio ese móvil puede ser utilizado para otros menesteres” y pidió a la intendencia que fundamente el límite de la cilindrada.

Menéndez pidió que el proyecto considere qué sucede cuando el conductor incumple, por su cuenta y contra la solicitud del propietario, con las normas de tránsito, y dijo que al artículo que detalla los gastos que deberá asumir el comerciante ante un accidente debería agregársele la frase “sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al conductor”. El presidente de Cambadu solicitó a la comisión que se asesore con el Banco de Seguros del Estado para que éste cubra los riesgos que el derecho civil pueda ocasionar a los comerciantes por acciones de los conductores. Por otra parte, opinó que “no parece justo” que la multa sea de 100 UR, dado que el régimen de multas va de cinco a 350 UR y calificó como “un despropósito” que se salte de cinco a 100. Tras la comparecencia de Menéndez en la comisión de Legislación y Apelaciones algunos ediles señalaron que es responsabilidad del comerciante la forma en que transitan los vehículos por la calle. Menéndez discrepó: “Nosotros nos responsabilizamos de lo que podemos ser responsables; de lo que hace otro en la calle no soy responsable. Es responsabilidad de la intendencia”, dijo.

Más allá de que la afiliación sindical es baja, FUECYS no representa a la totalidad de los deliverys porque quienes trabajan para bares, restaurantes y pizzerías y están en planilla pertencen al sindicato de gastronómicos. FUECYS sí abarca a los trabajadores de las empresas de delivery que son contratadas para el reparto y a los empleados de farmacias.

El presidente de Fuecys está enterado del proyecto y en diálogo con la diaria opinó: “Hay que regular en primera instancia la dependencia laboral. Creemos que deben eliminarse prestaciones en negro y de carácter unipersonal. Lo segundo es que estos trabajadores deben percibir un salario, debe respetarse un laudo mínimo. Algunos pagan por piezas entregadas. Entendemos que debe existir un laudo mínimo y estamos negociando eso. En farmacia ya existe un laudo mínimo, pero es más difícil en los sectores que prestan servicios. En esos casos la negociación es más compleja pero se puede”.

El planteo suena lógico si se piensa que el apuro de los deliverys muchas veces tiene relación con su ganancia (inmediata, sin contemplar los posibles accidentes y multas), porque se les paga un porcentaje de lo que reparten. Por ejemplo, Marcelo, quien junto con otros dos muchachos reparte para una pizzería por cuenta propia (crearon una empresa), dijo a la diaria que el comercio le da un porcentaje de lo que transporta y que gana más con la propina; aclaró que la mayor cantidad de ventas se dan los fines de semana y que esa ganancia tienen que compensarla con las magras obtenidas el resto de la semana.

El vocero de FUECYS agregó: “También nos parece que hay que discutir el tema del viático. Muchos ponen su vehículo, ya sea una moto, bicicleta o triciclo, y entendemos que debe existir una paremétrica que mida el viático en función de los kilómetros que recorre y en la que hay que incluir la depreciación del vehículo, el mantenimiento, el gasto de combustible, etcétera. En algunos casos está incluido, por ejemplo en farmacia, sector en el que venimos negociando desde hace tres años, pero debe incluirse en otros que hoy no están”.

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