El grupo escribió una carta que elevó a la dirección de la escuela el 23 de mayo. Detalló que Sosa repasó su experiencia laboral y en eso se detuvo en los años de la dictadura cívico militar. “Con total soltura comentó haber trabajado en el organismo creado por el régimen, que se encargaba de clasificar toda la prensa escrita del país y también la extranjera. Su función era señalar todos los contenidos de estos medios, poniendo principal atención a los artículos que tuvieran, directa o indirectamente, alguna crítica al gobierno militar. Cuando un estudiante le señaló que ese trabajo implicaba la represión de periodistas, se mostró consciente de su rol de censura y al respecto señaló que ‘a algunos les había ido mal’ y que los desaparecidos en verdad se ‘habían ido muy lejos’” (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/6/piramide-invertida/ ).
Los estudiantes expresaron en el texto que consideraban “poco ético que la encargada de impartir conocimiento en la materia ‘prensa’ sea una persona encargada de reprimir a sus colegas y no se arrepienta de ello en la actualidad, llegando al extremo de hacerlo público como una experiencia de vida que como ella misma dijo ‘le sirvió económicamente’”.
Los dichos de la docente ocurrieron pocos días después del velatorio de los restos del maestro y periodista Julio Castro, asesinado y desaparecido por la dictadura, cuyos restos fueron hallados a fines de 2011 en el Batallón Nº 14. Los hechos resultaron indisociables para los estudiantes, que “por la memoria” de Castro, “por todos los periodistas reprimidos en la dictadura y por todos los desaparecidos”, pidieron a las autoridades que iniciaran una investigación administrativa. “¿Las autoridades no conocen los prontuarios de los docentes que imparten clase?”, preguntaron y quedaron esperando una “pronta respuesta”.
Cuestión de meses
A la semana siguiente la directora de la escuela elevó al CETP la carta de los estudiantes y la versión de la docente. Los alumnos no volvieron a tener respuesta de las autoridades ni de la dirección de la institución.
Las clases de prensa continuaron en tensión y sólo tres de los 25 alumnos completaron el curso. Uno de ellos, Nicolás Scarón, contó a la diaria que el trayecto se les hizo cuesta arriba y que al seguir sabían que debían estudiar el doble, porque no contaban con el aval de la docente. Decidieron cumplir con todo lo establecido y bastante más; “tuvimos un año brillante”, comentó, pero finalmente Sosa los mandó a examen. Era previsible, pero fue parte de la estrategia de los tres estudiantes.
La semana pasada elevaron una carta a la dirección con tres pedidos: que se revisaran sus trabajos, que Sosa no participara en la mesa de examen que rindieran quienes sí se habían ido y que no le dé clases a su grupo en 2013.
La directora hizo eco del planteo. Nombró un tribunal, integrado por dos docentes y una inspectora, que evaluó los trabajos finales de los tres alumnos y los escritos. Exoneraron a los tres estudiantes que habían completado el curso, aceptaron la conformación de una mesa especial de examen que Sosa no integrará y los 22 estudiantes que abandonaron el curso recibirán clases de apoyo de aquí al 19 de diciembre, fecha para la que se fijó el examen.
“La UTU quedó conmocionada, porque en todo el año se había demostrado que Shirley Sosa era intocable”, dijo Scarón. Agregó que las críticas hacia la docente eran compartidas por varios alumnos de otros grupos.
Procesos
Eduardo Davyt, director general del CETP, confirmó a la diaria la actuación del tribunal y comentó que los docentes y la inspectora “estuvieron analizando el curso y concluyeron que había estado en forma bastante irregular, que claramente no se habían conseguido los objetivos que tenía el curso”. Evaluó que lo expresado por los estudiantes tanto en la primera carta como en la que solicitaba la actuación del tribunal “tenía bastante importancia”.
Davyt declaró que Sosa “tiene un sumario en curso que todavía no ha finalizado” aunque a su entender “está a punto de terminarse”. El jerarca se había referido al contenido del curso, al ser consultado por las opiniones de la docente respecto del período dictatorial, comentó que “esa opinión está siendo diligenciada en el sumario”. Reconoció que “tiene que haber un seguimiento más cercano para que no tengamos que llegar a fin de año con estos problemas”, pero alegó que en la UTU “los inspectores son pocos y los docentes son muchos”. Agregó que “donde se detecten estos problemas va a haber que jerarquizar más ese tipo de seguimiento o controles”.
A fines de junio la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU) había emitido un comunicado solidarizándose con los estudiantes y condenando los dichos de la docente: “Si grave es que una ‘docente’ haya participado de la represión en los tiempos de la dictadura, infinitamente más grave es que hoy esta acción no sea condenada; sea asumida como ‘una labor normal de un periodista’ y/o la ‘obediencia debida’ sea reivindicada”, expresaron en aquel momento.
El gremio renovó sus autoridades en los últimos meses. Sergio Duarte, presidente actual, dijo desconocer en qué estaba la investigación administrativa. En cambio, comentó que “sí tenemos conocimiento de que esta compañera de nuevo arremetió contra los alumnos, hubo denuncias de que los mandó a examen y que quedaron dos o tres”. Dijo que el asunto está para ser tratado en el área de asuntos laborales de AFUTU.
La Escuela de Comunicación no tenía gremio estudiantil. El tratamiento del caso de Sosa ha sentado un precedente de la reivindicación conjunta y está la intención de conformarlo. El tiempo dirá. Por ahora, los estudiantes reciben la razón de algo que tal vez hubiera sido más sencillo de sobrellevar si hubieran tenido las respuestas inmediatas que reclamaban.