El aumento salarial pactado entre la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y los representantes de las patronales se encuentra por encima de los lineamientos que el gobierno había establecido como sugerencia, “tomando en cuenta la realidad del sector”. Entre los lineamientos del Poder Ejecutivo que en su oportunidad presentó Andrés Masoller, director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se encontraba una referencia explícita a que los aumentos debían estar relacionados con “la realidad del sector”, en referencia a la evolución de la productividad de la mano de obra y las condiciones del mercado en el que operan las empresas.
El acuerdo de la bebida implica un aumento del salario real de 10,16% en tres años, aproximadamente 3,28% al año (ver nota en página 3). Este resultado preocupa a las autoridades en tanto se trata de un sector en el que la productividad de la mano de obra no ha crecido de manera similar. En declaraciones a la prensa, Masoller destacó que las estimaciones realizadas en el MEF indican que el sector tuvo caídas en la productividad. Por otra parte, en el acuerdo de la bebida no se manejó una fórmula vinculada a la evolución de la productividad, al contrario de lo que sucedió en otros sectores en los que sí se hizo, como la banca y la salud privada.
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Si bien en repetidas ocasiones miembros del equipo económico indicaron que no decidían los aumentos salariales, aspiraban a que los acuerdos a alcanzar no generaran “presiones inflacionarias adicionales”. En la instancia de presentación del acuerdo de congelamiento de precios, el 24 de octubre, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, señaló que no era justo decir que la política salarial “explique el alza de precios”. Pero aspiraba a que “los actores involucrados” en las negociaciones “internalicen el problema para actuar de manera prudente y moderada”, a la vez que llamó a ver el acuerdo de precios “como un ejemplo y una señal de encuadre para esa negociación”.
La preocupación del Ejecutivo está vinculada no tanto al peso que este aumento pueda generar sobre el nivel general de precios (ya que la masa salarial del sector de la bebida es pequeña), sino a que se trataría de una “mala señal” para las demás ramas que aún están negociando.
El aumento de los precios de octubre de 1,15% llevó a la inflación a 7,9%, dato que está bastante por encima del rango meta del gobierno. Este guarismo sitúa los precios en un umbral en el que un aumento como el de la bebida es visto con preocupación, pero sobre todo lo que inquieta al gobierno es que este ejemplo sea imitado en las próximas rondas negociadoras y en sectores igualmente estancados en su productividad.
De acuerdo a fuentes del gobierno, se trata de un sector “protegido y subsidiado”, y la convalidación de un aumento salarial de este nivel demostraría que “se encuentran en condiciones de competir sin necesidad de la protección”.