La movida fue organizada por Mujer Ahora, que ejecuta desde 2010 el proyecto “Es tiempo de justicia de género”, con el apoyo de ONU Mujeres. “El año pasado se hicieron 14 propuestas específicas al Poder Judicial, muchas de las cuales tenían que ver con esto que se está pidiendo hoy, y la realidad no cambió desde entonces”, explicaron a la diaria las doctoras Marina Morelli y Rosana Medina, integrantes de Mujer Ahora.
“El Estado uruguayo ha recibido innumerables observaciones de organismos internacionales por no hacer frente a la obligación asumida a nivel internacional en relación con los derechos de las mujeres”, afirmaron. Las entrevistadas indicaron que la petición está suscripta por 104 organizaciones sociales “que han estado en todas las mesas de diálogo sociedad civil-Estado y han aportado toda la experiencia; sin embargo, los cambios no son reales”, dijeron respecto del cumplimiento de la ley.
Reclaman, concretamente, erradicar una serie de prácticas aplicadas en los juzgados pero no contempladas en la Ley 17.514, de Violencia Doméstica. Piden que no haya más confrontación entre víctimas y agresores, que aunque la norma indica que debe ser aplicada sólo en casos excepcionales, es una práctica habitual en los tribunales, según sostienen. Se solicita erradicar los “pronunciamientos simbólicos como ‘intímese a las partes a evitar conflictos’ que resultan inútiles e insuficientes para la protección de la víctima”. Asimismo, pretenden que se termine con las “medidas de protección recíprocas”, puesto que la norma es clara al defender a las víctimas de los agresores.
Respecto de las medidas cautelares, las organizaciones exigen que ante su incumplimiento el juez arreste al agresor, como dice la ley, en lugar de hacer una simple intimación a que las cumpla. Por otra parte, solicitan que no haya más “resoluciones infundadas ni telefónicas que vulneran todas las garantías del debido proceso y dificultan la defensa de las víctimas”. Rechazan “la multiplicidad de procesos y expedientes cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes”, así como “la ordinarización del proceso” que lleva a “un largo peregrinaje por los juzgados”.
Entre otros puntos, también solicitan que se termine con la “homologación judicial de supuestos acuerdos entre víctima y victimario” y con el “archivo del expediente por aceptación de retiro de denuncias o no asistencia a audiencia”.
Las entrevistadas afirmaron que “esto es una forma de incidencia”. “Estamos denunciando las prácticas, diciéndoles que deben ser erradicadas y cómo”, agregaron.
Esperan ahora que el organismo argumente “las razones por las cuales consideran que dichas prácticas pueden continuar impregnando a nuestro sistema de justicia”. A partir del silencio o de la argumentación estas organizaciones van a decidir cómo seguir. “Porque queremos que efectivamente se haga realidad ese derecho que no podemos medir si sigue sólo en la letra fría de la norma”, aseguraron.