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Laura Sosa, la esposa de Gastón Faguada que está desde ayer encadenada, ocupando el lugar de su pareja, que tomó la medida el lunes 3, frente a la sede del Banco Hipotecario.

Foto: Pablo Nogueira

Enajenados

2 minutos de lectura
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Pareja reclama por derechos de vivienda ante desalojo del BHU.

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El anuncio verbal de la postergación de su lanzamiento por una semana es la única respuesta que, señalan, han tenido Gastón Faguada y Laura Sosa ante el reclamo que llevan a cabo frente a la sede del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) en la calle Fernández Crespo, en Montevideo. Piden que les sean reconocidos los derechos que, según afirman, tienen sobre una vivienda que habitan desde 2011 en el Barrio Obrero 9, en Villa Española. Fue construida en 1941 por el extinto Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE). En 1981 los inmuebles de ese plan pasaron al BHU, aunque no sus títulos, resaltan. Éstos los tienen sus originarios poseedores o quienes fueron comprando los derechos. Incluso el predio en el que están construidas pertenece al Banco de Previsión Social (BPS), y el BHU está a cargo de su administración y ejecución.

En la explanada del BHU Faguada estuvo más de seis días encadenado, mientras hacía una huelga de hambre con la que continúa, pero en la vereda de enfrente, en el interior de un automóvil. Estaba previsto que ayer a las 17.00 fuese retirado por orden del juez, pero se fue del lugar voluntariamente para mantener la medida de protesta a pocos metros de donde ahora está encadenada su pareja. Ayer un centenar de amigos, vecinos y allegados se concentraron en el lugar para manifestarles su apoyo. La pareja tiene un hijo de siete años de edad. “Es cero falta y tiene muy buenas calificaciones”, subrayó su padre.

Derechos adquiridos

“Quieren despojar de su vivienda a una familia trabajadora”, comentó Faguada, poco después de conversar con periodistas que acudieron a consultarlo sobre lo que ha vivido en estos días. Explicó que se siente débil, que tuvo un pico de presión y que le bajó el nivel de azúcar en la sangre, pero que va a seguir con la huelga de hambre.

Contó que llegó a esa vivienda en julio de 2011, pero que antes de pagar por ella a quien tenía la titularidad de los derechos posesorios pidió información registral. Supo en ese momento que sobre la propiedad pesaban dos embargos, uno fechado en 1993 y otro en 2008. “Los pasos que dimos con la escribana son los correspondientes: primero levantar los embargos que recaían sobre el bien por deudas de tributos, después hacer la escritura pública, y en tercer lugar inscribir los derechos posesorios de la vivienda en la Dirección General de Registros”, sostuvo. La doctora María Panzacche, abogada que trabaja en el caso, apuntó que incluso el BHU dijo que no le correspondía el padrón en el que se encontraba la vivienda. “No se encontró ningún impedimento legal para hacer todo eso”, señaló Faguada. Incluso aseguró que hoy en día está “en condiciones de que esos derechos prescriban y la vivienda pase a ser mía”.

A los dos meses de estar habitando la vivienda le llegó un cedulón. “Compré una casa que ya tenía el desalojo. La anterior poseedora nunca se notificó. Era del BHU contra la anterior poseedora o cualquier ocupante. Yo fui calificado de ocupante precario”, explicó, subrayando: “En todo momento, a toda hora, he actuado como propietario”. Pudo postergar aquel lanzamiento. Panzacche señaló que lo que esperaban era que, al llevar la documentación de los derechos posesorios, la situación se regularizara. “Es un principio del derecho administrativo que, una vez que se constata un error o un daño, se pueda reparar, incluso de oficio”, indicó.

La abogada cuestionó en todo momento la potestad del BHU en el caso. “El banco ya no tiene padrones de viviendas sociales, sino que los tiene la Agencia Nacional de Vivienda. En este momento la agencia está regularizando situaciones de ocupantes que no se encuentran en situación similar a la de él. Incluso hay antecedentes de ocupantes que regularizan su situación. En este caso ellos tienen los derechos inscriptos, la casa se arregló, se han pagado todos los impuestos; no son deudores de nadie”, afirmó.

Panzacche pidió al BHU una investigación administrativa para que la propia institución sume elementos con el objetivo de analizar el caso. Mientras tanto Faguada seguirá con la huelga de hambre. “Es por tiempo indeterminado; hasta que haya una solución”, señaló.

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