Tres niños aparecen, como de la nada, para dar la bienvenida. Apenas nos acercamos al edificio, advierten que somos periodistas, que trabajamos con grabadores y que el fotógrafo podría -dentro de su imaginario- hacerlos posar. Nada de esto sucede a simple vista. Sólo que nos presentamos y preguntamos por los adultos con los que queremos conversar. Inmediatamente se acciona un mecanismo de reunión entre los vecinos que están a esa hora en el edificio. Algunos bajan, convocados por una señora que alerta de nuestra llegada. Ya se acercan con las carpetas en la mano, mostrando papeles con cedulones, informes técnicos de distinto tipo y de distintas fechas, y mucha información. Están juntando firmas para presentarle en febrero al presidente. Han pedido reuniones con autoridades de gobierno y con políticos de distintos partidos.
El Conjunto Habitacional 20 del Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE) se ubica en la rambla República Argentina y Zelmar Michelini, en el Barrio Sur de Montevideo. Allí viven 96 familias cuyo posible realojo está en trámite en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). 63 de ellas presentaron regularización de sus padrones de propiedad, 51 tienen el crédito cancelado, 12 son arrendatarias y 33 se encuentran en una situación irregular (13 de ellas son ocupantes). Los valores de los apartamentos fueron tasados en 65.000 dólares los de un dormitorio, 80.000 los de dos y 95.000 los de tres.
Las obras del edificio se iniciaron en 1964, fueron adjudicadas al INVE y ocupan un predio cedido por la Intendencia de Montevideo (IM). Su sistema de construcción es prefabricada en concreto. En la construcción original y las actuaciones posteriores de mantenimiento, el Estado ha invertido cuatro millones de dólares, y en 43 años las tareas de mantenimiento general del edificio fueron escasas.
En 1998 se tiene registro del primer derrumbe con intimación de la IM. Según explicó a la diaria la responsable del Departamento de Acondicionamiento Urbano de la comuna, Eleonora Bianchi, las inspecciones de la IM determinan la situación de riesgo y la comuna intima al propietario del bien para que tome las medidas correspondientes según el caso. En aquel momento, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) gestionó con la IM la posibilidad de desalojo de las viviendas y la posterior demolición del edificio. Antes de esto, el BHU había invertido por deterioro en la construcción cerca de 635.000 dólares.
En 2006, se definieron las condiciones para la venta de los apartamentos. Según la ANV, sólo 38 ocupantes firmaron compromisos y queda 60% en situación irregular de ocupación. En 2010, la ANV recibió una nueva intimación municipal por la caída de las tapajuntas de hormigón deteriorado, y se realizó una intervención de 41.000 dólares en acuerdo de pago conjunto con los ocupantes. En 2013, otra intimación de la IM por deterioro de los techos genera una nueva acción de 33.000 dólares. Ese año, se solicitaron informes técnicos sobre el estado del edificio y en julio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tomó conocimiento de la situación. Es entonces en ese momento que se considera finalmente la opción de abandono y relocalización de los vecinos para demoler luego la estructura.
La presidenta de la ANV, Cristina Fynn, informó mediante un comunicado que, pese a realizar “los mayores esfuerzos por recuperarlo, conformar Comisiones Administradoras, regularizar a sus ocupantes, atender las características del mismo y reforzar la permanencia de las familias en forma legal y formal”, se enfrentaron a un “panorama desolador, porque conocemos la historia del complejo”. Debido a los informes técnicos solicitados, la ANV concluye que el complejo “adolece de riesgos estructurales que hacen inviable su recuperación” y tiene problemas “derivados de sus características de construcción, por la erosión que provoca el medio ambiente al que está expuesto, y por el escaso mantenimiento de las estructuras desde su origen”.
Infórmese de los informes
El jueves 9, los vecinos recibieron un cedulón de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) que detallaba la siguiente evaluación: “No cumple con lo mínimo de protección contra incendio”, y diagnosticaba que la estructura se encuentra en “una situación comprometedora”. La DNB detectó “deterioro del exterior del edificio, falta de mantenimiento, indicios claros de acción corrosiva por filtraciones de aguas primarias que se canalizan por elementos prefabricados, por lo que implica refacción de muchas cañerías”. “Riesgo inminente para vidas humanas en caso de ser afectados por algún colapso de material”. Advierte “existencia de derrumbes parciales, fisuras, grietas”. El documento, firmado por el director nacional de Bomberos, Raúl Díaz Gordillo, concluye que “se comparte y considera como necesario y primera medida preventiva de desalojo de este complejo edilicio, donde existe un número importante de ocupantes y ante eventual siniestro parcial o total de colapso podría ocasionar pérdidas de vidas humanas”.
Los vecinos que se acercan cedulón en mano evocan un informe técnico “lapidario” del cual descreen. Se trata de “Fundamentos y recomendaciones para el realojamiento de los ocupantes del edificio ‘Barrio Sur’ (CH-20)”, solicitado por la ANV al ingeniero civil, asesor de estructuras, Ponciano J. Torrado el 29 de octubre de 2013, el cual concluye: “La decisión adoptada para declarar el estado ruinoso del inmueble, el consiguiente realojamiento de sus moradores y la inmediata demolición del edificio es consecuencia lógica y responsable de las severas patologías que presenta. Múltiples causas, entre ellas la falta de mantenimiento, así como deficiencias técnicas intrínsecas, en su mayoría desconocidas en la época de construcción, han conducido a la situación actual. Adoptar medidas de recuperación edilicia obligatoria a incurrir en costos desmedidos, no justificados en forma razonable, sobre todo por las incertidumbres que se tienen del estado interno de los elementos prefabricados y del sistema de ensamble de los mismos. El realojamiento de los moradores atiende a consideraciones de tipo humano a proporcionárseles nuevas viviendas, en condiciones dignas de habitabilidad”.
Sobre la posibilidad de reparar el edificio, Torrado informa que “el estado actual de las piezas prefabricadas que componen la estructura, en las que se observa un gravísimo nivel de corrosión de las armaduras, como es el caso de las losas de Planta Baja, los muros testeros y los pilares de soporte, no garantiza el éxito de las reparaciones”.
Además, constata “el estado ruinoso de la edificación a causa de patologías que exhibe, riesgo potencial de colapso estructural, riesgo de daño, a la integridad personal y material, serias condiciones de inhabitabilidad, humedades, instalaciones sanitarias y eléctricas en mal estado, extinción de valor patrimonial por declaración de ruina del inmueble”. El ingeniero recomendaba “comunicar esto a los vecinos y concretar el realojamiento en entre tres y seis meses a contar del acto administrativo que determine el realojamiento de los ocupantes del inmueble y su inmediata demolición”.
Mónica Guixe, vecina del complejo, dijo que existen dudas respecto del informe de Torrado. “Cuando nos dieron el informe, en la reunión le preguntamos a Torrado: ‘¿Es verdad que se cae? ¿No se puede arreglar?’, y nos dijo: ‘No me pueden preguntar eso porque la Agencia no me contrató con esa pregunta, me pidió que hiciera un informe sobre cuánto tiene de vida útil el edificio; si a mí me hubieran preguntado ‘¿se puede arreglar?’, yo hubiera dicho otra información. Sí, se puede, pero los costos son muy altos’”, señaló.
A partir de eso los vecinos se comunicaron con el hijo del constructor del edificio, Homero Pérez Noble, quien recorrió el complejo la semana pasada, en compañía de ediles de todos los partidos, y aseguró que no tiene riesgo de derrumbe.
Pérez Noble se define como patólogo de la construcción y, según dijo a la diaria, experto en el sistema PNV, creado por su padre y el arquitecto Viera. Este sistema, por el cual está construido el edificio, consiste en paredes enteras de hormigón armado. “Es diez veces más fuerte que un muro hecho de mampostería, porque es hormigón armado (pedregullo, arena y pórtland, además de hierro)”, aseguró. Dijo que puede garantizar que “no sólo no se cae, sino que el lío se va a armar el día que lo quieran tirar. Esta gente no sabe del sistema y de cómo se construyó. No sólo es mucho más fuerte que un edificio normal, sino que está asentado sobre rocas graníticas”.
“Las estructuras no colapsan sin avisar, empieza a haber fisuras, se empieza a inclinar y algun día cae un pedacito. De los que están en el tema y han hablado, nadie domina este sistema”, dijo. “Tenemos alrededor de 200 viviendas impecables que fueron hechas con este sistema, y hay hermanos de este edificio: 600 viviendas hechas en Montevideo. En Panamá, mi viejo hizo 3.000 viviendas saludables como éstas”, señaló.
Según explicó, en las partes donde hay hierro a la vista “no hay daños importantes que indiquen que existen posibilidades de derrumbe; lo que pasó es que en un momento la ANV quiso restaurar el edificio. Vino una empresa y presupuestó por picar las fisuras y reponer el revoque. Hicieron la etapa número uno, dejando los hierros al aire, que se fueron dañando, envueltos en la bruma marina salina. Por eso algunos están feos, pero los que se ven no son escenciales. Los pilares que sostienen están sanos e impecables”, aseguró. Según adelantó, está recabando información para iniciarles un juicio a la ANV y a los técnicos que realizaron el informe.
Por otra parte, su hermana, la arquitecta Norma Pérez Noble, realiza un “contrainforme” al de Torrado. Según explicó la arquitecta a la diaria, se basará en “las contradicciones de los dos informes de Torrado (en el primero decían que el edificio no se iba a caer y después, por alguna orden misteriosa, cambiaron el discurso) y en los errores que hay acerca del sistema de construcción”. “Acusan al sistema de un vicio constructivo que no tiene, basaron esto en presunciones y en fotos, no tomaron muestra del hormigón, no hicieron nada; hay errores gruesos acerca del sistema y de cómo es”, concluyó.
Tanto los vecinos como los hermanos Pérez Noble consideran que es fundamental un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que permita dilucidar el tema. Según explicaron, ésta cuenta con las herramientas necesarias para realizar pruebas de resistencia del hormigón.
Entre informes y opiniones diversas, el 28 de noviembre de 2013, la Junta Departamental de Montevideo decretó autorizar a la IM para declarar “finca con situación de riesgo inminente” el complejo.
Gente que busca dónde
Antonia Perdomo vive desde hace diez años en el edificio y dice que adquirió el inmueble por cesión de derechos del titular. Vive sola, en un apartamento de tres dormitorios. No es titular y eso no la beneficia, dice. Tiene en sus manos una carpeta llena de papeles que ofrece para fotocopiar.
Guixe, una de las primeras vecinas en asomarse, vive allí desde hace 12 y ocupa el lugar 71 en la lista de la ANV para conseguir nueva vivienda. Comenta que su apartamento, de un dormitorio -aunque mejorado, ya que cerró el balcón que da al fondo para hacer un nuevo dormitorio para su hijo-, tiene un valor aproximado de 65.000 dólares. Dice que la ANV ha decretado el 31 de marzo como tiempo máximo para que los vecinos decidan dónde alojarse definitivamente. Dice también que siempre ha pagado impuestos y tributos, con una conducta rigurosa, hasta enero, y que ya sabe que no llegarán las facturas porque así se lo han anunciado desde la IM.
Es que la ANV realizó este año dos sorteos entre los propietarios del edificio para el realojo en otras viviendas. Leonardo Cartategui dijo a la diaria que “de las dos listas que se conformaron, la primera es de la gente que es propietaria y tiene los papeles al día, o los que se regularizaron en la ley de los ocho años de ocupación. En la segunda lista estamos los que, por hache o por be, no tenemos terminada la titularidad, porque se nos complica por algún papel o algo”. Cartategui vive allí desde hace siete años, pero su esposa desde hace 35, ya que heredó la casa de los abuelos. “Ella está en Venezuela y hasta que no vuelva no podemos regularizar los papeles”, cuenta.
Hablan dos o tres vecinos al mismo tiempo. Cuando se ordenan, Guixe comenta: “Si sos propietario te dicen: salí a buscar propiedades hasta 10% más del valor de tu vivienda, porcentaje que podés financiar a 15 o 20 años con la ANV. La presentás, ellos te mandan un asistente social, un ingeniero y un arquitecto, y te dan la habilitación por sí o no. La ANV tiene que autorizar, pronunciarse sobre si le parece viable o no. Hasta ahora, de todos los que buscaron y presentaron viviendas -que fueron en diciembre- a ninguno le contestaron nada”, dijo.
Además, Guixe contestó que quieren que se abra la cartera del BHU, con el fin de poder elegir. La lista que le dio la ANV no es del agrado de muchos vecinos, por varios motivos, entre los que destacó que la tasación de los apartamentos es mucho menor al valor de sus viviendas, y que los barrios donde están disponibles las casas son lejanos al que ahora viven; entre ellos, Cerrito, Malvín Norte, Unión, Sayago, Villa Española.
“Lo que pasa es que la ANV tiene una cartera de viviendas que nadie quiere agarrar, entonces ésta es una buena oportunidad de deshacerse de esa cartera. Todas las viviendas que están en la periferia de Montevideo, que tienen un contexto social crítico en la vuelta, ninguna persona que sea trabajadora, como somos todos nosotros, quiere ir a vivir ahí porque el medio te margina y te segrega. Si nos vamos a vivir ahí, no vamos a poder salir. En muchos lados nos han dicho que se puede salir hasta determinada hora y después es tierra de nadie, es como un gueto”, expuso Cartategui.
Verónica García, nieta del titular del edificio, que está en proceso de regularización del título de propiedad, dijo: “Vas a las reuniones y ellos te pintan como que te van a solucionar los problemas. Yo tengo una nena que tiene problemas. Ella va a un instituto en Durazno y Ejido. Tengo una fisiatra particular que viene acá porque le queda cerca. Ellos te dicen que te van a acomodar y vos ves las viviendas, que son allá, lejos, y te toman el pelo y te dicen: ‘No sé por qué estás enojada’. No les importa que tengas un hijo, que trabajes cerca”. “Nosotros decimos que el edificio está feo de fachada, pero lo queremos arreglar. Hicimos la azotea y el tanque nuevo entre todos los vecinos. Arreglamos escaleras, barandas. Se está arreglando”, contó.
Luego apareció el “Divide y reinarás”, según Guixe: “Los vecinos no tenemos una única postura porque las situaciones son diversas”. Sin embargo, cuenta Guixe, están juntando firmas para presentarlas en febrero; ya recogieron 2.000. En la petición incluyen tres aspectos: la realización, por parte de la Facultad de Ingeniería, de un estudio profesional acerca del estado de la estructura del edificio; solicitar el realojo de los vecinos del complejo en el Barrio Sur (en caso de que el estudio indique que hay que demoler la construcción) o construir viviendas en el terreno del ex Gasómetro, ubicado frente al actual edificio; evitar el desarraigo cultural y la pérdida de identidad.
El 29 de noviembre los vecinos crearon un grupo en Facebook bajo el nombre de Unidos en Defensa de INVE. Además de reunir comentarios de vecinos en apoyo, la página contiene información que los vecinos han ido recolectando y sistematizando.
Sobre las idas y venidas de vecinos, el sábado, María Rosa publicó en el muro: “Primera mudanza en el INVE. Se va la flia. Pereira. De Corazón mucha felicidad y no quiero saber cuando me toque”.
Se vino todo el mundo
El alcalde del Municipio B, Carlos Varela, en conversación con la diaria, dijo que tomó contacto con el tema hacia fines del año pasado, previo a que se hiciera público y se informara a los vecinos. “La presidenta de la ANV me pide una reunión en la que me ponen al tanto de lo que venían trabajando producto de intimaciones de la propia IM, que había recibido denuncias de vecinos respecto del deterioro del edificio. La ANV tuvo en principio la idea de reparar, y luego de llegar a la situación de recibir informes técnicos externos corroboró, al sumarlos a los internos, que el edificio podía tener un colapso no inminente pero que obligaba tomar medidas de prevención para proteger a la gente. Se socializó la información y el tema dejó de ser trabajado por los equipos técnicos. Yo se lo comuniqué al Municipio y se decidió que, sobre la base de información técnica, acompañamos el proceso institucional y planteamos la necesidad, procurando elementos referentes a la identidad que para las personas tiene su barrio. La identidad local de Barrio Sur se tomará en cuenta sabiendo que no era posible para todo el mundo, y sabiendo que hay situaciones jurídico-objetivas distintas: hay arrendatarios, gente que hacía cuatro a cinco años que estaba, propietarios, cesión de derechos. Todos estos elementos habían sido pensados por el equipo social de la ANV”, dijo Varela.
Con respecto al destino de los terrenos, Varela dijo que hay acuerdo en que “no va a ser usado con fines inmobiliarios. Hay un compromiso que no va a ser para usar el bien. Esto me lo dijo el gobierno, y confío en eso”. Sin embargo, advirtió que “hay rumores de que empresas constructoras estarían vinculadas a algún proyecto futuro en ese lugar, y entiendo la posición de los vecinos desde el punto de vista emocional. Los compromisos e informes técnicos son fundamentales. Si respaldamos a los vecinos de las familias que quieren quedarse, corremos el riesgo de perder vidas”, sostuvo.
El 23 de diciembre, el edil del Partido Nacional (PN) Edison Casulo realizó una “petición con urgente diligenciamiento” ante la IM. En ella solicita que se “convoque a la Facultad de Ingeniería a los efectos de laudar opiniones diferentes”, que se pida un nuevo informe sobre la situación del edificio, que la IM publique en su página web el destino de dicho padrón y que también haga público el “proyecto aprobado de excepciones en el predio inmediato posterior del CH 20 ubicado en el ex Gasómetro”. Este último proyecto, explicó Casulo, fue tratado en la Junta Departamental, porque se pidió un régimen especial para su construcción, que rige con un plazo de tres años, y si no se contruye este año cae ese permiso especial, según el Decreto 34.002 de la Junta Departamental.
“Yo lo voté [el decreto de finca ruinosa]. Después salió Pérez Noble, que explica que no es así. Entonces hay una visión técnica de que puede colapsar y otra que dice que no. Por eso pedimos que se convoque a la Facultad de Ingeniería y que laude el tema. Mandamos una carta al decano de Ingeniería para que reciba a ediles de los tres partidos políticos para resolver el tema. Esto supera lo político-partidario, está en el ámbito del sentido común: si tenemos dos opciones, que laude la autoridad en la materia”.
“Si la facultad dice que está en riesgo de derrumbe, se sostiene el decreto de la Junta, pero será necesario un conjunto de políticas basadas en el criterio de que la gente no sea desarraigada de su lugar de origen. Hagamos un mea culpa general y un plan para revitalizar el edificio. Sigo pensando que la gente humilde también tiene derecho a vivir en la rambla”, concluyó.
Por su parte, el edil suplente del Frente Amplio (FA) Sebastián Rubino dijo a la diaria que desde su sector (Liga Federal) también piden un tercer informe de la Facultad de Ingeniería. “La lucha la estamos dando dentro del FA, para que cambie la postura de la ANV, porque hay una controversia técnica. Estamos manejando una especie de segundo informe, con los elementos técnicos manejados por la empresa constructora, que contradicen claramente los fundamentos en los que se basa la ANV para decir que hay colapso”, señaló. “Evidentemente, como sector político, hasta que se detectó una contradicción técnica, respaldábamos el trabajo de los compañeros; pero desde que, tiempo atrás, apareció esta controversia técnica, insistimos en que es necesaria una investigación objetiva más precisa, que va a dar un resultado necesario porque la vivienda es un derecho constitucional. No tiene que haber dudas. Respaldamos lo que se ha trabajado, pero entendemos que hay un elemento nuevo”, dijo.