En entrevista con la diaria, Norma Ametrano, presidenta de Adeca, y Gabriela Zubeldía, una de sus socias fundadoras, explicaron que el país y las poblaciones han ido cambiando desde el surgimiento de la asociación, hace dos décadas. Para ambas, uno de los puntos fuertes de Adeca es la capacidad de adaptarse rápidamente para trabajar con diferentes poblaciones, a raíz del trabajo acumulado y la estandarización de algunos diseños de cursos.
En esta línea, Ametrano reflexionó que “si hoy hay una población desocupada es una población con problemas, es muy complicada, porque es la que está cayendo del sistema laboral”. Según agregó, varios sectores han cambiado y hay personas que no han podido reciclar sus conocimientos. “En la salud, por ejemplo, el Fonasa hoy exige la historia clínica digitalizada y no hay gente preparada para eso. Desde las escuelas de enfermería hoy se está formando gente para participar en esa área”, ilustró.
Todos los sectores
En los últimos años, también están realizando una capacitación con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar) en riesgo de desvincularse de la institución, porque por situaciones familiares se ven obligados a salir al mercado laboral al poco tiempo de empezar la carrera y aún no poseen conocimientos como para trabajar en ese rubro. Según señalaron, la capacitación es “sumamente exitosa” y además de una nula deserción se encontraron con que de 20 estudiantes que realizaron el curso el año pasado, 17 ya están insertos en el mercado laboral dentro del rubro. Se los capacita para asistentes de desarrolladores web, que es una demanda frecuente de las empresas y organismos públicos. Además se trabaja con ellos y sus familias en torno a otras capacidades, como la comunicación interpersonal y las frustraciones.
De acuerdo a lo que explicaron, si bien se trata de población con un alto nivel educativo, se pueden encontrar déficits similares a los de sectores con niveles de escolarización bajos, como la capacidad para comunicar y desenvolverse correctamente durante una entrevista de trabajo.
Desde Adeca discrepan con quienes llaman “desertores” a los que ingresan a estudiar y no lo pueden sostener, y afirman que en realidad se trata de personas que están “excluidas del sistema”, que fue el que no les permitió mantenerse debido a la ausencia de actores que respondieran a sus demandas específicas. “Pueden haber ido a golpear puertas, pero no hay puertas donde se atiendan estas cosas, y eso es grave, porque nuestra sociedad está muy deteriorada en ese aspecto y se está reproduciendo desde ese lugar”, agregó Ametrano, quien contabiliza que algunas familias se encuentran en la tercera generación de reproducción de desigualdades. Zubeldía agregó que si a esa situación se le suma la extrema pobreza “ya está, no tienen salida”, y la solución tiene que ser “muy a medida”.
En tensión
En el último tiempo desde Inefop se ha intentado uniformizar los criterios para el financiamiento de cursos, algo que no fue bien recibido desde Adeca, porque consideran que muchas veces hay particularidades que hacen que no todos los cursos puedan financiarse de la misma manera. Según explicó Zubeldía, para estos cursos se requiere un equipo interdisciplinario “medianamente estable”, porque “la intervención no se hace en dos días”. “Es difícil hacer entender que se necesitan dos personas para una población de 20 mujeres, de las cuales diez sufren violencia de género, por poner un ejemplo. Se requieren equipos fuertes de acompañamiento, que es el vertebrador de todas estas experiencias, y para eso se necesitan recursos. Si hacés un análisis meramente economicista se hace una ecuación y te da un número y se escapan todos estos procesos porque te limitan a pagar un técnico”, indicó.
Según comentó, estos “fuertes ajustes a la baja que está haciendo Inefop” ponen en peligro la “metodología exitosa de acompañamiento de este sistema”, por la que desde Adeca se concluyó que hay poblaciones que “sí o sí” necesitan dos docentes o determinada carga horaria. Además, Zubeldía señaló que “Inefop tiene dinero” y entre sus objetivos está el de mejorar el nivel de empleabilidad de la población más vulnerable mediante la capacitación, por lo que “no debería supeditar sus objetivos y la mejora de la calidad de vida de la gente a un análisis meramente económico”.
En el medio rural es uno de los ámbitos donde más se cuestiona la implementación de criterios comunes en proyectos con distintas poblaciones y características. Juan Carlos Risso, de la organización educativa Alfredo Vitello Capacitación, de Sauce, y Manuel Cáceres Serinf, de otra entidad de capacitación de Fray Bentos, ambas integrantes de Adeca, plantearon a la diaria su postura al respecto. Consideraron que la implementación de criterios comunes “se hace desde el escritorio, desde Montevideo, y no tienen en cuenta la realidad del interior”. Traslados en medios particulares por falta de transporte público fluido, recorrido de caminos vecinales en mal estado, carga de maquinaria e infraestructura de una localidad a otra, búsqueda de un espacio acondicionado para el dictado de clases y traslados de docentes, son algunos de los aspectos que generan costos fijos a las entidades de capacitación del interior del país y que varían de una realidad a otra.
También se refirieron a la necesidad de contar con al menos dos docentes cuando la nueva reglamentación los limita a uno. Por ejemplo, si se da un curso de manejo de motosierra tiene que haber una distancia prudencial entre un estudiante y otro. “Los tenés que tener desparramados porque si uno está cortando un árbol, el otro tiene que duplicar esa distancia. Lo que no nos puede pasar es que tengan un accidente estudiando”, indicó Cáceres.
Justamente en materia de seguridad laboral es en lo que se han visto importantes mejoras. Cáceres contó lo que pasaba en Piedras Coloradas, un pueblo de Paysandú. “Hace 15 años íbamos a dar clase, a enseñar el manejo de la motosierra, de los grapos [tractores] para mover los troncos, enseñar poda para que el árbol crezca derecho, sin nudos, y encontrábamos que el trabajador trepaba a los árboles descalzo, sin cinturón de seguridad, e iba serruchando a mano las ramitas. Eso ha ido cambiando. Ahora encontrás que en todas las empresas forestales hay buenas medidas de seguridad, la gente tiene calzado adecuado, ropa de trabajo y si trabaja con motosierra tiene protección especial”.
Risso señaló que en lo que va de 2014 han sido aprobados “muy pocos cursos” del área rural, dato que antes conocían por medio de comunicados públicos, pero que ahora lo saben del “boca en boca”, porque la información no es pública para todos los que presentan propuestas. Tanto Risso como Cáceres cuestionan que el valor de la hora docente sea menor en la actualidad, ya que se paga lo mismo que en 2011, cuando en realidad Inefop no invierte todo el dinero con el que cuenta.
Por la distribución de los fondos fue citado al Parlamento el director general de Inefop, Juan Manuel Rodríguez. El senador Francisco Gallinal, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, explicó los motivos del llamado: “Lo que cuestiono es que tenemos problemas de especialización, de calificación de trabajadores, bajas calificaciones; sin embargo, Inefop tiene 80 y pico de millones de dólares y resulta que hizo un llamado para invertir en la bolsa [de Valores] la mitad de los recursos”.
Consultado por la diaria sobre este punto, el director general de Inefop comentó que el dinero se invertirá para conformar un fondo. “Es el fundamento de las políticas anticíclicas”, argumentó, y agregó que ante una eventual crisis escasean los recursos y se necesita invertir más en capacitación, de manera que se pretende generar un fondo con el que se pueda contar si la situación económica varía.
En cuanto a las limitaciones en materia presupuestal, Rodríguez relató que lo que cambió desde 2011 es que se contrató una auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar, que evaluó algunas de las propuestas como “no razonables” por los costos que planteaban. Y aclaró que desde entonces las iniciativas rechazadas lo fueron “por razones técnicas o presupuestales”.
Asimismo, el director general indicó, en relación con la elaboración de criterios desde Montevideo, que todas las propuestas que se aprueban cuentan con el respaldo de un comité departamental local integrado por representantes de las intendencias, los trabajadores y los empresarios.