El proyecto del nuevo Código Penal fue enviado al Parlamento en 2010 y aún hoy se está discutiendo. El Frente Amplio había prometido aprobarlo antes del 15 de febrero de este año, pero no logró los consensos internos necesarios; una de las causas fue que las asociaciones feministas de la sociedad civil lo criticaron fuertemente. Ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, volvieron a levantar su bandera en el seminario “Reforma del Código Penal uruguayo y la igualdad de género”, dirigido especialmente a legisladores. Según entienden, el proyecto que se está tratando implica un retroceso respecto de los derechos de las mujeres: no incluye una perspectiva de género, por ende ayuda a radicar el mismo estereotipo de mujer que promulga el anterior, que tomó como base el que se aprobó en la Italia fascista, en 1933. Marina Morelli, abogada perteneciente a Mujer Ahora, apuntó: “No tenemos miedo de discutir, nos encanta discutir, pero no consideramos legítimo ni aceptable que se discuta para que no exista una rebaja” en el Código Penal, sino que se debería discutir cómo avanzar: “Queremos avanzar”, afirmó. Además de exigir incorporar la perspectiva de género, reclamaron “reglas claras en la participación de la sociedad civil” en la elaboración de los proyectos de ley.
La región
Consultada por la diaria, Pimentel aseguró que América Latina atraviesa “un inmenso retroceso” en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que más bien serían los “derechos de ciudadanía de las mujeres”. A modo de ejemplo, contó que el presidente de la Cámara de Diputados brasileña, el evangelista Eduardo Cunha, en 2012 presentó un proyecto -que se convirtió en enmienda constitucional- sobre la protección de la vida prenatal. “Lo que quieren es que de ninguna manera sea posible interrumpir el embarazo”, explicó. “Lo que están haciendo es priorizar la vida por venir por sobre la de la mujer. No me conformo con que consideren esto como respeto a la vida”, señaló. “Por supuesto que hay que cuidar la vida prenatal, pero hay que discutir su significado en profundidad, porque también hay que respetar la vida, la autonomía y la libertad de la mujer”, añadió.
En Uruguay, a principios de mes, el diputado Gerardo Amarilla, también evangelista, presentó un proyecto de ley, titulado “Derecho a la vida”, que igual que el brasileño, otorgaría derecho jurídico al ser por nacer (ver la diaria del 11/03/15). Respecto del proyecto, Pimentel declaró: “Espero que Uruguay, que es vanguardia, no se sume a esa ola conservadora, religiosa, que está en detrimento del Estado laico”.
Consideran que “es imprescindible” reformar el Código Penal vigente, porque “es androcéntrico, patriarcal y muestra un desprecio muy importante hacia las mujeres”. “Sostiene y perpetúa un orden impuesto que ha cosificado nuestros cuerpos y ha valorado a la baja nuestra propia existencia”, apuntó Morelli. En ese sentido, la coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la abogada Ana Lima, añadió: “Si quisiéramos saber cómo modificarlo, hay que leer el que está vigente; eso es exactamente lo que no tenemos que hacer”.
Desmenuzado
En el panel también estaba una de las abogadas que estuvo a cargo de la revisión de la legislación uruguaya desde un enfoque de género y generaciones (ver la diaria del 19/03/15), Alicia Deus. Ella fue la encargada de presentar las recomendaciones de la sociedad civil a los legisladores. Afirmó que el derecho penal uruguayo es “androcentrista” y que el proyecto carece de “figuras delictivas basadas en géneros y generaciones”.
Por un lado, reconoció que es positivo que se incorpore “explícitamente la violación en el matrimonio”; por otro, señaló varios retrocesos. Mencionó que se continúa tipificando como bien jurídico el pudor, cuestión que plantea revisar, a la vez que propone generar la tipificación delictiva de abuso sexual, que desplazaría el “atentado violento al pudor y violación” y abarcaría otras formas de abuso, no sólo “la penetración vía anal o vaginal”, como se plantea en el proyecto. También encuentra inaceptable que se plantee que al momento de comprobar que hubo delito se “exija una prueba”, y propone que se consideren las “circunstancias coercitivas” como prueba suficiente. En otro orden, no están conformes con el planteamiento de que a los 12 años se es “hábil para mantener relaciones sexuales con un adulto”. También entienden que es un retroceso que no se incluya a las personas con discapacidad y que se tenga que demostrar que se contribuyó a la explotación sexual de una persona comprobando que hubo lucro. Con respecto a la violencia doméstica, señalaron que varios tipos de relaciones quedan excluidas, por ejemplo el noviazgo.
La sociedad civil propone que las penas no se agoten en la privación de libertad y que haya sanciones de inhabilitación de la patria potestad y a los cargos directos en educación y salud, entre otros. A su vez, uno de los puntos en los que hicieron más énfasis los representantes de las organizaciones fue en que continúa presente el delito del aborto, y exigen que se despenalice excepto en los casos en que no haya consentimiento de la mujer. Por último, recomiendan que se incluyan, entre otros, el delito de feminicidio y el de prostitución forzada.
Devoluciones
Otra de las expositoras fue la diputada frenteamplista Macarena Gelman, quien, siguiendo la línea de lo expuesto, reclamó que se “permita nombrar a los problemas, porque lo que no se nombra no existe”, y prometió asumir “toda la responsabilidad que corresponde”.
También participó la abogada miembro del Comité de Expertas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del CEDAW, de las Naciones Unidas, la brasileña Silvia Pimentel. Alertó que se está viviendo un “retroceso generalizado” en América Latina en cuanto a los derechos de las mujeres. “Uruguay no sólo tiene que continuar dando el ejemplo respetando los derechos, [tiene que] avanzar buscando un camino firme respecto de la libertad y la autonomía” de la mujer. “Es difícil, porque esta ola de retroceso está articulada regionalmente”, apuntó.
La experta considera preocupante que el proyecto mantenga los “conceptos de pudor y honor”; piensa que “su función es dificultar la libertad y autonomía de las mujeres”. A su vez, calificó de “brillantes” las recomendaciones de la sociedad civil uruguaya. Entre ellas destacó una referente a la violencia doméstica y familiar, que propone legitimar la defensa personal cuando la persona se encontrase en “estado de intensa conmoción, provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar”. La sugerencia faculta al juez a exonerar de pena los delitos de homicidio y lesiones siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que el delito sea cometido por el cónyuge y que el autor hubiera sido sometido a intensa y prolongada violencia por parte de la víctima o tuviera conocimiento de igual sometimiento de sus descendientes.
Entre el público estaba la diputada nacionalista Graciela Bianchi, quien opinó sobre las sugerencias de la sociedad civil: “Hay una cuota parte de exceso de voluntad, de espíritu de reforma, que lleva a situaciones complejas que hay que estudiar más”. “El feminicidio hay que discutirlo mucho más. Es una reivindicación, tal vez no consciente, de las mujeres, que se sienten muy vulnerables, del derecho penal de autor, que es un derecho propio de los regímenes autoritarios que juzga no por lo que se hizo, sino por lo que es, en este caso, ser hombre”, opinó. En cuanto a la propuesta de aumentar las penas, dijo: “No podemos ser incoherentes: si decimos que el aumento de las penas no es una solución para la violencia en general, tampoco lo es en el caso de la mujer”. Además, afirmó que se le dio un “énfasis excesivo en que somos una sociedad patriarcal, cuando en realidad la uruguaya no lo es”.