Durante el período pasado el gobierno aprobó la equiparación de los sueldos de los ministros del Poder Ejecutivo con el de los senadores, algo que provocó automáticamente el aumento de los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cosa que, a su vez, hizo que los salarios de todos los funcionarios judiciales también subieran. Ante este panorama el gobierno aprobó una ley que obliga a la SCJ a pagar los fallos judiciales en su contra, pero el organismo reclamó a un Tribunal de Apelaciones que la declare inconstitucional. “Lo bueno es que la situación es clara como el agua, y eso siempre es un buen comienzo”, aseguró el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. “Además, estamos ante el primer conflicto salarial de la historia que involucra a los tres poderes del Estado, algo que habla bien de la tradición republicana de Uruguay”, agregó.
Pero varios ministros de la SCJ no tienen demasiadas esperanzas de que el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que los obliga a pagar las condenas en su contra vaya a prosperar. “La SCJ está muy cerca del Poder Ejecutivo; no creo que apruebe este recurso. Supuestamente lo va a decidir un tribunal de apelaciones, pero todos sabemos que en el Poder Judicial se hace lo que los ministros de la SCJ quieren”, opinó Jorge Chediak, presidente de la SCJ. Jorge Ruibal Pino, otro ministro de la SCJ dijo estar “absolutamente convencido de que los ministros de la SCJ son corruptos”. Desde hace un par de años el organismo está siendo acusado por integrantes del gobierno y dirigentes de la izquierda de ser poco transparente y proteger los intereses de algunas corporaciones. Estas acusaciones comenzaron cuando se trasladó a la jueza penal Mariana Mota al ámbito de lo civil, algo que habría favorecido a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. “No le quepa la menor duda de que esto es así. Casi todos los ministros de la SCJ empezaron sus carreras durante la dictadura”, opinó Ricardo Pérez Manrique, ministro de la SCJ.