Ya hace casi una semana Olga Pareja, una vecina de Salinas, denunció ante la Intendencia de Canelones (IC) que el propietario del campo de al lado estaba fumigando (ver ladiaria.com.uy/AFYD). El uso de agrotóxicos está prohibido en toda la zona, para proteger la Laguna del Cisne, ubicada al norte de la ciudad, pero desde 2012 se acumulan quejas de los vecinos por varios problemas de salud -dolores de cabeza, irritación en la garganta, problemas para respirar- que, según pudieron comprobar en otros casos, fueron consecuencia de herbicidas basados en glifosato que varios productores usaban para proteger sus plantíos de soja y terminaron difuminados en el aire y la laguna.
“Hubo una infracción”, dijo a la diaria Leonardo Herou, director general de Gestión Ambiental de la comuna. No es un secreto que el predio cercano a la casa de Pareja pertenece a Pablo Benia, director del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, que ya tiene al menos una denuncia por el mismo tema. Herou explicó que el año pasado, a raíz de un informe que la IC elaboró en 2011 junto con la Facultad de Ciencias, se resolvió tomar medidas cautelares para proteger la laguna, que OSE usa como fuente de agua para abastecer a toda la Costa de Oro. Para eso se crearon las categorías de área rural natural y área rural productiva. En la primera, que incluye las zonas más cercanas a los cuerpos de agua, están prohibidos todos los agroquímicos; en la segunda, sólo se permite el uso a pequeña escala, como el de las mochilas fumigadoras. Hay una tercera, la suburbana, en la que se permiten esas sustancias siempre que haya un plan a tres años para abandonar su uso. El predio de Benia estaría incluido en las primeras dos. Ayer, un inspector de la comuna canaria se acercó al establecimiento, conocido como Piedra del Toro, y constató que había al menos una máquina fumigadora de las que se conocen como mosquitos, que se usan para esparcir cuatro litros de herbicida por hectárea en dosis de entre tres y cinco aplicaciones por año.
También ayer, de tarde, otro vecino hizo una denuncia en la Seccional 17ª de Atlántida. Un oficial de Policía inspeccionó el lugar y constató la misma infracción. No quedan dudas de que el propietario está en falta. Este segundo denunciante, Juan Chirino, pudo averiguar que la empresa a cargo de la fumigación es la Cooperativa Agraria Nacional, una de las más de 700 habilitadas por la Dirección Nacional de Servicios Agrícolas para fumigar con mosquito. Los vecinos dijeron a las autoridades que una de las máquinas está hace varios días parada en el campo en cuestión, a poco más de 100 metros de la ruta. Chirino está inquieto: ayer hizo otro petitorio para que el Ministerio de Salud Pública intervenga, y hoy de mañana llevará las denuncias y la documentación a la Fiscalía de Atlántida, junto con Carol Aviaga, senadora del Partido Nacional.
El director de Gestión Ambiental canario explica que cuando varios organismos se ocupan del mismo caso, las multas se superponen. La IC ha aplicado multas de unas 10.000 unidades reajustables, que con la cotización actual suman 8.450.000 pesos. Uno de los primeros propietarios que optaron por plantar soja transgénica en la zona (modificada para resistir al glifosato) instaló el cultivo a 50 metros de la casa de su vecino y decidió interrumpir el proyecto en 2012. En otro caso, se multó a una empresa fumigadora, pero no por contaminar, sino por no estar inscripta en el registro.
En la comuna están preocupados por las infracciones ambientales en el departamento. Herou dice que se adoptó la política de articular las denuncias con el gobierno nacional (específicamente los ministerios de Salud Pública y Ganadería, Agricultura y Pesca) y enviar inspectores lo más rápido posible, mientras se elaboran las directrices del plan de ordenamiento territorial de la Costa de Oro. El viernes, cuenta el jerarca, se registró un nuevo caso en la localidad de Paso Picón, en un campo que el año pasado fue multado por aplicar glifosato y el insecticida endosulfán y que tiene un proceso judicial iniciado en su contra. En los últimos meses hubo otras sanciones a propietarios por incumplir las normas ambientales del departamento, como talar el monte nativo sin autorización o abrir canales artificiales para tener salida a los ríos.