Cuando la intervención del ser humano, “civilizado”, cosmopolitizado, transforma a los eventos naturales en una “enfermedad” a combatir.
Nuestro país, tan pequeño, con tan poca gente, tiene una estrecha relación con los animales. No parece nada raro: esta relación estrecha se puede encontrar, con diferentes intensidades, en todas partes del planeta. Sin embargo, Uruguay tiene, según los datos de las instituciones públicas, una relación de 25 animales por habitante, tomando únicamente las especies “doméstico-productivas” –las describo así porque más de uno ha tenido una oveja de mascota–, relación esta que claramente es superior a la de otros tantos países del globo.
Nuestra relación con los animales, además de ser estrecha, es histórica. No es cuestión de este artículo analizar esta relación –o sí, al menos un enfoque de esta–, pero acordemos en que no hay persona en el país que no tenga, o haya tenido, relación directa con ellos, al extremo de que se transformaran en parte de la cotidianidad.
A pesar de ello, en nuestra legislación recién en el siglo XXI se presentó una norma vinculada a la tenencia responsable y el bienestar animal; eso ocurrió en 2009, cuando se aprobó la Ley 18.471. En ella se consagran los “derechos de los animales”, que son en realidad obligaciones que nos imponemos en este contrato social para nuestra relación con ellos. Esta ley condena la eutanasia (dar muerte), el maltrato, el abandono, el sufrimiento y la falta de cuidados. Desde 2009 hasta 2014 la institución creada por esta ley no pudo encarar el delineado de políticas públicas, mucho menos ejecutarlas. Muchas son las razones, aunque estimo que la principal fue la carencia de recursos presupuestales –recurrente problema de muchas de las decisiones que tomamos como sociedad– y recién en 2014 se concretó la reglamentación en el Decreto 64/14 (196 artículos destinados a especificar y definir las normas contenidas en la ley).
A pesar de ello, desde 2014 a 2016 nada cambió; la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal nada pudo concretar y terminó desapareciendo –previa renuncia del doctor Homero Cabana, su responsable– en la discusión del último Presupuesto Nacional, para dar lugar a la creación de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), que funciona en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesaca (MGAP). Este cambio fue muy resistido por la profesión veterinaria y por las organizaciones de protección animal. Se estaba quitando la participación de estos actores de la elaboración de propuestas y de la toma de definiciones, y con esta modificación se buscaba dar mayor ejecutividad a esta nueva Cotryba.
Esta comisión está integrada por el MGAP –que la preside–, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y el Congreso de Intendentes. Es decir, se eliminó la participación directa de la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la Comisión Nacional de Zoonosis, la profesión veterinaria y las organizaciones no gubernamentales que hace años que trabajan en la temática.
A esta comisión, los tres ministerios y el Congreso de Intendentes la dotaron de un “gerente” –raro nombre para el puesto que debería ejecutar las acciones de una política pública que debe tener aspectos muy vinculados a la educación y a la comunicación, a los aspectos sanitarios y a los aspectos éticos de esta temática–. ¡Nombraron un gerente! El primero fue un licenciado en Marketing, quien terminó renunciando por “motivos personales” en 2017, y en su reemplazo se nombró al ex intendente de Paysandú Julio Pintos, que la “gerencia” en la actualidad.
Esta historia de lo que entendemos que son malas decisiones nos pone donde estamos hoy, luego de más de ocho años de sancionada la Ley de Bienestar Animal. Seguimos sin poder ejecutar políticas públicas vinculadas a la tenencia responsable; es decir, estamos donde estábamos, y peor. La integración actual de la Cotryba, sin consultar a las organizaciones sociales ni a las organizaciones profesionales veterinarias (la Asociación Uruguaya de Clínicas Veterinarias de Animales de Compañía, la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, la Facultad de Veterinaria) motivó la sanción de un nuevo decreto reglamentario de la Ley de Bienestar Animal (Decreto 204/17), que eliminó más de 140 artículos del decreto reglamentario previo, dejando en un vacío parte de lo definido por todos los actores vinculados a la temática en 2014 e introduciendo aspectos claramente poco estudiados y hasta incoherentes con los objetivos de la propia ley, asumiendo cosas tan erróneas como darle calidad de tenedor responsable a quien tuviera encerrado o atado a un animal por más de 15 días en su lugar de residencia o trabajo (artículo 7) –una conducta específicamente punible por la propia ley con el delito de maltrato animal–, entre varios ejemplos.
Estos cambios de normativa, que significan un atraso respecto de lo avanzado en aspectos legales, tienen como agregado las definiciones de la instrumentación del Registro Nacional de Animales de Compañía (Renac). Ahora todo se complica más.
El Renac, creado por la ley de 2009, tiene por objeto identificar a los tenedores responsables de los animales de compañía (no solamente los perros, como indica este nuevo decreto reglamentario); eso significa que, como puede pasar con un auto o un inmueble, el Estado pueda saber quién es responsable de qué animal. Esto es fácilmente comprensible y, al mismo tiempo, esencial para llevar adelante políticas públicas que atiendan este aspecto tan importante de nuestra vida afectiva, como lo es la relación con los animales de compañía. Y en realidad hay un consenso amplio en la sociedad en que es necesario, para evitar los conflictos y problemas que trae aparejada la irresponsabilidad de algunos en relación con los animales.
El problema es que las autoridades que actualmente tienen a su cargo el tema parten de la base de que los perros –por ahora, los pobres perros– son una plaga y, como tal, debe ser “controlada”. Nada está más lejos de la realidad. Somos los uruguayos, incluida la omisión del Estado, los que dejamos que hoy exista una relativa desproporción de población canina en el país. O, más bien, somos los que no atendimos a la educación en la responsabilidad que conlleva tener una mascota y dejamos que se deteriorara tanto la relación entre la gente y los animales.
Ahora, en la medida en que las autoridades definen a los animales como una “enfermedad”, claramente las medidas que pretenden imponer a la sociedad se chocan de frente con la percepción que la propia sociedad tiene de sus animales, y de ahí tanta reactividad en las redes sociales, tanto caceroleo, tanto escrache frente a la casa de nuestro presidente.
El 1° de octubre entró en vigencia la “obligatoriedad” que tenemos los ciudadanos de identificar a nuestras mascotas caninas con un microchip e identificarnos como tenedores responsables. Muchos uruguayos no quieren y no querrán hacerlo; no lo comprenden, y les preocupa que se los avasalle en su íntima relación con un integrante más de la familia, como es hoy un animal de compañía.
Indudablemente, debemos parar las rotativas y discutir más profundamente esta política; darle el espacio que tiene a la profesión veterinaria para liderar este trabajo –¿o a alguien se le ocurriría encargar a un ingeniero la campaña de lucha contra el dengue?–; buscar acercar la opinión de las organizaciones no gubernamentales que siguen haciendo lo que hacen desde hace mucho tiempo: ocuparse, justamente, de la falta de determinación del Estado para elaborar e invertir en políticas que mejoren la situación de muchos animales.
El Estado puede optar por escuchar y modificar el rumbo para que la sociedad en su conjunto asuma la importancia de esta herramienta, la identificación de los animales asociándolos a sus responsables, o insistir en chocar contra la sociedad y demonizar una herramienta que ha demostrado ser esencial para mejorar nuestra relación con los animales de compañía y dotar a la sociedad de mejores niveles de convivencia.
Los perros no son una plaga. Todo lo contrario: los perros nos traen innumerables beneficios y no solamente lúdicos, sociales, sino que también mejoran nuestra salud física y mental, y enfocarlos como si fueran el enemigo a controlar claramente encierra una concepción absolutamente equivocada y a contramano de la gente.
Sebastián Fernández | Médico veterinario, integrante de la Asociación Uruguaya de Clínicas Veterinarias de Animales de Compañía; de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales; de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay.