Actualmente, la bancada frenteamplista de la Cámara de Diputados está discutiendo el proyecto de una nueva Ley de Salud Mental. Esta ley está siendo reclamada desde hace ya muchos años por las organizaciones sociales vinculadas al tema.
Una reforma es sumamente necesaria en un país que está seriamente atrasado en las políticas en esta materia. La legislación que rige actualmente es la Ley 11.139, del Patronato del Psicópata, de 1948, que sólo con su nombre nos da una idea de lo anacrónica que es; incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado que se modificara.
El modelo basado en “manicomios” e instituciones asilares ha demostrado que, lejos de ser un abordaje adecuado, ha generado lógicas manicomiales que limitan la autonomía y la garantía de los derechos humanos de los usuarios que sufren una enfermedad mental.
En 1991, la ONU, en los “Principios sobre la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental” hace referencia a la necesidad de que exista tratamiento en la comunidad y en el ambiente menos restringido posible. La creación de los manicomios está más vinculada a nuestro deseo como sociedad de aislar a estos pacientes, de “no ver lo que molesta”, y como residuo del rol disciplinante de la medicina.
En el ámbito regional, la Declaración de Caracas (del 4 de noviembre de 1990), adoptada por la conferencia regional sobre reestructura de la atención psiquiátrica, señala que la atención psiquiátrica convencional no es compatible con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Considera que la atención primaria en salud es la estrategia adoptada por los organismos mundiales de salud. Esta estrategia es la que se está desarrollando en el país desde la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero parece que el área de salud mental queda fuera de este marco.
Sumamos a esto que el abordaje de la salud mental es casi exclusivo del área de la psiquiatría, no jerarquizando otras disciplinas para el tratamiento adecuado, como la psicología, el trabajo social, etcétera.
En este período el Ministerio de Salud le dio un rol central a la creación de esta ley. Elaboramos en un grupo de trabajo, desde 2015, una propuesta que incluyera avances en todos estos aspectos y la presentamos a la Comisión de Salud del Senado. En el pasaje por la Cámara de Senadores este proyecto sufrió distintas modificaciones que, en su mayoría, debilitan el avance que esta ley implica, y se incluyen algunas que significan un retroceso legislativo para el país.
Desde la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, que nuclea a 54 organizaciones sociales, nos reclaman mayor profundidad en avances: solicitan que se modifique el término “trastorno mental”, que es estigmatizante y se centra en el rol de la psiquiatría; piden que el abordaje sea en unidades interdisciplinarias en hospitales generales; solicitan que se establezca una fecha tope para el cierre de las instituciones asilares y monovalentes, que se cree un órgano de revisión y supervisión independiente y autónomo, y que se derogue la Ley del Psicópata, entre otras.
Pero quiero detenerme en uno de los puntos que cuestiona la sociedad organizada. Se trata de un aspecto que, además de no aportar al avance en el cambio de modelo de atención en salud mental, establece un componente que limita las garantías individuales y la protección de los derechos humanos. Abre, además, las puertas para un rol represivo del sistema sanitario en esta área. Hablo del artículo 30 del proyecto, que refiere a que una persona puede ser hospitalizada involuntariamente o retenida en un prestador cuando exista riesgo grave de daño inmediato o inminente para la persona o para terceros. Desde el Partido por la Victoria del Pueblo consideramos que debe ser revisado este proyecto de ley para poder incorporar los elementos denunciados por las organizaciones sociales, pero sobre todo es fundamental revisar este punto.
La internación compulsiva debe considerarse cuando exista “riesgo de vida inminente para la persona o terceros”. El concepto de “daño”, como aparece en la actual redacción, es una puerta por la que pueden entrar muchas situaciones que podrían ser abordadas sin pasar por la internación. Este artículo va en contra de la misma esencia de la ley, que apuesta a que las internaciones sean el último recurso posible, y permite que se puedan hacer en forma poco adecuada para el objetivo terapéutico. Quién determina el daño potencial y cómo se mide este puede ser muy arbitrario, y no debería ser evaluado sólo por el área de la psiquiatría.
Esta ley, adicionalmente, abarca el uso problemático de drogas, por lo que podría abrir la puerta a la internación compulsiva en el abordaje de usuarios problemáticos de sustancias. Este debate ya fue dado por el Frente Amplio: nosotros lo rechazamos enfáticamente y volvemos a hacerlo en esta ocasión.
La internación compulsiva de usuarios de drogas en estas condiciones va en contra de las garantías individuales y de la protección de los derechos humanos. Como tratamiento terapéutico, esta medida ha demostrado científicamente su ineficacia.
En 2015 la Organización de Estados Iberoamericanos y la Junta Nacional de Drogas de Uruguay establecieron los ejes del abordaje en drogas marcando que se debe “eliminar la imposición de tratamiento compulsivo por drogas en acuerdo con la Declaración conjunta de Naciones Unidas referente a los centros de rehabilitación y detención por drogas”. En aquella oportunidad se demostró también que las “prácticas de tratamiento involuntario y/o internación forzada que infringen el derecho a la autodeterminación [...] no pueden contraponerse sino complementarse con el derecho a la protección de quienes tienen autonomía disminuida”. El enfoque que refleja el artículo 30 del proyecto de ley es represivo, interpreta que el sujeto es peligroso, y no se centra ni en la persona ni en sus derechos.
El artículo 30, así redactado, va en contra de lo que intentamos impulsar y es un retroceso legislativo y en los avances y estudios sobre el abordaje en salud mental, y en particular sobre el uso problemático de drogas. Trabajaremos intensamente para que se pueda rediscutir estos aspectos en el Parlamento y para que logremos aprobar la ley que garantice los avances en la atención a la salud mental a la que todos los uruguayos y uruguayas tenemos derecho.