En este momento se está analizando en el Parlamento Nacional el proyecto de Ley de Salud Mental desde una Perspectiva de Derechos Humanos en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Como primer punto parece relevante señalar que su redacción actual es producto de un largo proceso de intercambio, acuerdos, discrepancias y síntesis que comenzó en 1984 –a fines de la dictadura militar–, cuando múltiples organizaciones gremiales, de usuarios, de familiares, científicas y universitarias ligadas a la salud mental trabajaron conjuntamente y se constituyeron en la Comisión Asesora Técnica del Ministerio de Salud Pública (MSP). El ministerio y dicha comisión fueron estructurando y afinando ejes conceptuales, y el resultado fue el Plan Nacional de Salud Mental de 1986, que proponía un modelo de atención universal, igualitario, integral y coordinado. Es de destacar que dicho plan tenía la esencia del actual proyecto de ley.
Luego de ello, durante las últimas tres décadas, varios colectivos de diversos ámbitos fueron interiorizándose en las complejidades del tema y aportando opiniones. Finalmente, en 2015 el MSP –con la contribución de la mencionada comisión asesora– presentó el documento “Aportes para los contenidos de una Ley de Salud Mental”, dando consistencia al proceso de construcción. En ese texto colaboraron más de 30 organizaciones –muchas de ellas habían estado presentes en 1986– en encuentros que evidenciaron concordancias y discrepancias.
A partir de tales intercambios el Poder Ejecutivo generó el proyecto de ley que se trata hoy en el Parlamento, que refleja la participación y mutuo aprendizaje de todos quienes intervinimos en su elaboración.
A nuestro modo de ver, dicho proyecto constituye un marco sólido y a la vez flexible para construir el futuro Plan Nacional de Salud Mental. Tiene una amplia génesis democrática, se sustenta en un paradigma de derechos humanos, y desde la perspectiva técnica, optimiza la atención mediante un radical cambio de modelo.
Ciertamente nos genera algunos reparos, mas estamos dispuestos a obviarlos en aras de privilegiar concordancias. Determinadas personas y colectivos que estuvieron presentes desde el principio y durante la actual elaboración del proyecto en el MSP expresan también ciertas discrepancias; asimismo, es notorio su acuerdo con un amplio número de disposiciones que son las que sostienen el cuerpo de la ley, que contribuyeron a construir.
Creemos importante que todos los involucrados en la tarea de mejorar las condiciones de atención a la población apuntemos hoy a sustentar los aspectos del proyecto de ley que sí compartimos, aunque no avengamos con absolutamente todos sus artículos. Consideramos que su puesta en marcha mejoraría la calidad de la atención a la población y el desempeño de los trabajadores de las diferentes áreas de la salud mental, dos caras de una misma moneda.
Es notorio que los servicios de salud tienen carencias. Los psiquiatras junto con otras profesiones, familiares y usuarios las hemos venido denunciando, así como trabajando dentro de nuestras posibilidades para que la situación mejore, con resultados que no han sido siempre los que hubiéramos deseado. Sabemos también que no todo es negativo y que en los centros de atención hay personas dando lo mejor de sí en su labor cotidiana; muchos pacientes y familias pueden avalarlo.
A partir de las anteriores apreciaciones, consideramos que el actual proyecto de Ley de Salud Mental constituye una buena plataforma para que se lleven adelante cambios e incorporaciones que progresivamente consoliden los aspectos positivos y eliminen aquellos inadecuados.
Este proceso exigirá tiempo, por lo que es importante no seguir dilatando las definiciones. También requerirá recursos, y por ello parece necesaria una resolución antes de la votación del Presupuesto Nacional en el Parlamento.
Con la convicción de que todos podremos continuar mejorando los términos de la referida ley durante el diseño del Plan Nacional de Salud Mental, nuestra expectativa es que entre en vigencia lo antes posible: postergar las definiciones es continuar relegando a las personas y sus derechos.
Dr. Rafael Sibils, presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay