La Justicia de Honduras resolvió ayer condenar a siete procesados por el crimen de la activista indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en su casa en marzo de 2016. Las penas se darán a conocer el 10 de enero.
Antes de que se emitiera la sentencia, la familia de la activista había cuestionado que los condenados son sólo algunos de los responsables del crimen, y que los autores intelectuales fueron excluidos de la investigación judicial. Los familiares han sostenido durante todo el proceso que el asesinato está asociado con la militancia de la ambientalista contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a cargo de la empresa DESA.
El juicio comenzó el 20 de octubre y siguió su curso a pesar de que la familia de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) –que presidía la activista– fueron excluidos del proceso. Tanto los familiares como la organización civil tenían dudas acerca de la imparcialidad del tribunal y habían recusado a sus integrantes. La medida fue interpretada por el tribunal como “abandono del proceso”, y la Fiscalía quedó como única representante de las víctimas.
Entre los condenados hay sicarios, militares y representantes de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la empresa que estaba a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres combatía. La represa se construía por entonces sobre el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad lenca, la mayor etnia indígena de Honduras y a la que pertenecía la ambientalista.
Los condenados que están directamente vinculados con DESA son Sergio Rodríguez, gerente de asuntos comunitarios y ambientales de la empresa en el momento del asesinato de la activista, y Douglas Bustillo, que fue jefe de seguridad de la compañía entre 2013 y 2015. Los otros hombres declarados culpables del asesinato de Cáceres son los ex integrantes del Ejército de Honduras Mariano Díaz y Henry Hernández; y los supuestos integrantes de grupos de sicarios Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte. También estaba imputado el hermano de Duarte, Emerzon, pero fue absuelto anoche.
A su vez, tres de los condenados, Rodríguez, Bustillo y Díaz, fueron absueltos por el intento de asesinar a Gustavo Castro, un militante mexicano que estaba en la casa de Cáceres cuando ella murió y que sufrió una herida leve de bala en la oreja.
En marzo de este año, el gerente general de DESA, Roberto Castillo, se convirtió en el primer y único imputado como autor intelectual del asesinato. Todavía no se conoce cuándo podría comenzar el juicio en su contra.
El miércoles, a pocas horas de que se conociera el fallo judicial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron en un comunicado su preocupación por la exclusión de la defensa de la familia de la ambientalista en el juicio, porque “la persecución penal sólo es efectiva si las víctimas y sus familias son efectivamente involucradas en el proceso”. Cuestionaron también “las demoras injustificadas en el proceso” y manifestaron que “la justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”.