Los días pasan y Cataluña continúa sin presidente dos meses después de las elecciones autonómicas, tras el fallido intento de los independentistas de investir a Carles Puigdemont. Ahora, los partidos Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) buscan cerrar un trato en torno a una propuesta de que el futuro presidente de la Generalitat sea el titular de la organización Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Pero esta iniciativa tiene un obstáculo práctico porque Sànchez está preso desde octubre, acusado de sedición por hechos vinculados con el proceso independentista.
El diario madrileño El País informó ayer que los partidos soberanistas posiblemente presenten el acuerdo en algún momento de la jornada de hoy. Como Sànchez está en la cárcel, en Junts per Catalunya manejan el nombre del ex consejero de Puigdemont, Jordi Turull, para que ocupe el cargo de consejero en jefe y lleve adelante el gobierno catalán en el día a día.
La última reunión que mantuvieron las tres organizaciones políticas, el lunes, fue “positiva” y sirvió para “avanzar en los flecos” pendientes de cerrar, según aseguraron fuentes de la negociación consultadas por el diario español Público. Además de la investidura del presidente de la Generalitat, el soberanismo deberá ponerse de acuerdo respecto de la formación del nuevo gobierno y su programa para los próximos años.
Sobre esto último es que en ERC mantienen “serias discrepancias”, dijeron miembros de este partido al mismo diario. En especial, ERC y Junts per Catalunya no logran coincidir sobre el diseño del llamado “proceso constituyente”, ya que los primeros consideran que los debates sobre el modelo educativo, el sistema de salud o la seguridad deben hacerse desde Cataluña, entre instituciones, ciudadanía y sociedad civil organizada, y no desde Bruselas, donde permanece Puigdemont. La CUP también considera que el proceso debe materializarse en Cataluña si se desea que sea “participativo”.
Los independentistas deberán llegar a un acuerdo, en lo posible, antes de la sesión del Parlamento de mañana, en la que está prevista la convocatoria a la investidura. Allí, y vinculado con el acuerdo de investidura, Junts per Catalunya también prevé presentar una propuesta de resolución parlamentaria con el fin de reconocer la legitimidad de Puigdemont.
En caso de que el Parlamento catalán lo designe candidato a presidente, Sànchez solicitará su inmediata puesta en libertad al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, a cargo de la investigación sobre el proceso independentista, para poder acudir a su propia investidura. Si el magistrado no autoriza la excarcelación, Sànchez pedirá a Llarena que aclare cómo puede ser investido y solicitará ejercer la presidencia de la Generalitat desde la prisión en la que se encuentra, en Madrid, aseguró su defensa.
Esta última alternativa parece ser la más probable, si se tiene en cuenta que durante la campaña electoral de diciembre Llarena denegó la salida de prisión de Sànchez para participar en los actos como número dos de la lista de Puigdemont por el riesgo de “reiteración delictiva”.
Para el gobierno de España, la decisión de investir a Sànchez demostraría “poca voluntad de facilitar las cosas” y “una voluntad de seguir con la tensión”, dijo ayer el delegado gubernamental en Cataluña, Enric Millo, a la radio RAC1. El funcionario aconsejó al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que haga “su trabajo, cosa que no ha hecho hasta ahora” y proponga “un candidato que pueda ser investido”. Sólo de esa manera, aclaró, Cataluña podrá volver a la “normalidad”. Con esta declaración dio a entender que, a no ser que el candidato tenga el visto bueno de Madrid, el artículo 155 de la Constitución seguirá vigente.