Ayer de noche el informativo de TNU dio a conocer –y luego fue confirmado por la diaria– que Ricardo Perciballe, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pidió el procesamiento de ocho oficiales retirados por delitos de tortura a cerca de una treintena de detenidos por la dictadura que fueron recluidos en el centro clandestino conocido como “300 Carlos”, que funcionó entre 1975 y 1977 y estaba ubicado dentro del cuartel del entonces Batallón de Infantería Blindado Nº 13 (Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle). Los oficiales retirados son Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas. Los tres últimos ya habían sido condenados por diversos delitos de terrorismo de Estado. En el caso del coronel retirado Ramas, que cumple prisión domiciliaria en Piriápolis, en setiembre de 2017 la jueza penal de 2º Turno Marcela Vargas realizó una audiencia en la casa del ex militar por la causa del “300 Carlos”, pero el acusado se amparó en el derecho a no declarar. Antes se había excusado de ir a la sede judicial por razones de salud, pero el colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis denunció que Ramas había sido visto paseando por la rambla del balneario, violando la prisión domiciliaria.
Perciballe confirmó a la diaria que si bien los hechos denunciados son torturas, la tipificación es privación de libertad y abuso de autoridad, ya que eran las figuras delictivas que existían en ese momento. Además, como suele suceder cuando se pide un procesamiento, el fiscal pidió cierre de fronteras para los ex militares que están libres.
Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, señaló a la diaria que seguramente esta decisión de Perciballe está enmarcada en una causa del “300 Carlos” que esta red de organizaciones presentó y en la que había 45 pedidos de procesamiento pendientes.