A pocos días de las elecciones nacionales, se ha intensificado la actividad política; en la televisión, la radio y las calles, se repiten una y otra vez los jingles y propagandas de los partidos políticos. También se repiten los discursos. Como en cada elección, seguridad, trabajo, economía y educación están en el centro de la agenda y los candidatos se esfuerzan por dejar claras sus propuestas en esas áreas. Pero hay otros temas que, aunque lograron plantarse con mayor firmeza en esta elección, poco se han visibilizado en la campaña. Las iniciativas programáticas en materia de discapacidad están entre esos aspectos, pero existen en los programas de los 11 partidos políticos que irán a las urnas el 26 de octubre. ¿Qué proponen sobre el tema los partidos políticos con mayor porcentaje en las encuestas de intención de voto?
Frente Amplio: Prioridad programática y Política Pública en discapacidad
El Frente Amplio (FA) definió la temática de la discapacidad como una prioridad en su programa de gobierno y, además, considera “indispensable” la institucionalización de “una Política Pública en Discapacidad”. “Es el compromiso, la certeza de que se va a tomar en agenda y trabajar para el desarrollo humano de calidad”, sostuvo, en diálogo con la diaria, la vocera del equipo de Desarrollo Humano de la fórmula oficialista, Rossanna González. La asesora destacó que la construcción de las políticas públicas en discapacidad fueron elaboradas con personas en esa situación a través del Comité Funcional de Discapacidad, donde también participan familiares y expertos en el tema. “Desde Desarrollo Humano queremos seguir avanzando en reconocer derechos y en la mejora de la calidad de vida de colectivos que están históricamente postergados”, sostuvo González y, en ese sentido, la apuesta principalmente se vincula a “educación inclusiva, trabajo y a la ampliación del Sistema Nacional de Cuidados [SNC]”.
En educación, el objetivo es “no dejar a ningún niño al margen por una discapacidad”, manifestó González. Comentó que, en concreto, impulsarán el seguimiento de las trayectorias educativas, “trabajar en la trayectoria de los docentes” y “buscar la orientación vocacional de las personas en situación de discapacidad y dónde pueden tener las mayores habilidades para desarrollarlas”. En trabajo, proponen “cumplir cabalmente la disposición del cupo del 4% de las vacantes del Estado” para personas con discapacidad —dispuesto en la Ley 18.651 de Protección Integral para Personas con Discapacidad— y “aprobar y poner en funcionamiento el proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado”, dice el programa. Asociada a estas áreas, la asesora señaló que está “la ampliación de espacios colectivos y comunitarios de atención e integración social porque la mayor discapacidad, en muchos casos, es social y hay una discriminación bien grande”. “La sociedad toda debe tener un proceso de sensibilización y compartir otras realidades para lograr la integración”, enfatizó la politóloga.
La propuesta de ampliación del SNC implica “revisar” el rol de los asistentes personales para que se “adecue al paradigma de vida independiente”, “incorporar al diseño curricular la atención de dependencia” y promover la “certificación única”.
Otras propuestas apuntan a “garantizar la información y acceso a los servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva”, y asegurar “el acceso a las órtesis, prótesis y ayudas técnicas” y “tecnológicas”. En vivienda, se impulsará el reglamento de la Ley 18.651 “de acuerdo a las normas de construcción de vivienda para que tengan condiciones de accesibilidad en todo el territorio nacional” y promover programas de acceso a vivienda para personas en situación de discapacidad. También plantean propuestas en turismo, acceso a la Justicia, el abordaje de la temática en medios de comunicación, cultura, deporte, y otras.
“Queremos lograr la accesibilidad universal”, resume González, por eso además de las políticas en diversas áreas, el programa del FA también incluye la dimensión de discapacidad en las políticas de género e infancia, a través de la inclusión del “principio de no discriminación por motivos de discapacidad” en el Código de la Niñez y Adolescencia, y abordar de manera específica las necesidades de las mujeres en situación de discapacidad en los parámetros de la Ley 19.580, de Violencia hacia las Mujeres basada en Género.
Partido Nacional: Secretaría Nacional y registro único
El Partido Nacional (PN) propone, en primer lugar, la creación de una Secretaría Nacional de Discapacidad “como manera de dar relevancia al tema” y varias modificaciones normativas e institucionales “con el fin de poner fin a situaciones injustas”. Por ejemplo, plantea la “efectiva implementación” del registro único de personas con discapacidad, creado por la Ley 18.651; un cambio de régimen en licencias laborales, que “contemple las necesidades de madres y padres que tienen hijos con discapacidad”, el fortalecimiento institucional del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social, del Programa Descentralizado de Capacitación e Inserción Laboral para Personas con Discapacidad (Procladis) del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y el acondicionamiento de los centros públicos de atención a personas con discapacidad.
En el área de la educación, el PN plantea generalizar “la figura del acompañante pedagógico en el aula”, utilizar la infraestructura educativa fuera del horario escolar “para el cumplimiento de otras formas de apoyo y terapia” y modificar las estructuras de centros educativos para asegurar la accesibilidad de todas las personas. El PN amplía la accesibilidad educativa a una “accesibilidad universal” a través de la generación de un “plan general de ciudades accesibles”, promover el turismo inclusivo, deporte en el espacio público, el uso del sistema braille en las bibliotecas nacionales públicas y privadas, desarrollo de programas de formación para personas en situación de discapacidad y asegurar “la accesibilidad de todos los sitios web de la Administración”, entre otras iniciativas.
“Una parte central de nuestro enfoque es apostar a la sociedad civil organizada”, establece el programa en el punto “Discapacidad y sociedad civil”, donde se plantea el fortalecimiento de la sociedad civil organizada como gestora de programas públicos. En ese sentido, se propone avanzar en un “plan global de formación de cuidadores” y la creación de “un programa de residencia asistida para personas con discapacidad que carezcan de apoyo familiar”. Además, proponen ampliar el desarrollo de la equinoterapia como “instrumento útil para la rehabilitación”.
Partido Colorado: Unidad estadística y servicio de información
“El nuestro es un proyecto humanista, y como tal, las personas que están en situación de vulnerabilidad son prioridad”, manifestó a la diaria la asesora en políticas sociales del Partido Colorado (PC), Carmen Sanguinetti. El programa del PC propone un cambio de “paradigma” en el abordaje de la discapacidad que deje atrás las ideas de “‘beneficencia’ y ‘rehabilitación’” sustituidas por un modelo social con el “foco puesto en el entorno y no en la persona con discapacidad en sí”.
Sanguinetti destacó que en la elaboración de las propuestas participaron personas en situación de discapacidad así como “padres de niños y jóvenes en situación de discapacidad”. “¿Quiénes son los expertos en las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país? Sin dudarlo, primero las personas que están en esa situación y sus cuidadores después”, expresó.
El PC promueve principalmente modificaciones reglamentarias y legislativas que incluyen la reglamentación “completa” de la Ley 18.651. En esta área, también promueven la creación de un “Certificado Único de Discapacidad con validez en todo el país”. Además, señalan cambios de políticas de Estado a partir de la creación de una “Unidad Estadística de Personas en situación de Discapacidad” y “evaluación de la cobertura geográfica del programa de Ayudas Excepcionales del BPS”.
El énfasis principal de la propuesta del PC está en la “educación inclusiva”, manifestó Sanguinetti.
“Entendemos que es aquí donde hay que poner el foco. Hay que trabajar en los centros educativos para que se transformen en centros educativos inclusivos que abracen genuinamente la diversidad” e impulsar que “los docentes incorporen los conceptos básicos relativos al DUA (Diseño Universal del Aprendizaje), que trabajen en red, que se apoyen a la hora de diseñar la clase contemplando la diversidad del alumnado”. También en esta línea, promueven otorgar el “estatuto imperativo al Protocolo de Inclusión de Personas con Discapacidad en Centros Educativos” y definir la educación inclusiva como “una política de Estado”. En el ámbito laboral, apuntan a “ajustar la oferta de capacitaciones para la inserción de personas con discapacidad” y asegurar la reserva de 4% de los cargos públicos para personas con discapacidad.
El PC también propone la creación de “un servicio telefónico gratuito que proporcionará información, orientación y con los cambios hará un seguimiento a quienes así lo deseen” y promoverán que las instituciones de salud cuenten con “profesionales especializados para certificar que la persona por nacer o nacida, tiene una discapacidad” y proporcionen “información fidedigna e imparcial sobre la misma”.
Cabildo Abierto: Programa de apoyo a padres y centros de estadía
“Mejorar el acceso a la salud, a la educación, combatir la discriminación, así como mejorar el acceso a la información de los derechos que tienen las personas con discapacidad, son nuestra prioridad”, establece el programa de Cabildo Abierto (CA) en su introducción a las propuestas en discapacidad. En total, son diez las propuestas específicas para las personas en situación de discapacidad y sus familias.
Algunas de ellas son: crear “programas de apoyo a padres” para abordar “complejidades que se les desarrollarán a lo largo de la vida junto a sus hijos y tengan herramientas para su abordaje”; “formar en discapacidad a los médicos y especialistas de la salud” y la “creación de centros diurnos y de larga estadía” para personas en situación de discapacidad intelectual y autismo que “no tengan autonomía” para abordar la “incertidumbre acerca del futuro de la persona”.
CA también plantea la difusión de campañas de sensibilidad para “combatir todas las formas de discriminación por motivos de discapacidad, incluyendo la discriminación resultante de la denegación de implementación de ajustes razonables”. “Establecer un Carné único de discapacidad” y tomar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la educación en todos los niveles, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”, y “actualizar” la Ley Nº 18.651. Asimismo, en el área de la educación se plantea la “educación inclusiva” a través del impulso de “la adaptación edilicia necesaria” e “incluir un plantel docente adecuado (maestros y docentes especializados en las distintas disciplinas) y técnicos especiales (Psicólogo, Psicomotricista, Psicopedagogo, Foniatra y Educador Social)”.
Partido Independiente: superación de estigma y creación del case manager
El Partido Independiente (PI), es el único de los citados que no tiene un apartado específico de políticas en discapacidad. Ignacio Porras, asesor en temas de salud mental y discapacidad del PI, explicó a la diaria que esto se debe a una “concepción ideológica” del partido. “No quisimos hacer un listado exhaustivo de todos los temas. El tema de la discapacidad es fundamental porque priorizamos la idea de desarrollo humano” que implica una “integración social global”. Porras sostuvo que las personas con discapacidad deben “tener la iniciativa” y ser “empoderados y escuchados” por el Estado para la gestión de las políticas sociales, y evitar que se desarrollen “desde la verticalidad”. “Cada situación implica que los colectivos que se nuclean en torno a esas dificultades y tienen los mismos tipos de barreras son los que tienen que tener la guía para el Estado”, agregó.
“Todo el programa es para personas con discapacidad”, señaló el asesor, de forma que las políticas destinadas a las personas en situación de discapacidad cruzan de forma transversal todos los capítulos del programa. Así está presente en la propuesta de promover una “educación inclusiva que reduzca las fuentes de desigualdades que obstaculizan los aprendizajes, y reconozca la singularidad de cada estudiante como punto de partida para descubrir, alimentar y consolidar su potencial de aprendizaje”; en salud está presente al plantear la “equidad” en el acceso a la salud y “universalizar” el Sistema Nacional de Salud; y en seguridad al proponer una policía de “cercanía” que estará “integrada al ámbito barrial, presta a auxiliar al prójimo, que revalorice el concepto de guardia civil”. También incluyen propuestas en cultura, deporte y espacio libre, en la propuesta de “democratizar las actividades deportivas y recreativas para impregnarlas de una mirada y de una ejecución que promueva la inclusión de todos los ciudadanos a los que se les dificulte la realización de actividades deportivas y recreativas, ya sea por razones físicas, intelectuales o socioculturales”.
De todas formas, no deja de haber medidas específicas para los diversos grupos en situación de discapacidad que las necesiten: “una persona que tiene un retraso mental, y a eso se le suma una esquizofrenia, necesita obviamente muchos más apoyos que debe brindar el Estado”. Algunas de las propuestas concretas que resaltó Porras son la “regularización de los acompañantes terapéuticos en el aula, sobre todo para niños con autismo y retraso mental, para facilitar su integración a la escuela”, y la creación de “case manager” o gestor de casos, que es más que un cuidador: se encarga de tramitar los apoyos a los que puede tener acceso una persona en situación de discapacidad en vivienda o terapia física y acompaña a las familias. En el campo laboral, señaló el asesor —además de normas que faciliten el acceso—, promoverán que la figura del case manager se incorpore para facilitar el intercambio con los empleadores y asegurar que las disposiciones laborales se cumplan sin segregar a la persona y darle tareas repetitivas.
Los esfuerzos principales, relató el asesor, están puestos en la “superación del estigma” y el “autoestigma” que las personas con discapacidad generan por la discriminación que reciben. Eso implica “reeducar en los valores” en el ámbito educativo, espacios públicos y la sociedad en general, pero lo más importante es “el contacto”. “En el contacto, la discapacidad pasa a ser algo secundario porque es una condición, la persona es mucho más. Tenemos que trabajar culturalmente en la integración para superar el estigma a través de la naturalización y el contacto”, manifestó Porras.