El cooperativismo organizado, que trabaja para consolidar y expandir su papel en la contribución a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), una agenda impulsada por Naciones Unidas desde 2015 como “una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás”, entiende que es necesario potenciar las políticas públicas hacia el sector.
Las cooperativas constituyen un ámbito de la economía caracterizado por sus fines y su modo de organización económica, política y social, más allá de los rubros de actividad particulares en los que se desarrollan.
En el marco del proceso electoral que se inició el 30 de junio, desde el cooperativismo se entiende que las siguientes medidas son necesarias para fortalecer al sector.
1. Comprensión global del cooperativismo y la economía social, y reconocimiento de su especificidad.
A pesar de los avances en términos de políticas públicas, se constata que desde el gobierno aún no existe una comprensión global sobre la necesidad de considerar las cooperativas y la economía social como un sector específico. Se aprueban decretos y leyes en general que no tienen en cuenta el impacto en el sector, como si este fuese similar a otros actores económicos del sistema, lo que genera desestímulos. Para cambiar esto se propone que la Comisión Especial de Cooperativismo pase a ser una comisión permanente de la Cámara de Diputados; que se constituya un equipo especializado en derecho cooperativo en la unidad técnica del Parlamento, y que cada ministerio cree una unidad y defina un responsable para el sector cooperativo.
2. Profundizar la responsabilidad en el diseño y gestión de la política pública.
Si bien se ha considerado muy positivo que las cooperativas hayan consolidado su participación en las decisiones de las políticas públicas a partir de su incoporación en distintos espacios institucionales, se propone que su representante pueda votar en la dirección del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), que se incluya un representante del cooperativismo en el Consejo Superior Tripartito y en el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología.
3. Políticas públicas coordinadas y presencia en gabinete ministerial.
Como el cooperativismo acciona en múltiples sectores de actividad económica y social, lo que supone un importante esfuerzo de coordinación de las políticas de estímulo y los mecanismos de contralor, se propone, para ser más efectivos, la creación de un Gabinete Sectorial de la Economía Social.
4. Profundización del acto cooperativo.
El acto cooperativo es un concepto central del cooperativismo. Sin embargo, aún ha sido difícil que se materialice su potencial como instrumento jurídico para los negocios cooperativos.
Tomando lo previsto en la Ley 18.407 se propone que el acto cooperativo entre las cooperativas y sus socias; entre cooperativas entre sí; y entre cooperativas y personas asociadas a terceras cooperativas asociadas pase a estar exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado. También se plantea que la distribución de los excedentes al final del ejercicio en cada cooperativa deben ser considerados actos cooperativos y no una fuente de renta, por lo que la cooperativas también deberían ser exoneradas del pago del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas.
5. Desarrollo cooperativo con perspectiva de género y de juventud.
Para promover el involucramiento y participación de más mujeres y de personas jóvenes, se propone avanzar sobre la cotitularidad de cónyuges asociados a cooperativas, especialmente en los casos de vivienda y agricultura familiar, y avanzar en la definición de mecanismos que garanticen una mayor participación de mujeres y jóvenes en los espacios de conducción de las cooperativas, a todo nivel.
6. Identificación de tendencias para la promoción cooperativa.
Para potenciar la expansión de la actividad cooperativa se propone consolidar y ampliar el apoyo al desarrollo de instrumentos financieros propios e incluir una agenda particular del sector en las exportaciones del país, incorporando estímulos específicos en el marco de la ley de inversiones.
7. Intercooperación y compras públicas.
Se propone fomentar las experiencias de intercooperación, tanto a nivel nacional como internacional, así como las compras públicas, para estimular el desarrollo del sector. Además, se plantea generar las condiciones que permitan potenciar las experiencias de intercooperación, tales como el Sícoop, alentar las experiencias internacionales por medio de la exoneración específica de los actos cooperativos, y legislar para garantizar una porción del mercado de las compras públicas para las cooperativas.
8. Información pública del sector.
Se propone unificar los criterios y compartir los sistemas de información pública sobre las cooperativas, de manera de que no sea necesario repetir trámites, favoreciendo la construcción de estadísticas generales. Actualmente son varios los organismos públicos que controlan a las cooperativas y no comparten entre sí la información recabada.
9. Adecuación y simplificación del sistema de seguimiento y control.
El sistema de contralor de las cooperativas debe adecuarse a la realidad de las organizaciones que controla y evitar convertirse en un factor que restrinja su competitividad frente a otros formatos de empresa.