La discusión de una ley de financiación de los partidos políticos -para que se actualice la normativa actual de forma integral, ya que hoy coexisten regulaciones- viene desde 2017, cuando el entonces gobierno frenteamplista envió un proyecto de ley. El Senado le realizó cambios y se aprobó con consenso político, pero en Diputados no sucedió lo mismo y, cuando iba a ser aprobada sólo por la mayoría oficialista, Darío Pérez —autodefinido como diputado “rebelde”— no levantó la mano. Luego, volvió a tratarse en la última sesión de 2019, cuando se resolvió dejarlo para el próximo período y crear una comisión especial para trabajar el tema en 180 días.
Ese ámbito se conformó en julio y ya recibió a varias delegaciones, pero en virtud de que todavía hay comparecencias pendientes y que hubo un parate producto del análisis del presupuesto, la semana pasada se resolvió en el plenario de Diputados una prórroga de 180 días para tomar una resolución.
El presidente de la Comisión Especial con Fines Legislativos para Estudiar el Financiamiento de la Democracia, el nacionalista Juan Martín Rodríguez, explicó a la diaria que ya tuvo contactos con legisladores de la coalición y del Frente Amplio para adelantar el comienzo de las sesiones en 2021. La idea es comenzar a trabajar en la primera o segunda semana de febrero, es decir, antes de que culmine el receso parlamentario, en marzo.
“La intención es terminar de recibir a las delegaciones que fijamos, que son una veintena”, en las primeras sesiones del año próximo, para luego “ponernos a trabajar en el texto del proyecto”, señaló.
Rodríguez dijo que habrá “varios artículos o enunciados” del proyecto original del gobierno anterior “que serán contemplados eventualmente” en el nuevo texto, porque del debate parlamentario durante el período pasado surge que “en la enorme mayoría de las normas había acuerdo”. ¿Dónde no lo hay? En los límites para la donación de empresas, la posibilidad o no de recibir donaciones anónimas (y hasta qué monto), y la forma de regulación y control de la publicidad de los partidos políticos.
Hoy día en Uruguay existe un régimen de financiación mixto, ya que se permiten aportes privados y el Estado paga a los partidos en función de los votos que obtienen. Sobre esto último, Rodríguez comentó que la comisión tuvo un contacto vía Zoom con el responsable del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, país que politólogos consultados habían mencionado que tiene una legislación de avanzada: “Ellos no pagan por voto sino que hay rubros de gastos preestablecidos [para los partidos políticos] en función de valores de mercado”.
El diputado blanco sostuvo que este método “puede llegar a ser válido, porque si se busca darles trazabilidad a los fondos públicos en cuanto a la financiación, aquí directamente se hace que el dinero no pase por los partidos políticos”. Aclaró que puede haber “cosas no aplicables a Uruguay” de la legislación de otros países, pero “lo mínimo es considerarlas” a la hora de tomar una decisión.
Respecto de la publicidad, Rodríguez señaló que la coalición no comparte lo establecido en el proyecto que impulsó el Frente Amplio, que dejaba en manos de la Corte Electoral la asignación de espacios en televisión, radio y prensa escrita. A su entender, la Corte debe centrarse en “controlar si al partido que contrató publicidad con determinado medio se le aplicó la misma tarifa y condiciones que a otro partido”. Sobre lo que sí hay acuerdo entre oficialismo y oposición es que haya “una cantidad de minutos gratis en televisión y radio” para que los partidos puedan exponer sus ideas a la ciudadanía en la campaña electoral.