La Fiscalía aguarda varias pericias, entre ellas una de UTE, para definir de quién es la responsabilidad en la muerte de un adolescente de 15 años el sábado, que falleció electrocutado por una cerca eléctrica en la localidad de Paso de Ramos, Soriano.
A los indagados, el propietario del campo y uno de sus empleados, se les estableció la medida de “fijar domicilio y no salir del país” mientras la investigación transcurre.
El dueño del predio, de 71 años, declaró a la fiscal Ana Martínez que utiliza un “sistema de pastoreo” que no da una descarga continua de electricidad. Según dijo, el día de los hechos él se había ido antes y le había encargado a uno de sus empleados que conectara el sistema, pero este habría realizado la conexión directamente a la corriente. Esta versión coincide con la primera que había dado el sábado, pero no con la que hizo ante autoridades policiales.
“Hay un sistema de pastoreo en el interior del país, pero es para evitar que el animal traspase los campos, en principio no está previsto para enchufarlo a la corriente”, explicaron fuentes de la Fiscalía. El director general de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior (MI), Juan Rodríguez, había dicho a la diaria que “no cualquiera” puede establecer la conexión eléctrica, sino solo las empresas autorizadas por el MI.
El empleado, por su parte, ratificó la versión del dueño del lugar. Aún así, se esperan los resultados de las pericias para que Martínez decida si se imputará a uno de ellos, a ambos o a ninguno. Ninguno de los dos fue detenido porque “el caso no fue en flagrancia”, explicaron desde la Fiscalía.
Sobre la presencia del adolescente en el predio, aún no están claras las circunstancias; si quería ingresar para hurtar, por otras razones o si simplemente pasaba por allí. Lo que sí se sabe es que el joven vivía a cuatro kilómetros del sitio.
En un primer momento, el propietario había declarado que el campo posee pastores eléctricos con el fin de resguardar 300 bolsas de papas y 100 semillas –de las que aclaró que cada una vale 33 dólares– y, también, para “proteger” a los animales que están en la propiedad.
Rodríguez había afirmado el lunes a la diaria que en casos de denuncia por colocación de electricidad, los técnicos de la dirección realizan una inspección y tratan de localizar al que hizo la instalación o a la empresa, que es común que pierda la habilitación.
En Uruguay la regulación de instalación y venta de los elementos de seguridad energizados están dispuestas en el Decreto 537, de 2008. Entre otras disposiciones, el Registro Nacional de Empresas de Seguridad y Afines exige que las empresas “recurran a organismos de certificación con presencia en el país”, para asegurar que “el elemento presentado para su homologación es inocuo para la salud humana o animal”.
El domingo, el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, dijo que la muerte del joven es consecuencia de la falta de protección que el Estado brinda a los productores. “Ante la falta de protección del Estado, la gente está recurriendo a defenderse por sí sola”, dijo en declaraciones recogidas por El País.