El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas (CNTE) fue creado a través de la Ley 19.643 de 2018. Es el ente rector en la materia y tiene como cometidos diseñar y aprobar la política pública y el plan nacional de trata. Además, se encarga de velar por la eficaz persecución de tratantes y explotadores, y la debida protección, atención y reparación de las víctimas. Está integrado por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa, Trabajo y Seguridad Social y Salud Pública. También están representados la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil de reconocida actuación en la materia. Lo preside el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
En particular, le corresponde desarrollar acciones de prevención y desestímulo de este delito en sectores claves, así como en zonas o localidades en las que se detecte mayor incidencia de la problemática. También le compete aprobar los estándares de actuación, protocolos y modelos de intervención para la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas. A su vez, tiene que proponer acciones para la capacitación y especialización del funcionariado y operadores que trabajan en la prevención, detección, persecución y penalización de la trata y de la explotación de personas, así como para la atención y la protección de las víctimas, testigos y familiares.
El consejo debe crear y fortalecer servicios y programas orientados a brindar asistencia directa a las personas víctimas, además de promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a prevenir y erradicar la trata.
En tanto medidas preventivas, debe proponer acciones para concientizar a la población en general sobre la trata y explotación de personas, y fomentar investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento de la temática.
Recientemente se aprobó el segundo Plan Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, que define siete prioridades de trabajo para todos los organismos del Estado que lo conforman. Se trata de avanzar, ampliar, fortalecer, profundizar, promover, impulsar y mejorar la implementación de la ley. De las acciones valoradas en el plan, las dos primeras hacen referencia a la necesidad de ampliar las capacidades intra e interinstitucionales para la detección, denuncia y asistencia de posibles situaciones de trata y explotación de personas. La reglamentación de la Ley 19.643 y la implementación de la guía de acción interinstitucional para situaciones de trata y explotación en Uruguay serán los ejes sobre los que se trabajará para una mejor estrategia de sensibilización y capacitación en la detección e identificación de posibles situaciones de trata o explotación de personas. Los territorios fronterizos y zonas céntricas del país se identifican priorizados.
El sistema de respuesta a la violencia basada en género de Inmujeres actualmente cuenta con cuatro servicios de atención (Montevideo, Cerro Largo, Rocha y Paysandú) que contemplan criterios regionales. De acuerdo con lo expuesto públicamente por la institucionalidad rectora, y considerando los resultados estadísticos que delatan aumento en las víctimas a nivel nacional, creemos que existen desafíos significativos en la mejora del sistema.
La descentralización de los servicios se fortalece con la presencia institucional fuera de Montevideo y en zonas especialmente estratégicas como fronteras secas y departamentos como Maldonado, Río Negro y Colonia, hoy desestimados. Donde hay agroindustrias importantes como las pasteras y actividad portuaria con alta dinámica de transporte de carga y pasajeros, la presencia del Estado no puede resignarse por temas presupuestales ni de asignación de recursos. Incrementar el presupuesto destinado a la respuesta integral posibilitará ampliar la cobertura de los servicios, fortalecer los equipos técnicos y financiar intervenciones de emergencia, además de mejorar la infraestructura y logística de la atención, entre otros.
Es necesario crear un espacio permanente e interinstitucional para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas sobre trata de personas. La generación de evidencia, investigación y evaluación sostenida de las acciones desarrolladas es imprescindible para visibilizar la realidad de la trata en el Uruguay.
Para concientizar a la población en general sobre la trata y explotación de personas es fundamental que los transportistas terrestres tengan la obligación de participar en cursos de capacitación sobre la trata de personas y delitos conexos (cuando gestionan las libretas de conducir). Esta capacitación es clave para que los transportistas puedan identificar posibles situaciones de trata y actuar de manera responsable, legal, ética y humana. A nivel de las redes sociales, la complejidad es otra y el abordaje requiere de herramientas más sofisticadas.
Como sociedad comprometida, las oportunidades que tenemos en el combate de la trata hacen referencia al desarrollo de programas de restitución de derechos y autonomías.
Es necesario crear un espacio permanente e interinstitucional para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas sobre trata de personas. La generación de evidencia, investigación y evaluación sostenida de las acciones desarrolladas es imprescindible para visibilizar la realidad de la trata en el Uruguay. La participación de sobrevivientes (cuando sea posible) en dicho ámbito garantiza la incorporación de un enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género.
El fortalecimiento de las condiciones de protección y restitución de derechos de las víctimas requiere garantizar el acceso a viviendas y dispositivos de alojamiento seguro y de mediano plazo. La disponibilidad de servicios especializados de salud mental y también programas de inserción laboral y bolsas de trabajo que favorezcan la autonomía económica son parte de las acciones para atenuar el daño causado por las diversas formas de violencia. Asegurar la cobertura integral de necesidades básicas (alimentación, vestimenta, transporte, documentación y medicamentos) y mecanismos de realojo como el acompañamiento durante los procesos de egreso y reintegración social, propenderá a reducir el riesgo de retratificación y de revictimización.
Aún falta mucho por avanzar, se necesita un 0800 7272 fortalecido y en acuerdo con la Fiscalía. Por ahora, se trata de una primera escucha ante situaciones de trata. Para jerarquizar las políticas públicas, de manera sustantiva, debemos destinarles recursos. Los recursos para financiar la implementación integral de la Ley 19.643 no deben depender, exclusivamente, de organismos externos al presupuesto nacional.
Andrea Maddalena es magíster en Género, Cambio Climático y Desastres.