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Paysandú Sociedad
Espacio Gobbi, el 6 de octubre, en Paysandú. Foto: Mides

Espacio Gobbi, el 6 de octubre, en Paysandú. Foto: Mides

“Plan nacional de prevención y combate a la trata y explotación de personas”: un proceso que incorpora consultas en el territorio

La explotación laboral, la captación mediante redes sociales y el engaño a través de ofertas de empleo fraudulentas forman parte de una realidad que las instituciones buscan identificar y combatir con herramientas más eficaces.

Paysandú fue sede de la primera de seis instancias regionales previstas para construir el tercer “Plan nacional de prevención y combate a la trata y explotación de personas”, un proceso que por primera vez incorpora consultas en el territorio.

Leticia Lázaro, del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas y también integrante del Instituto Nacional de Mujeres (del Ministerio de Desarrollo Social, Mides) y Agustina de León, de la Organización Internacional para las Migraciones, participaron en Paysandú de la primera instancia territorial de consulta para elaborar el tercer Plan Nacional. Advirtieron, en diálogo con la diaria, sobre nuevas modalidades de captación, el uso de redes sociales y las falsas ofertas laborales, y destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones.

La trata de personas adopta modalidades cada vez más diversas y no se limita a la explotación sexual. La explotación laboral, la captación mediante redes sociales y el engaño por medio de ofertas de empleo fraudulentas forman parte de una realidad que las instituciones buscan identificar y combatir con herramientas más eficaces.

La actividad se desarrolló en el Espacio Gobbi y reunió a representantes de instituciones públicas y operadores sociales vinculados a la detección, prevención y atención de posibles situaciones de trata. La instancia correspondió a la región del litoral norte, integrada por Paysandú, Salto y Artigas.

Lázaro explicó que la jornada marcó el comienzo de un proceso de consulta que continuará en otras cinco instancias regionales. El objetivo es recoger experiencias, identificar dificultades y construir acciones para el tercer Plan Nacional. En la convocatoria participaron representantes territoriales de organismos que integran el Consejo Nacional, entre ellos el Mides, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), además de operadores sociales que pueden intervenir en la detección o el abordaje de estas situaciones.

La evaluación inicial fue positiva. Según Lázaro, la jornada tuvo una participación activa y permitió poner sobre la mesa una necesidad compartida: mejorar la articulación entre los distintos actores que intervienen ante posibles casos de trata. “No solo es importante saber lo que hace uno, sino también lo que hace el otro”, planteó, al señalar que la coordinación permite evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar la respuesta institucional.

La referente advirtió que, en ocasiones, el trabajo conjunto se construye de manera demasiado artesanal, a partir de los contactos personales entre funcionarios o equipos. Por eso, uno de los desafíos es avanzar hacia mecanismos de coordinación más definidos y protocolizados, que permitan actuar con mayor claridad ante situaciones complejas.

Un antecedente cercano: 51 víctimas de explotación laboral

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la presentación de la experiencia de trabajo interinstitucional desarrollada en torno a un caso detectado en diciembre del año pasado en un establecimiento rural ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú. En ese operativo, realizado el 9 de diciembre, se identificó a 51 víctimas de explotación laboral, ciudadanos peruanos y argentinos. Dimensionando ese caso, permitió analizar tanto las tareas previas de coordinación para concretar el procedimiento como las respuestas posteriores de los organismos involucrados.

Lázaro señaló que fue necesario articular acciones con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Fiscalía, además de coordinar la intervención del Mides y el INAU. Entre las víctimas había un adolescente, lo que hizo necesaria la participación de los organismos competentes en la protección de niños y adolescentes.

La composición del grupo también aportó un elemento relevante para el análisis: de acuerdo con lo expuesto en la jornada, 51 de las 52 personas consideradas en el caso eran varones. La cifra fue mencionada al abordar el perfil de las víctimas y las modalidades de explotación que comienzan a tener mayor visibilidad.

Históricamente, buena parte de la atención pública sobre la trata de personas se concentró en la explotación sexual y en las mujeres como principales víctimas. Sin embargo, las referentes advirtieron que esa mirada debe ampliarse para identificar otras formas de explotación, en particular la laboral, que puede afectar a varones jóvenes y trabajadores migrantes.

Esto no significa que la explotación sexual haya desaparecido, sino que las instituciones están aprendiendo a reconocer otras situaciones que también requieren prevención, investigación y asistencia.

La frontera y la movilidad humana

De León explicó que la Organización Internacional para las Migraciones, organismo de Naciones Unidas, acompaña el proceso de elaboración del nuevo plan mediante un proyecto de apoyo al Consejo Nacional. Desde la perspectiva de la OIM, la trata de personas debe analizarse en el marco de la movilidad humana, tanto en los desplazamientos internacionales como en los movimientos dentro del propio país.

“Los casos ocurren en el territorio y todos los territorios son distintos”, señaló. Las características de una zona fronteriza, un área rural o un centro urbano pueden plantear desafíos diferentes para detectar situaciones de explotación y brindar asistencia a las víctimas. La cercanía con la frontera resulta un factor relevante para el trabajo en el litoral, pero no constituye la única dimensión que debe considerarse. Las situaciones de trata pueden producirse en distintos ámbitos y afectar a personas con perfiles diversos.

Las referentes también insistieron en que la vulnerabilidad socioeconómica puede facilitar la captación, aunque no es una condición indispensable para convertirse en víctima. La falta de redes familiares, las dificultades económicas, el desconocimiento del lugar de destino y la ausencia de información sobre derechos y mecanismos de denuncia pueden aumentar los riesgos.

No obstante, Lázaro recordó que en otro caso investigado en Artigas, vinculado a una mina, las víctimas eran estudiantes universitarios y algunas tenían formación profesional. Según explicó, las personas habían atravesado incluso procesos de selección laboral con entrevistas y evaluaciones psicológicas.

El ejemplo muestra que las redes de captación pueden desarrollar mecanismos sofisticados para generar confianza y ofrecer oportunidades que parecen legítimas. La promesa de crecimiento profesional o de mejores ingresos también puede convertirse en una herramienta de engaño.

Redes sociales y falsas ofertas laborales

La captación por medio de internet es otra de las modalidades que preocupa a las instituciones. De León advirtió que las redes sociales pueden ser utilizadas para contactar a posibles víctimas mediante propuestas laborales fraudulentas.

Facebook, Instagram y Tiktok son algunas de las plataformas por medio de las cuales pueden circular ofertas engañosas. En determinados casos, las personas aceptan una propuesta, se trasladan al lugar indicado y recién entonces descubren que las condiciones reales son muy diferentes de las prometidas.

La situación puede agravarse cuando la víctima se encuentra en otro país, desconoce sus derechos, no sabe si su documentación migratoria está en regla o no conoce los canales a los que puede recurrir para pedir ayuda.

De León aclaró que la migración no debe asociarse automáticamente con la trata. Migrar es un derecho y miles de personas desarrollan sus proyectos de vida y trabajan en condiciones adecuadas en los países de destino. El problema aparece cuando la movilidad se combina con engaños, explotación y dificultades para salir de esa situación.

La captación puede producirse antes de abandonar el país de origen o durante el recorrido migratorio, cuando las personas quedan expuestas a nuevas condiciones de vulnerabilidad. Las víctimas tampoco son exclusivamente extranjeras. Las referentes señalaron que se están haciendo visibles situaciones que involucran a ciudadanos uruguayos captados para realizar actividades delictivas, incluido el ciberdelito, en centros de llamadas de Asia. También mencionaron casos de personas engañadas con ofertas de tareas administrativas o de cocina que, al llegar al destino, terminan destinadas a zonas de conflicto armado.

Según explicaron, ya se han registrado situaciones que requirieron la repatriación de uruguayos.

Cómo reconocer una oferta sospechosa

Ante la consulta sobre cómo distinguir una propuesta laboral legítima de una posible maniobra de captación, las entrevistadas reconocieron que no siempre resulta sencillo. Las organizaciones pueden presentarse de forma convincente, utilizar canales de comunicación habituales e incluso desarrollar procesos de selección que aparentan ser profesionales.

La utilización de herramientas de inteligencia artificial también plantea nuevos desafíos, porque puede contribuir a perfeccionar los mecanismos de engaño. Por eso, recomendaron verificar la información antes de aceptar una oferta, especialmente cuando implica viajar al exterior. Entre las precauciones mencionaron comprobar si la empresa existe y está registrada, investigar las condiciones del puesto, consultar el salario ofrecido y contrastarlo con los valores habituales del país de destino.

Las propuestas que prometen remuneraciones extraordinariamente altas, cubren todos los gastos de traslado o no exigen requisitos que normalmente serían necesarios para el puesto merecen especial atención. También puede resultar sospechoso que no se solicite documentación o que se ofrezca un empleo sin exigir conocimientos básicos del idioma del país al que se viajará.

De León destacó la importancia de recurrir a los organismos competentes, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores y las dependencias públicas que puedan verificar la información. En algunos casos, las consultas previas permitieron detectar ofertas fraudulentas y alertar a quienes estaban considerando aceptarlas.

No existe, sin embargo, un único indicador que permita confirmar por sí solo una situación de trata. Las señales deben evaluarse en conjunto y de acuerdo con las características de cada caso.