Pablo da Silveira, designado por el presidente electo como futuro ministro de Educación y Cultura, estuvo este miércoles en la sede del sector Todos, donde el futuro gobierno se prepara para la asunción. En rueda de prensa, Da Silveira se refirió al caso que involucra a su pareja, Maya Cikurel, que cumple actualmente prisión domiciliaria a la espera de un pedido de extradición de la Fiscalía de Panamá, que la acusa de ser beneficiaria de una de las sociedades anónimas por las que Odebrecht pagó sobornos al ex presidente de ese país, Ricardo Martinelli.
Lo primero que dijo fue que no hará declaraciones públicas al respecto. “Pero voy a explicar porqué: dado el lugar que ocupo, cualquier cosa que diga puede ser interpretada como un intento de influencia sobre la Justicia, y nada está más lejos de mi intención. Respeto el Estado de derecho y la división de poderes, respeto la Justicia independiente, toda mi vida lo hice y lo último que haría en mi vida es tratar de influir, interferir o de algún modo molestar en el funcionamiento de la Justicia. Lo mejor que puedo hacer en este momento es no decir nada, no dar lugar a ninguna interpretación de ese tipo y dejar que los hechos sigan su curso”, aseguró.
Consultado sobre si cree en la inocencia de Cikurel, el futuro ministro reiteró que “si fuera un ciudadano anónimo” podría responder esa pregunta, pero como “estoy a punto de asumir un Ministerio, no puedo hacerlo”.
Sí opinó sobre quienes afirman que no está en condiciones de asumir en el Ministerio de Educación y Cultura, por la participación que tiene esa secretaría en el proceso de extradición de personas a Panamá. Les pidió “que estudien bien el tema” y aseguró que el MEC “simplemente es una ventanilla por la que pasa el trámite”. “El ministro ni ve el expediente, no pasa por su oficina, no tiene capacidad de influir en eso. Pero aun así, estamos hablando de hipótesis sobre hipótesis. Estamos hablando sobre la hipótesis de que llegue un pedido de extradición, que no ha llegado”, marcó.
En tanto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, explicó en una misma línea que el pedido de extradición ingresa por una dependencia del MEC, la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, pero “es un trámite estrictamente formal, y, si las cosas funcionaran como debe funcionar, el ministro no debería siquiera enterarse, y es como funciona en realidad”. El jerarca ilustró: “Las autoridades máximas de los organismos en general no estamos al tanto del detalle específico de cuándo ingresó o no [el trámite]”.
Según dijo, la extradición “solamente la puede resolver un juez, y eventualmente, si se llega a esa instancia, la Suprema Corte de Justicia”. Además, agregó que “la Fiscalía interviene en ese proceso” y lo hace “generalmente en defensa de los intereses del Estado requiriente”.