Este miércoles 8 de julio se cumplieron diez años de la mayor tragedia carcelaria de la historia uruguaya. En el incendio de la ex cárcel departamental de Rocha murieron 12 personas. Ocho pudieron salir a tiempo. No se encontraron responsabilidades penales y el delito prescribe. Las familias siguen exigiendo justicia y reclaman por las demoras que hubo, que hicieron que sus hijos mueran calcinados. El edificio fue vaciado porque se comprobó lo obvio: no estaba apto para ser una cárcel.
Como cada 8 de julio, las familias se concentraron en el lugar para fortalecer la memoria y el pedido de justicia. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, participó de la actividad. “Acompañamos a los familiares y allegados de las personas que murieron en el incendio de la cárcel de Rocha hace diez años. Fueron 12 personas. Un episodio de una magnitud enorme. Algo que no debería haber ocurrido”, explicó a la diaria.
“Desde la Oficina del comisionado parlamentario ya se había planteado el riesgo de que esta situación ocurra antes de que ocurriera. Se siguió trabajando luego de que ocurra. Conversamos con los familiares, más allá de las acciones judiciales que ellos han entablado y están en curso”, repasó. Contó que es “una acción civil y penal que lleva casi diez años”.
Considera que el que quedó en Rocha debe ser un espacio para la memoria. “Hoy es un predio que está sin uso, con la cárcel vacía, hay que resguardar algún lugar para que este sea un espacio de memoria”. Comentó que hace dos años lo hablaron con la Intendencia de Rocha. “Quedaron varias ideas planteadas. Cuando asuman las nuevas autoridades municipales, con una gestión por delante, es una oportunidad para retomar eso”. También dijo que hay que incluir a otras organizaciones, “como la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo”, entre otras. “Hay que buscar una manera de que esto que pasó tenga un espacio de memoria y que sea una señal de compromiso por los derechos humanos y por la política pública para las personas privadas de libertad”.
“Es una manera de acompañar a los familiares y también de expresar que la memoria es fundamental en el trabajo por los derechos humanos. No como una manera de quedarse en el pasado, pasar factura y mirar hacia atrás, sino como una plataforma para el futuro, para el trabajo de hoy, y una señal de que el trabajo en derechos humanos no tiene descanso. Siempre hay materias pendientes, siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas que no vemos, cosas pendientes graves e importantes que deben cubrirse con políticas públicas. Esta es una”, concluyó.
El dolor de una familia
Mariela Sosa es la mamá de Matías Barrios, que murió con 19 años. Matías estaba preso porque cuatro meses antes había entrado como visita tres porros en una bolsa de bizcochos.
“Estos años los vivimos mal. Es permanente: revives todos los días lo que pasó ese 8 de julio de 2010. Una va a trabajar, trata de ocupar la mente en todo lo que pueda para no estar pendiente, porque te levantas y te acuestas con lo que viviste. Desde que te avisan, desde esa llamada, cuando lo fui a reconocer, hasta que tu hijo se va en un cajón”, dijo a la diaria.
Dice que no pasa por la cárcel, ni por las cuatro calles que la circunvalan. “No voy porque me irrito, me enojo, me duele. Voy sólo los 8 de julio a cambiar las flores artificiales, que las detesto también. Pero hay que ponerlas, porque quiero que tenga color”.
Cuenta que su trabajo le sirve para distraerse. “Es una terapia. Eso me ocupa la cabeza y hace que me distraiga. Me levanto todas las mañanas, bajo una persiana de hierro y me dedico a lo que estoy haciendo”. Dice que “es complicado, porque si no tienes algo en qué distraerte o en qué ocupar la mente lo revivís todo el tiempo”. Se levanta cada día y revive todo. “Para poder seguir pienso en que tengo otros dos hijos: el grande y la del medio. Pero me falta el más chico. Entonces, cuando la gente te dice que tenés que pensar en tus otros dos hijos, yo les digo que tengo tres hijos”, agrega.
Familiares en el predio de la ex cárcel de Rocha.
Foto: Alejandra Nassi
Según ella, las familias han hecho “todo lo posible, todo lo habido y por haber”. Pero no hubo respuestas. “Las pruebas nunca fueron suficientes, los videos nunca fueron suficientes. Se han hecho peritajes y no han dado buenos resultados”, repasa. Personas privadas de libertad que estaban en la celda de enfrente compartieron un video filmado con un celular. “Se ve a personas que bajan y suben, pero como es de baja calidad no se pudo determinar quiénes son las personas que aparecen”, señala. Tampoco se pudo determinar ahí si es cierto lo que se dice: “que el llavero bajó y el cabo de guardia le quitó la llave y le dijo que la orden era que no se abriera”.
Según la mamá de Matías, “hay un entuerto en todo esto”. “Hay códigos carcelarios que hacen que se declare en bloque. Los tienen los presos y los tienen los policías. Todos declaran exactamente lo mismo. Todos. Como si todos estuvieran viéndolo desde el mismo lugar”, indica.
Cumplidos diez años, el delito prescribe. “Hice todo lo legalmente posible para hacerlo por la Justicia, que dicen que existe. Pero la justicia no existe; acá la balanza se inclina mal. ¿Por qué? Porque acá eran el Estado y la responsabilidad policial. Y como eran presos no importaban”, considera Mariela.
No sintió apoyo del sistema político. “A los políticos no les importó. El ministro del Interior de ese momento, que era Eduardo Bonomi, decía que si hubieran demorado tres minutos más no salía nadie, pero nunca dice que si hubieran demorado tres minutos menos podrían haber salido todos”, critica. Tampoco de las organizaciones sociales, que, según considera, “nunca estuvieron”.
Respecto al juicio civil, están yendo contra el Estado por daños y perjuicios. “El Estado los tiene que cuidar; no pueden salir, pero ahí tampoco se pueden morir. El Estado debe hacer que cumplan su pena y salgan. Mi hijo no salió”. El juicio está en proceso: “Se ha ido estirando, pasan años, cambian los jueces. Lo dilatan”.
El reclamo civil que están haciendo es por una indemnización por daños y perjuicios. Dice que “no les interesa”, pero que “hay que hacerlo”. Aunque el proceso ha sido duro: “Mi esposo y yo tuvimos que ir a Montevideo a hacer una pericia psicológica para ver si estamos afectados por la muerte de nuestro hijo. Para nosotros fue un manoseo, ¡como para no estar afectados!”.
Sienten, sobre todo, que “el Estado no apoyó para ver cómo fueron las cosas en realidad”; y que “este caso no se resolvió porque no se quiso y porque hubo presión del Ministerio del Interior para que eso no pase”.
Van a seguir adelante por la vía civil: “Tenemos algunas otras cosas para presentar. Nos vamos a seguir moviendo para que alguien pague por lo que pasó. No por el hecho, que sabemos que fue un accidente, pero sí la negación de no haber actuado en tiempo y forma. El Estado es responsable. El que es responsable directo de la situación en la que estaba esa cárcel, que no tenía ninguna habilitación, es el Ministerio del Interior. Alguien se tiene que responsabilizar de las 12 muertes”, concluye Mariela.
Mario Barrios, pareja de Mariela y papá de Matías, no había entrado a la cárcel desde que ocurrió la tragedia. En este décimo aniversario se animó a hacerlo. Recorrió el lugar y mostró a los medios cuáles podrían haber sido las vías de escape aquel día. “Este es el patio interior, al cual siempre dijimos que los podrían haber sacado a respirar. Sólo tenían que abrir esta puerta, sacar un candado y abrir. ¿Cuánto demoraban? Treinta segundos. Acá no se podían escapar por ningún lado”, mostró.
Mariela ya había entrado a lo que quedó de la cárcel, en particular a las ruinas del sector incendiado. “Cuando entré me llevé una ojota de mi hijo; la encontré entre los escombros”. Hay cosas que siguen ahí: trapos, cenizas; impunidad.